QQuetzalli Carolina Vázquez
Xalapa, Ver., 12/07/2026.- El proyecto de infraestructura comercial más ambicioso de la actual administración estatal, la remodelación y ampliación del World Trade Center (WTC) de Veracruz, arranca con una sentencia de muerte jurídica: el Gobierno del Estado pretende edificar y vaciar una inversión de $150,000,000.00 M.N. sobre terreno legalmente embargado por la justicia federal.
Bajo una opacidad absoluta y sin haber resuelto la delimitación topográfica de las coordenadas, el gobierno de Veracruz adjudicó de manera directa la obra a la constructora Grupo ICA.
Es así como las máquinas excavadoras ingresan a un macro-lote —el predio Collado y Boticaria en Boca del Río— que es uno de los dos terrenos que están embargados para garantizar un adeudo histórico que, tras una actualización pericial al cierre del primer semestre de 2026, alcanzó la astronómica cifra de $120,000,000.00 M.N.
Esta bomba de tiempo no nació de un problema inmobiliario, sino de un viejo conflicto laboral que la soberbia burocrática estatal dejó crecer durante más de una década.
El demandante es el exfutbolista y director técnico argentino Gustavo Ariel Parente Sánchez, quien interpuso la demanda de origen en contra de la Promotora Deportiva del Valle de Orizaba, A.C. (razón social de los Tiburones Rojos de Veracruz) y en contra del Gobierno del Estado de Veracruz, este último como responsable solidario debido a los convenios de comodato y uso de activos públicos del equipo.
Parente Sánchez exigió la vía legal tras sufrir una rescisión injustificada de contrato y la retención de prestaciones devengadas durante su gestión profesional en el club veracruzano. El litigio escaló formalmente ante la Segunda Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco y, tras un largo proceso, dicha instancia emitió un laudo firme a favor del estratega el 3 de julio de 2013, fijando un monto inicial de $58,481,434.47 M.N.
En lugar de liquidar el adeudo, las administraciones estatales consecutivas apostaron por el desgaste del afectado, promoviendo amparos, recursos de revisión y utilizando la parálisis burocrática en Xalapa.
Trece años de evasivas provocaron que los salarios caídos y los intereses moratorios inflaran el pasivo hasta los 120 millones de pesos actuales.
El blindaje con el que las dependencias estatales evadieron el cobro, señalando que los terrenos eran «bienes públicos inembargables», fue pulverizado por el Poder Judicial de la Federación (PJF).
Ante las constantes trabas locales, la defensa de Parente promovió un juicio de garantías que recayó en el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas; el
16 de junio de 2025, dicho juzgado dictó la sentencia definitiva del Juicio de Amparo Indirecto 1323/2024-XI, concediendo la protección de la justicia federal al afectado.
Fue así como el juez determinó que la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en Xalapa incurrió en un «abierto retardo» violatorio del artículo 17 constitucional.
La resolución ordenó tramitar de forma inmediata e improrrogable los exhortos de ley para consolidar la traba real y formal de las fracciones del terreno frente al WTC señaladas por el demandante.
Para asegurar que el laudo se cumpliera, la justicia federal vinculó de manera obligatoria y directa al titular de la Secretaría de Gobierno del Estado de Veracruz, Ricardo Ahued, y al responsable de la Oficina de Control y Gestión de la Secretaría de Trabajo de la entidad, Victor Domingo Melgarejo Hernández, y desde junio de 2025, ambos funcionarios arrastran un incumplimiento institucional latente.
La sentencia federal les manda abstenerse de cualquier acto de obstaculización y registrar los gravámenes del suelo; sin embargo, la maquinaria estatal ha decidido ignorar la restricción pericial, permitiendo que Grupo ICA inicie la cimentación de la obra pública en el mismo polígono comprometido.
La negligencia técnica es explícita: introducir maquinaria pesada sobre un suelo jurídicamente afectado expone al Poder Ejecutivo a un escenario crítico que es la parálisis de la obra pública, pues la defensa de Parente Sánchez está facultada para promover incidentes de suspensión ante el juzgado de Distrito, lo que congelaría los 150 millones de pesos de inversión en un tiradero de cemento inútil.
Cabe recordar que la Ley de Amparo en México no contempla salidas políticas para el desacato, por lo que mantener la construcción ignorando el mandato federal coloca a Ricardo Ahued en la ruta directa hacia la destitución forzosa, la inhabilitación inmediata de sus funciones y su posterior consignación penal ante un juez de orden federal.
Pese a todo lo consignado, a que se han agotado todas las instancias y a que el gobierno que encabeza Rocío Nahle no tiene otra opción más que cumplir con el ordenamiento federal, el gobierno prefiere arriesgar un contrato millonario con una constructora privada antes que acatar la legalidad y pagar el laudo que arrastra desde 2013.
El escándalo inmobiliario en las inmediaciones del World Trade Center es apenas la mitad de una misma ecuación de negligencia; el hilo conductor que une los bloques de cemento de Grupo ICA con el colapso del fútbol profesional en la zona conurbada se concentra en una sola palabra: impunidad.
EN LA PRÓXIMA ENTREGA:
Cómo ante el incumplimiento del laudo, Veracruz podría quedarse sin fútbol pese a la inversión millonaria al estadio Luis «Pirata» de la Fuente y al compromiso de la gobernadora Rocío Nahle de regresar el fútbol de primera división al estado.
