* El Relevo que Expuso al Régimen: FGR*
Académico, Analista Político y Consultor Media Training
La dimisión de Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General de la República (FGR), formalizada el 27 de noviembre y aceptada por el Senado días después, marca algo más que el relevo de una cabeza institucional: es el testimonio público de una tensión que venía incubándose entre la necesidad de resultados penales, la presión política y la urgencia del régimen por recuperar narrativa y control en materia de justicia. La fórmula fue efectiva: salida negociada, nombramiento de una persona de confianza —Ernestina Godoy— en un puesto clave de control y competencia, y el anuncio de que el Senado seguirá el cauce constitucional para elegir al titular definitivo. Pero hay que mirar más allá del gesto para entender qué significa esto para la Fiscalía, para el gobierno y para la ciudadanía.
“Haiga sido, como haiga sido” Gertz se va con una mochila pesada: una gestión larga, salpicada de controversias y de procesos emblemáticos que no cerraron o que, por su manejo, abonaron al escepticismo público. El caso de Alejandra Cuevas —que terminó con la intervención de la Suprema Corte y la exoneración— no es una anécdota familiar; es el símbolo de una Fiscalía que, bajo su conducción, fue acusada de personalizar persecuciones y de usar figuras jurídicas discutibles para sostener acusaciones que la justicia superior desarmó. Ese episodio desgastó la legitimidad institucional de la FGR y es parte del balance que explicaría la decisión política de dar vuelta a la hoja.
*Los antecedentes*
No fue solo Cuevas. Ayotzinapa volvió a asomar como recordatorio de asignaturas pendientes. Años de promesas, reaperturas y contradicciones dejaron a las víctimas y a la sociedad esperando respuestas que la Fiscalía no logró cristalizar en sentencias y verdades procesales plenas. La percepción de ineficacia se replicó en otros capítulos de alto nivel mediático: expedientes ligados a Odebrecht y a la gestión de Emilio Lozoya, resoluciones rápidas y controvertidas como la exoneración del general Salvador Cienfuegos, y expedientes vinculados a figuras cercanas al poder con los casos de la Barredora y el llamado Huachicol Fiscal que no han llegado a sanción y el más reciente en el que se hace testigo protegido al propietario de la franquicia de Miss Universo, Raúl Rocha Cantú relacionado con narcotráfico, Huachicol fiscal desde Guatemala y venta de armas a carteles. Esa acumulación ya no puede leerse únicamente como fallas técnicas; tiene un efecto y dirección políticos que erosiona y vulnera la narrativa del Estado como garante imparcial de la ley colocándolo en el epicentro del padecimiento más agudo de México: La Corrupción
En ese contexto se entiende por qué la elección de Ernestina Godoy como encargada del despacho no fue una sorpresa para quienes siguen la política del partido mayoritario. Godoy no es una técnica neutra ni una figura distante; es una operadora política proveniente del ala más dura del régimen con historial en la fiscalía de la Ciudad de México, en la Consejería Jurídica y en los engranajes de Morena. Su perfil es el del cuadro fiel: disciplinado, capaz de ejecutar instrucciones sin filtraciones y con experiencia en litigar políticamente casos de alto impacto en la capital. Esa confianza política es precisamente la razón por la que el Ejecutivo y su bloque legislativo optaron por ella como salida rápida y controlada ante un desgaste que podía ramificarse en un costo político mayor.
*De la autonomía a la subordinación*
La pregunta que surge con urgencia es doble y punzante: ¿será esta transición la plataforma para una Fiscalía más eficaz y coordinada, o será el paso hacia una institución aún más alineada con el proyecto de gobierno —con el riesgo de que la justicia se vuelva selectiva—? La respuesta dependerá de señales concretas: nombramientos, prioridades investigativas y reglas de transparencia. En sus primeras horas al frente, Godoy hizo movimientos de puestos en áreas clave como la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC) que muestran que la agenda será ejecutiva y rápida; aunque *rapidez no es sinónimo de independencia ni de justicia imparcial.*
La cercanía política de la nueva encargada puede funcionar como ventaja operativa: facilitar coordinación entre fiscalía y fuerzas de seguridad, acortar trámites y dar músculo a investigaciones complejas que requieren inteligencia interinstitucional. En un país donde los vacíos de información y la descoordinación han sido problemas crónicos, ese engrane podría traducirse en resultados medibles.
La otra cara es evidente: cuando la Fiscalía se percibe como subordinada, la justicia pierde su capacidad sancionadora frente a los cercanos al poder y se convierte en herramienta de disciplina política. Para la ciudadanía, el peor de los caminos sería aquel en que la estadística de detenciones crezca, pero las sentencias firmes no aparezcan, o aparezcan solo contra adversarios seleccionados.
*Condiciones estructurales, incentivos y antecedentes que alimentan la sospechas*
Hoy la oposición no nace solo del reflejo partidista, sino de una preocupación más profunda sobre cómo funciona el poder en México. En un país donde la impunidad se ha vuelto paisaje, donde las instituciones cargan con años de desgaste y donde los contrapesos suelen inclinarse hacia un solo lado, cualquier movimiento en la cúpula de la Fiscalía General se lee con suspicacia.
La salida de Alejandro Gertz y la llegada de Ernestina Godoy no parecen, para muchos, un simple relevo administrativo, sino un reacomodo en la arquitectura del poder y se observa como un mecanismo para administrar carpetas a conveniencia, blindar aliados y perseguir adversarios… lo que hoy gana el partido en el gobierno lo terminará pagando la ciudadanía.
La Corte y la oposición ya hicieron visible su desconfianza: no basta con un relevo de personas si no van acompañadas de protocolos que garanticen autonomía funcional, criterios públicos de priorización y mecanismos contundentes de transparencia. La experiencia de los últimos años demuestra que los instrumentos técnicos pueden ser desplazados por decisiones políticas si no hay contrapesos efectivos. Aquí, el papel del Senado será central: la ratificación de un fiscal con mayoría oficialista sería previsible, pero una designación sin innovaciones institucionales corre el riesgo de consolidar la captura. Por eso, más importante que la lista de nombres que se anuncien será el proceso y la disposición a blindar la institución frente a presiones.
Desde la perspectiva democrática, la salida de Gertz y la entrada de Godoy dibujan una línea de inflexión para Morena y para el equilibrio de poderes: el partido y el Ejecutivo muestran que, cuando la legitimidad se ve amenazada por escándalos y por la falta de resultados, están dispuestos a reordenar su tablero para priorizar control y coordinación. Eso puede ser inteligente desde la óptica gubernamental, pero peligrosa para la salud republicana si erosiona la autonomía de la justicia. La narrativa del “combate a la impunidad” —uno de los pilares de la legitimidad del movimiento— exige hechos: sentencias, cooperación internacional verificada, recuperación de bienes y procesos transparentes que no queden como shows mediáticos.
La sociedad debe exigir, primero, claridad: un calendario público de investigaciones prioritarias y actualización periódica de avances; segundo, profesionalización: inversión en fiscalías especializadas, capacitación y protección a personal técnico; tercero, mecanismos de evaluación independientes que permitan auditar la FGR sin convertir todo en guerra política. Y cuarto, cooperación internacional y judicial que aporte credibilidad cuando las investigaciones tocan redes transnacionales o figuras con recursos para litigar y obstruir. Si estas medidas no se ponen sobre la mesa, la alternancia de nombres terminará por ser cosmética.
La renuncia de Gertz y el ascenso de Godoy anuncian un movimiento que consolida una Fiscalía más sometida a la lógica del partido en el poder, la independencia de la Fiscalía no es una virtud abstracta: es la garantía última de que la ley no sea un instrumento de poder sino el marco que protege a los débiles y limita a los poderosos. Con esto perdido, el precio lo pagaremos todos, *y no habrá embajada que lo remedie.*
*fermendozanunez@hotmail.com*
Este análisis se elaboró con información de:
El País, La Jornada, Infobae, Sin Embargo, Reuters, AP News y Web en general.
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