* Soberanía desgastada y legitimidad en crisis
El Gobierno de Claudia Sheinbaum, está entrando en una etapa políticamente peligrosa, no solamente por la violencia, no únicamente por el avance del crimen organizado, ni siquiera por la presión creciente de Estados Unidos; el verdadero problema es más profundo ya que el país comienza a vivir una crisis simultánea de legitimidad, soberanía y credibilidad institucional.
Los casos recientes de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, son apenas síntomas visibles de algo mucho mayor, ambos casos son distintos en naturaleza, pero terminan conectándose en un mismo punto: la fragilidad del Estado mexicano frente a dos presiones paralelas.
Por un lado, la intervención y observación creciente de Estados Unidos y por otro, la sospecha cada vez más extendida de captura criminal de estructuras políticas nacionales.
Lo preocupante para el régimen es que, entre ambas fuerzas, el discurso de soberanía comienza a mostrar grietas que más tarde, pueden convertirse en fracturas.
La controversia sobre Chihuahua abrió una discusión delicada:
¿Puede una autoridad local permitir la participación de organismos extranjeros en tareas que constitucionalmente corresponden al Estado mexicano?
Sin duda, la respuesta jurídica puede debatirse, pero en el terreno político, el mensaje es devastador, nuestro gobierno se muestra incapaz de contener por sí mismo los niveles de violencia e inteligencia criminal, sin embargo, el problema se vuelve todavía más complejo cuando simultáneamente aparecen señalamientos Norteamericanos que apuntan hacia presuntos vínculos entre actores políticos y estructuras del narcotráfico.
La narrativa cambia completamente, porque entonces ya no es relevante preguntar, hasta dónde puede intervenir Estados Unidos, sino que lo importante, ahora es cuestionar sobre qué amenaza más la soberanía nacional, ¿La presencia de agencias extranjeras… o la captura criminal a instituciones mexicanas?
Durante décadas, el nacionalismo mexicano convirtió la soberanía en un discurso defensivo frente a Washington, pero hoy la soberanía ya no solamente se mide en términos diplomáticos o militares, también se mide en la capacidad real del Estado para controlar su territorio, garantizar seguridad y mantener independencia frente al crimen organizado.
Cuando amplias regiones del país viven bajo dinámicas de violencia, control criminal, desplazamiento o captura institucional, el discurso soberanista comienza a perder fuerza frente a la percepción pública porque la soberanía no se sostiene únicamente con declaraciones, esta, debe sostenerse con autoridad efectiva, de lo contrario, la crisis de credibilidad se convierte en un verdadero peligro para el gobierno federal.
El impacto político puede ser enorme rumbo al proceso electoral de 2027, donde estarán en juego 17 gubernaturas, el Congreso federal y múltiples congresos locales, lo que hoy parece una discusión judicial o diplomática, en realidad también es una disputa electoral, especialmente para Morena.
El partido oficial, construyó su ascenso político sobre la idea central de ser moralmente distinto al viejo régimen; durante años, el movimiento logró posicionarse como la alternativa frente a la corrupción, la impunidad, los pactos de poder y la degradación institucional asociada históricamente al PRI y al PAN.
La auto-llamada “Cuarta Transformación” no se vendió únicamente como un proyecto de gobierno, se presentó como una regeneración ética del poder público, de ahí que el daño político no provenga solamente de las acusaciones o investigaciones, se construye también a partir de la contradicción simbólica.
Cada señalamiento relacionado con crimen organizado, protección política, redes territoriales o presunta narcopolítica golpea directamente el activo más importante de Morena: la autoridad moral sobre la que construyó su legitimidad.
Ahí está el verdadero riesgo electoral y que no necesariamente será una derrota inmediata, ya que Morena mantiene estructura, operación territorial, programas sociales y capacidad de movilización, aunque es evidente que muestra desgaste en el terreno más importante de la política contemporánea: la percepción.
Nuestra experiencia nos dice que las elecciones intermedias suelen castigar menos a la fuerza del aparato… pero más a la narrativa. El discurso de “no somos iguales” empieza a entrar en una zona de tensión peligrosa y esto la oposición lo está presupuestando… Estados Unidos también.
Washington ya no habla solamente de cárteles, ahora habla de políticos, redes de protección e infiltración institucional, coloca al gobierno mexicano frente a un dilema imposible, al cooperar plenamente con las investigaciones estadounidenses, queda ante la opinión como subordinado a Washington;
pero si desacredita o minimiza los señalamientos, corre el riesgo de ser percibido como protector político de estructuras criminales.
La legitimidad comienza a erosionarse, la soberanía también se debilita, porque ningún país pierde soberanía únicamente cuando interviene una potencia extranjera, también la vulnera cuando sus instituciones dejan de ser plenamente creíbles ante su propia sociedad.
La crisis no es solamente jurídica y ni siquiera es exclusivamente de seguridad, es una crisis de percepción pública ya que millones de mexicanos comienzan a observar un fenómeno inquietante, mientras el discurso oficial insiste en la defensa de la soberanía, las investigaciones más agresivas sobre narcotráfico y poder político parecen venir desde el exterior.
El hecho de que muchos ciudadanos empiecen a creer que Washington actúa con más firmeza que las propias instituciones mexicanas, genera el verdadero daño.
Hay otro elemento igual de revelador, el silencio de los partidos aliados.
Ni el Partido del Trabajo ni el Partido Verde han construido una defensa política sólida alrededor de estos temas y no parece casual; la supervivencia está por encima de la lealtad ideológica.
Ambos partidos tienen una larga tradición de pragmatismo extremo, no operan desde la doctrina operan desde la praxis para la conservación del poder, su silencio puede interpretarse como cálculo político, evaluación de costos futuros.
Si la narrativa de desgaste sobre soberanía, seguridad y narcopolítica continúa creciendo rumbo a 2027, los aliados comenzarán inevitablemente a proteger sus propias estructuras regionales generando una fractura silenciosa dentro del oficialismo y aunque eso todavía luce improbable, se podrá observar un fenómeno más sutil, una distancia estratégica, mayor ambigüedad y más negociación individual, especialmente en estados donde el costo electoral de cargar completamente con la marca Morena pueda empezar a crecer.
Quizá esa sea una de las señales más importantes del momento político que vive México, cuando incluso los aliados comienzan a administrar prudentemente su cercanía con el poder, significa que el problema ya no es únicamente mediático, empieza a convertirse en percepción estructural.
Tal vez el verdadero problema para el gobierno y Morena, no sean Estados Unidos, ni la DEA, ni las investigaciones… ni siquiera los señalamientos.
El verdadero problema surge cuando la ciudadanía empieza a preguntarse si el movimiento que prometió transformar al país… terminó administrando las mismas sombras del viejo sistema y comienzan a parecerse peligrosamente a aquello que prometieron destruir… Los leo.
*Facebook / Instagram: Fernando Mendoza*
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*Correo: fermendozanunez@hotmail.com*
Este análisis se elaboró con información de:
El País Mexico, Animal Político, Aristegui Noticias, Milenio, Reforma, The New YorkTimes en Español, The Washingnton Post, CNN en español, Fiscalía General de la República, Departemanto de Justicia de los E.U., INEGI y Latinobarómetro.
*Su estructura fue filtrada en más de 5 plataformas diferentes*
* Académico, Analista Político y Consultor Media Training
