* La primera parte de este reportaje reveló cómo el gobierno que encabeza Rocio Nahle, asignó la remodelación y ampliación del WTC aun cuando el terreno se encuentra embargado para garantizar el pago de un laudo laboral a favor del exdirector técnico de los Tiburones Rojos de Veracruz; pero el asunto no termina ahí, hay más terrenos embargados y un resolutivo de un Tribunal Internacional que prohíbe los partidos de equipos profesionales en el estadio Luis el «Pirata» Fuente.
Quetzalli Carolina Vázquez
Xalapa, Ver., 13/07/2026.- El fútbol profesional no ha regresado a Veracruz y, jurídicamente, tampoco puede hacerlo; a pesar de los discursos oficiales, las promesas gubernamentales y una inversión pública superior a los mil 600 millones de pesos en la reconstrucción del estadio Luis “Pirata” Fuente, existe un obstáculo legal que impide la celebración de partidos oficiales regulados por la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), la FIFA y los organismos internacionales.
El origen del problema se encuentra en el incumplimiento de pago del laudo dictado a favor de Gustavo Ariel Parente Sánchez, exdirector técnico de los Tiburones Rojos de Veracruz.
Partidos de la Primera División o de la Liga de Expansión MX se tiene prohibido rodar en el estado debido a un impedimento legal e internacional insalvable: el expediente resolutivo TAS 2020/A/6748 dictado por el Tribunal de Arbitraje Deportivo en Lausana, Suiza, y el oficio normativo FMF-CD-0241/2021 de la Federación Mexicana de Fútbol, emitido bajo mandato directo de la FIFA.
Aunque la gobernadora del estado Rocío Nahle, se ha comprometido de forma abierta y reiterada con los veracruzanos a revivir el balompié profesional en el estado, la mandataria no podrá cumplir con ese compromiso a menos que llegue a un acuerdo con la parte afectada para pagar el laudo pendiente.
Las mismas evasivas y el desacato institucional de su propia Secretaría de Gobierno encabezada por Ricardo Ahued en el amparo federal 1323/2024-XI para evitar pagar el histórico laudo al director técnico Parente Sánchez son, irónicamente, el candado internacional que mantiene y mantendrá las puertas del estadio encadenadas ante el fútbol mundial.
El muro de la «Sucesión Deportiva»
El criterio aplicado por el TAS y la FIFA para sepultar la plaza veracruzana es inamovible: la jurisprudencia de la Sucesión Deportiva. Bajo el amparo del Artículo 15 del Código Disciplinario de la FIFA, los organismos internacionales determinaron que si alguien pretende usar la afición, los colores tradicionales, la plaza geográfica y, fundamentalmente, la misma infraestructura física del Estadio «Pirata» Fuente, absorbe de manera automática e íntegra la totalidad de los pasivos y laudos pendientes de la franquicia desafiliada en 2019.
Al mantenerse activo el adeudo derivado del juicio laboral con sentencia firme desde el 3 de julio de 2013 ante la Segunda Junta Especial de Jalisco, la FMF tiene prohibido por orden de la FIFA liberar el sistema de transferencias y registros para cualquier club en Veracruz; es decir que el dinero invertido en levantar cemento en el estadio, chocó de frente con las reglas del deporte global.
Siete años de oscuridad y el fracaso del Celaya
La dimensión de esta promesa rota se mide en el tiempo que la afición lleva en el abandono; el balón profesional no rueda en el césped de Boca del Río desde el 8 de noviembre de 2019, fecha en la que los extintos Tiburones Rojos de Veracruz disputaron su último juego oficial de la Liga MX, sufriendo una derrota de 5-0 ante el Club América antes de su desafiliación.
Desde esa noche han transcurrido casi siete años de inactividad profesional regulada; la desesperación gubernamental por simular que cumplían sus promesas quedó al descubierto cuando la FMF, a través de la Asambleas de Dueños de la Liga de Expansión MX, rechazó y no aprobó el proyecto de mudar la franquicia del Club Celaya al puerto de Veracruz para homologarlo bajo el nombre de «Piratas de Veracruz F.C.»; la FMF aplicó el rigor reglamentario: al subsistir los adeudos históricos, no se permite la incorporación ni el traslado de ningún equipo a la plaza.
La trampa de agosto: El amago legal ante la FIFA
A pesar de los bloqueos previos, se abrió recientemente una rendija para que se pretenda llevar fútbol de la liga de expansión bajo el nombre de «Piratas» a partir de agosto de este año. Sin embargo, el gobierno caería en desacato y pagaría un alto costo económico, político y social.
El Artículo 15 del Código Disciplinario de la FIFA sanciona severamente los actos de simulación, esto es que si un nuevo club pretende utilizar el mismo inmueble remodelado, convocar a la misma afición tradicional y explotar la plaza geográfica arrastrando pasivos, es considerado un intento fraudulento de evadir la ley.
Si el gobierno lo hace, al momento en que se lleve a cabo el primer partido oficial en el «Pirata» Fuente, se podría interponer un incidente inmediato por simulación ante la FIFA que por el antecedente seguramente sería favorable para Parente Sánchez.
En ese supuesto y de acuerdo a la reglamentación, se estarían dictando suspender de tajo todas las actividades futbolísticas del club y no solo se inhabilitaría nuevamente la plaza sino que se aplicaría un veto definitivo al inmueble.
Este hecho no nada más destrozaría la economía de los inversionistas privados —si es que los hubiera—, sino que estallaría como un misil en el corazón político del estado, pues ocurría a escasos meses de las elecciones.
De 400 a 1,600 millones: El pozo sin fondo de dos administraciones
La remodelación física del estadio terminó convirtiéndose en un pozo sin fondo presupuestal financiado por el dinero de los contribuyentes; cuando la administración del exgobernador Cuitláhuac García proyectó originalmente la rehabilitación del inmueble, se anunció un presupuesto estimado de entre 400 y 500 millones de pesos para una primera fase.
Posteriormente, mediante un esquema de asignaciones opacas y constantes ampliaciones presupuestales se consolidaron tres etapas constructivas de demolición y edificación y el costo real acumulado al primer semestre de 2026 escaló a la estratosférica cifra de $1,676,466,826.00 M.N.
Esta danza de millones se ejecutó con severas anomalías detectadas por los órganos de control; el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), mantiene abiertas carpetas de investigación y pliegos de observaciones que superan los 160 millones de pesos en presunto daño patrimonial pues las auditorías técnicas revelaron conceptos de pago por obra no ejecutada, sobrecostos en acero estructural, deficiencias críticas en el colado de las nuevas gradas y un proceso de corrosión prematura debido a la falta de recubrimiento frente a la salinidad de la costa.
El «madruguete» de Fidel Kuri: Un estadio sin identidad
El desastre se complementa con la pérdida de los símbolos de identidad del equipo; mientras el Gobierno gastaba el dinero público en reconstruir las paredes del estadio, el exdueño de la franquicia desafiliada, Fidel Kuri Grajales, ejecutó una maniobra legal definitiva ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) a finales de 2016 y a través de un registro de marca blindado, aseguró los derechos exclusivos de los nombres comerciales «Tiburones Rojos de Veracruz», «Club Deportivo Veracruz» y los logotipos tradicionales del escualo.
Al recuperar el Estado el inmueble desmantelado en 2019, tomó posesión del concreto, pero perdió la identidad; el Gobierno quedó impedido legalmente para revivir el nombre histórico del equipo sin enfrentar demandas millonarias por violación de propiedad intelectual, lo que forzó la creación artificial de la marca «Piratas F.C.», una identidad sin arraigo que hoy duerme en el congelador.
Aún cuando hoy se habla de platicas con Kuri Grajales para recuperar el nombre del equipo, lo cierto es que cualquier negociación con Kuri podrá ser solo por la identidad y nombre del equipo pero no más, ya que él se encuentra imposibilitado para resolver el problema de fondo que mantiene a Veracruz prohibida la realización de partidos excepto los de exhibición.
El laberinto de las cifras y la postura del Estado
Para dimensionar el conflicto, la defensa de la parte acreedora (Parente) sostiene que la deuda total consolidada asciende a $405,276,279.00 M.N; esta cifra se compone de dos vertientes principales: el laudo laboral local (Expediente 995/2005 en Jalisco) que con salarios caídos suma al día de hoy $132,853,939.96 M.N; la condena internacional del TAS (2011/O/2609) que por el incumplimiento del contrato deportivo y la responsabilidad solidaria derivada del comodato firmado en 2013 alcanza $174,173,848.00 M.N; y una carga fiscal proyectada por impuestos retenidos de $98,248,891.00 M.N.
No obstante, esta cuantía corresponde estrictamente a la posición jurídica del demandante y en este tipo de casos, siempre existe la posibilidad de un ajuste o acuerdo entre partes que disminuye sobre manera el total de la cifra con opción de pagos parciales en beneficio de ambas partes más aún si se toma en cuentan quien monto original dictaminado en tribunales es de poco más de 58 millones de pesos.
La información que se tiene es que, el Gobierno de Veracruz mantiene una postura de controversia total frente a estas cantidades y la responsabilidad del adeudo; el expediente detalla que la Coordinación General Jurídica del Ejecutivo argumenta ante tribunales que se trata de un conflicto entre particulares (la promotora de Kuri y el técnico) alegando también que la actual administración no puede pagar con recursos públicos pasivos de empresas privadas que no fueron contemplados en los presupuestos de egresos.
Todos los argumentos del gobierno estatal se han venido abajo en cada una de las instancias recorridas y en el caso en el que se menciona un conflicto entre particulares, se desechó por existir un documento con fecha 22 de noviembre de 2023, donde el Congreso de Veracruz autorizó el comodato.
Dicho documento contiene una cláusula que establece que la promotora no se hace responsable ante la FMF, ante la FIFA, ni ante el TAS ni ante ninguna autoridad en México o en el extranjero por adeudos y obligaciones de cualquier naturaleza incluidas las laborales, fiscales, administrativas y otras.
La decisión en manos de la Gobernadora: ¿Justicia o desacato?
Las cifras desglosadas en los juzgados desnudan un absurdo administrativo: resolver de fondo el conflicto del WTC y el del estadio de fútbol no debería ser un asunto complejo ni un dilema financiero para las arcas estatales; 120 millones de pesos mínimos del laudo local —o incluso el total consolidado con el ámbito internacional— representan una fracción minúscula si se compara con los más de 1,600 millones de pesos que el Estado ya invirtió en el concreto del «Pirata» de la Fuente y los 150 millones que arriesga en los contratos de Grupo ICA.
La moneda está en el aire y el veredicto final recae exclusivamente en la oficina principal del Palacio de Gobierno; la gobernadora Rocío Nahle tiene en sus manos dos rutas históricas: pasar a la posteridad como la estadista que aplicó el orden legal, destrabó los nudos de corrupción del pasado y le regresó de forma legítima, limpia y permanente el fútbol profesional a los veracruzanos; o quedar registrada como la mandataria que violentó la ley al autorizar la edificación sobre terrenos embargados, exponiendo a sus funcionarios a la destitución penal y traicionando el compromiso que hizo con los veracruzanos de regresar el balón al estado por aferrarse a un modelo de opacidad y simulación que la FIFA terminará por aplastar.
