*T-MEC: La década del adiós*
*2036: la cuenta regresiva*
*Tercera y última parte*
La revisión del T-MEC abrió una década de incertidumbre que México no puede tratar como un trámite diplomático. No lo es. El acuerdo sigue sosteniendo una de las plataformas comerciales más grandes del planeta: en 2024, el comercio total de bienes y servicios entre Estados Unidos y México llegó a $935.1 mil millones, y en 2025 el intercambio de bienes entre ambos países alcanzó $872.8 mil millones. Además, el propio USTR (Oficina de Representación Comercial de los Estados Unidos, por sus siglas en inglés) reconoce que el acuerdo trilateral “undergrids” casi $2 billones en comercio regional. Al mismo tiempo, la Secretaría de Economía reportó para 2025 una IED récord de $40,871 millones, la más alta registrada en un solo año.
Sin embargo, más de 80% de las exportaciones mexicanas sigue teniendo como destino Estados Unidos, esa combinación, máxima integración y mínima certidumbre, define el punto de partida de los escenarios 2026-2036.
No debemos preguntarnos si habrá efectos, sino cuáles, cuándo y con qué costo político, económico y social.
Los escenarios no son profecías; son trayectorias medibles y calculables y lamentablemente como lo afirmé en la segunda parte de este artículo, el factor decisivo seguirá siendo la confianza: confianza del capital, confianza de los exportadores, confianza de los trabajadores y confianza del propio aparato político en que el modelo de integración no se deshará antes de llegar a 2036.
El escenario de la *RECUPERACIÓN*, exige un giro visible en tres frentes: certidumbre regulatoria, cooperación en seguridad y reducción de la confrontación institucional.
Si México logra disminuir la percepción de riesgo sobre el Estado de derecho y, al mismo tiempo, estabiliza su relación energética y comercial con Washington, el nearshoring puede pasar de promesa a expansión real. No es una intuición: la IED ya marcó récord en 2025, y el propio gobierno mexicano ha seguido defendiendo a México como destino de capital productivo, en este escenario, la inversión se concentra en el norte y el Bajío, el peso encuentra mayor estabilidad y el empleo formal industrial se expande. El costo político para el oficialismo sería manejable porque podría presentar la recuperación como prueba de que la tensión de 2026 fue corregida a tiempo.
El caso de *ESTANCAMIENTO*, pareciera ser el escenario más probable. El T-MEC no se rompe, pero tampoco vuelve a ser el ancla de confianza que fue. Las empresas siguen operando porque el comercio es demasiado grande como para desmontarlo de golpe, pero retrasan decisiones de largo plazo. Reuters reportó que, ante la incertidumbre comercial con Estados Unidos, los economistas recortaron el crecimiento esperado de México a 1.1% para 2026 y 1.8% para 2027, desde 1.5% y 1.9% previos; además, proyectan inflación de 4.0% y 3.8%, con la tasa de referencia de Banxico en 6.50% al menos hasta finales de 2027. Eso dibuja una economía que sigue caminando, pero con el freno de mano parcialmente puesto, el peso no se desplomaría necesariamente, pero se expone a episodios de volatilidad cada vez que las negociaciones bilaterales se tensen o Washington eleve el tono. México conservaría el acceso al mercado estadounidense y de acuerdo a lo dicho por Marcelo Ebrard, alrededor de 85% de las exportaciones mexicanas seguirían libres de arancel bajo las reglas vigentes, pero la inversión de gran escala se volvería más selectiva y más lenta, México estaría perdiendo oportunidad frente a competidores que ofrecen menos ruido institucional.
Políticamente, el gobierno gana tiempo, aunque sin resolver el juicio de fondo: el país seguiría siendo funcional, pero dejaría de ser “inevitable”
Los últimos dos “momentos” posibles de acuerdo a la circunstancia actual, no son nada favorables…
*CRISIS*… Si el deterioro de la confianza continúa avanzando, dejaría de ser un costo de oportunidad y se convertiría en una pérdida tangible. Basta con una combinación de choque regulatorio, nueva controversia energética, mayor presión comercial o deterioro de seguridad para que la desconfianza se traduzca en menor inversión, caída exportadora y más presión sobre el peso.
El riesgo no es teórico. Un estudio del Texas Center for Border Economic and Enterprise Development estima que más de 4.1 millones de empleos mexicanos están expuestos a una disrupción fuerte del comercio norteamericano; sólo la manufactura concentra casi 3 millones de esos puestos. El mismo reporte identifica vulnerabilidad elevada en Jalisco (442,271 empleos en riesgo), Nuevo León (alrededor de 375,000), Chihuahua (más de 370,000), Coahuila, Baja California y Guanajuato. Bajo un escenario moderado de disrupción, el golpe potencial supera 1 millón de empleos.
Aquí el costo político para el partido gobernante sería inmediato. La narrativa de estabilidad perdería credibilidad y la oposición tendría un argumento muy simple: la incertidumbre ya no sería externa, sino consecuencia de decisiones internas incapaces de sostener la confianza del principal socio.
En términos electorales, el oficialismo enfrentaría una erosión de su relato económico, mayor presión dentro de su propia coalición y una disputa más dura por la sucesión y por el control del humor público. La economía dejaría de ser una discusión técnica y se convertiría en un juicio político sobre capacidad de gobierno. Si el empleo industrial se debilita y el peso absorbe el golpe, la gestión del oficialismo quedaría sometida a una evaluación cotidiana, no a una defensa abstracta.
*La ruptura definitiva del T-MEC en 2036*, es el desenlace que nadie debería asumir como inevitable, pero que tampoco puede descartarse si la pérdida de confianza se profundiza durante toda la década. Una ruptura formal o una desintegración funcional del acuerdo, obligaría a México a rearmar su estrategia comercial desde una posición mucho más débil. El dato estructural sigue siendo brutal: más de 80% de las exportaciones mexicanas van a Estados Unidos y la propia USTR reconoce que la relación comercial bilateral supera los $872.8 mil millones en bienes al año. No existe, en el corto plazo, un mercado sustituto con capacidad de absorber ese volumen a la misma velocidad ni con la misma densidad industrial.
En ese escenario, el golpe recaería primero sobre el corredor automotriz, electrónico y logístico de exportación; después sobre las finanzas públicas, el crédito y el mercado laboral.
La reacción empresarial sería defensiva: diversificación acelerada, pausas de inversión, relocalización parcial y mayor preferencia por países con menor incertidumbre. Si esto sucediera, el costo político para MORENA, si continúa al frente del gobierno, sería histórico y devastador. No sólo cargaría con el deterioro del presente; también con la responsabilidad de haber administrado o no haber corregido, la pérdida de confianza que desembocó en la ruptura.
La oposición tendría el relato más poderoso posible: el cierre del T-MEC como prueba de un fracaso de Estado.
El oficialismo, en cambio, se vería obligado a defender el costo social de una transición más cara, más desigual y mucho más incierta.
La lección de fondo es incómoda pero clara. México no entra a la década 26-36 con un problema jurídico solamente; entra con un problema de credibilidad.
La credibilidad no se pierde en un día ni se recupera con un discurso, se sostiene con instituciones, reglas previsibles y capacidad de anticipar el riesgo antes de que el mercado lo castigue.
Hoy el escenario de recuperación sigue abierto pero la cuenta regresiva está en marcha.
Cosas de la vida…
En 1992 el Gobierno Mexicano, posicionó a nuestro país dentro del marco de desarrollo y comercio mundiales más solido jamás visto en la era moderna… hoy puede ser considerado el responsable de haber dejado escapar la confianza que hizo posible la mejor etapa de integración económica de América del Norte.
Los leo.
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Este análisis se elaboró con información documental pública de instituciones, declaraciones y publicaciones diversas.
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* Académico, Analista Político y Consultor Media Training
