Fuera de Foco/Silvia Núñez Hernández

* Los derechos humanos sometidos por delincuencia organizada

Ayer, sin previo aviso, sin fundamento jurídico, sin investigación y sin una sola diligencia real, la Comisión Estatal de Derechos Humanos intentó hacer lo impensable: cerrar dos quejas activas —una contra la CEAPP y otra contra la CEEAIV— y, al mismo tiempo, dar por “concluida” la Recomendación 06/2021, pese a que dicha Recomendación no ha sido cumplida en ningún punto esencial. No hubo reparación, no hubo medidas de no repetición, no hubo sanciones, no hubo verificación, no hubo seguimiento y no existe un solo acto que jurídicamente permita su cierre. Lo que quisieron hacer fue borrar, de un solo golpe, todas las rutas legales que documentan la violencia institucional cometida en mi contra desde 2019, utilizando maniobras administrativas que violan la Constitución, las leyes de víctimas y los tratados internacionales.

Ese triple intento —cerrar dos quejas vivas y extinguir una Recomendación vigente— no fue un error. Fue una operación. Y esa operación revela algo mucho más profundo que una simple incompetencia institucional: expone que la CEDH ya no actúa como garante, sino como pieza activa de una maquinaria de poder que responde a intereses externos, particularmente a la influencia vertical de Namiko Matzumoto Benítez, titular de la CEEAIV, cuyo control político sigue determinando decisiones dentro de la Comisión. La figura que hoy funge como presidenta encargada, Minerva Regina Pérez López, no opera con independencia ni con mandato constitucional; opera como ejecutora dócil y subordinada, siguiendo patrones que protegen a la CEEAIV, a la CEAPP y a quienes integran la red de poder que hoy domina el sistema de derechos humanos en Veracruz.

A partir de ese hecho —real, verificable y documentado— es necesario exponer cómo, por qué y bajo qué lógica las instituciones encargadas de proteger a las víctimas se han convertido en una estructura de delincuencia organizada de cuello blanco, instalada dentro del Estado mismo.

1. Una jerarquía paralela que somete a las instituciones a un mando político

La captura institucional comienza desde la CEEAIV, donde Namiko Matzumoto Benítez consolidó un control que rebasó su propio organismo y terminó configurando una estructura de sometimiento político que hoy domina a la CEDH. Minerva Regina Pérez López ha reproducido cada instrucción con fidelidad: no investiga, no protege, no analiza, no cumple con el artículo 102 B constitucional y firma resoluciones que suprimen derechos de víctimas para favorecer a las instituciones denunciadas. No hay autonomía ni ejercicio de criterios jurídicos propios; hay obediencia operativa.
La CEAPP, dirigida por su Presidente y su Secretario Ejecutivo, completa este sistema: cierra casos incómodos, minimiza denuncias, silencia agresiones y opera como un mecanismo de contención para periodistas, alineándose al mismo centro de control político.

2. La CEDH convertida en espacio de simulación, cierre fraudulento y encubrimiento institucional

La institución encargada de vigilar al Estado actúa hoy como su escudo. La CEDH fabrica archivos ilegales, simula investigaciones, distorsiona reglamentos, altera procedimientos, produce acuerdos sin sustento jurídico, niega diligencias esenciales y utiliza el lenguaje de los derechos humanos para legitimar prácticas contrarias a la Constitución. En esta operación participan tres funcionarias con roles definidos: Jacqueline Sánchez Jardines, Elba Elena González Fernández y Minerva Regina Pérez López.
Jacqueline produce los “archivos” sin investigación; Elba ejecuta cierres fraudulentos; Minerva legitima todo con su firma institucional. Son autoras materiales de actos que no solo contradicen la ley: la violan, la desfiguran y la convierten en arma contra la víctima. Sus decisiones constituyen prevaricación, abuso de autoridad, desviación de poder, manipulación procedimental y violencia institucional sistemática.

3. La CEEAIV: el filtro político que decide quién merece existir como víctima

La CEEAIV opera como un organismo que decide discrecionalmente qué víctimas serán reconocidas y cuáles serán destruidas jurídicamente. No repara el daño; lo encubre. No garantiza derechos; los niega. No acompaña; cancela. En mi caso, su omisión deliberada, su negativa de reconocimiento pleno, su falta de cumplimiento de medidas ordenadas y su intervención para debilitar toda ruta de verdad jurídica demuestran que su función real no es proteger, sino administrar políticamente qué víctimas pueden incomodar al poder y cuáles deben ser borradas del sistema.

4. La CEAPP: el brazo institucional que abandona periodistas para proteger al poder

La CEAPP ya no protege periodistas; protege al Estado. Su acción constante consiste en minimizar agresiones, retratar hostigamiento como “incidentes administrativos”, diluir violencias, retrasar expedientes, cerrar sin investigar, ocultar información y garantizar que ningún periodista violentado pueda exhibir la responsabilidad institucional. Su Presidente y su Secretario Ejecutivo forman parte del mismo patrón operativo y hoy resultan indispensables para el funcionamiento de la red: sin su silencio, la violencia contra periodistas sería evidente y políticamente costosa.

5. El patrón común: violencia institucional como estrategia de gobierno

Las tres instituciones comparten exactamente la misma lógica: cerrar expedientes sin investigación, negar acceso a la justicia, fabricar acuerdos sin fundamento, manipular facultades, borrar derechos vigentes, archivar sin diligencias, disfrazar decisiones políticas como “valoraciones técnicas”, obstaculizar procesos y proteger al agresor institucional. Esta coincidencia no es aleatoria: es un diseño. Un diseño que responde a un modelo de gobierno que la zacatecana —la autodenominada gobernadora de Veracruz— pretende consolidar: control total, silenciamiento de críticas, administración del miedo y neutralización de la prensa.

6. Un llamado urgente a la prensa de Veracruz

Hoy la CEAPP no solo no protege: agrede con su abandono. Y por ello llamo públicamente a todos los periodistas que han sido violentados, hostigados, intimidados, ignorados o abandonados por la CEAPP a presentar sus quejas ante la CEDH. La denuncia es una herramienta que, aunque hoy esté capturada, deja rastro, genera expediente, documenta patrones y obliga a exhibir la violencia institucional que este gobierno quiere ocultar. La zacatecana quiere control absoluto: controlar la CEDH, controlar la CEAPP, controlar la CEEAIV, controlar la narrativa y controlar al periodismo. No podemos permitirlo.

7. Exigencia final

Por la gravedad de lo ocurrido, por la operación concertada de cierre ilegal, por la manipulación deliberada de expedientes y por la violación directa de mis derechos como víctima reconocida, exijo públicamente la destitución inmediata de las tres autoras materiales dentro de la CEDH:
Jacqueline Sánchez Jardines,
Elba Elena González Fernández,
Minerva Regina Pérez López.

Sus actos no son administrativos: son criminales, contrarios a la Constitución, contrarios a la Ley de Víctimas, contrarios a los tratados internacionales y contrarios al deber legal que juraron cumplir.

Mientras estas funcionarias se mantengan en sus cargos, la CEDH no será un organismo garante: será un riesgo para todas las víctimas, para todas las mujeres y para cada periodista de Veracruz. Y por eso esta columna existe: para nombrar lo que quieren esconder y para exigir lo que la ley obliga.