* Caso Zambada:
* El capo habría negociado cambio de sentencia y prisión con hospital
El secuestro y entrega de Ismael “El Mayo” Zambada, exlíder del cártel de Sinaloa, sigue siendo investigado por la Fiscalía General de la República (FGR).
A falta de información sobre su ingreso a Estados Unidos, la FGR integró una carpeta de investigación para conocer pormenores sobre su presunto secuestro, a manos de Joaquín Guzmán López, quien junto con sus hombres de seguridad lo habrían maniatado, drogado y posteriormente subido a un avión que puso a los dos delincuentes –a Zambada y Guzmán –del otro lado de la frontera.
Ismael Zambada, quien traficó con drogas a lo largo de cincuenta años ininterrumpidos, fue recientemente sentenciado a cadena perpetua. No se acogió a ningún programa como testigo colaborador y aceptó, incluso desde antes de que se dictara, cualquier sentencia en su contra. Sólo pidió no ser recluido en una cárcel de máxima seguridad sino en una prisión médica federal, ya que el capo sinaloense padece cáncer y diabetes en fase terminal.
El juez que lo sentenció, Brian Cogan, concedió a Zambada ser recluido en una prisión con atenciones médicas, lo que desató polémicas respecto de si habría establecido negociaciones con las autoridades estadunidenses a cambio de revelar información.
Y es que después de su entrega en Estados Unidos, el 25 de julio de 2024, Zambada aceptó su culpabilidad. Era un fuerte candidato a la pena de muerte y no se le aplicó; por ello fue sentenciado a cadena perpetua. ¿Hubo negociación para cambiarle la pena? Ninguna autoridad estadunidense ha confirmado si Zambada entregó información a cambio de esa mutación de pena. Tampoco se sabe si negoció para no ser llevado a una cárcel de máxima seguridad, como ocurrió con “El Chapo” Guzmán, también sentenciado a cadena perpetua y quien incluso se ha quejado de las malas condiciones en las que se encuentra actualmente.
Por otra parte, el secretario de Seguridad Pública Federal, Omar García Harfuch, dijo recientemente en el Estado de México, durante una conferencia mañanera, que la FGR sigue analizando y estudiando la posibilidad legal de que “El Mayo” pueda ser extraditado a México.
Cabe señalar que tras su extracción del país, el gobierno de México, entonces encabezado por Andrés Manuel López Obrador, solicitó al menos en un par de ocasiones la extradición de Zambada. No le fue concedida.
Zambada, incluso, pidió al gobierno de México su repatriación, ser juzgado y recluido en México. Pero hasta la fecha ese trámite sigue estancado.
Y es que la cooperación entre México y Estados Unidos se han estancado debido a que el gobierno mexicano ha negado, hasta ahora, la extradición del gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya; del senador Enrique Insunza y de seis personas más que Estados Unidos pidió fueran detenidas con fines de extradición, pues se les investiga por tráfico de drogas, armas y fentanilo.
El propio Rocha Moya y el senador de MORENA, Insunza, así como el resto de los personajes solicitados, ya son considerados por las autoridades estadunidenses como prófugos de la justicia.
Lo que se sabe por versiones de fuentes oficiales es que el senador Insunza ha hecho intentos por negociar con Estados Unidos, pero se asegura que no lo han aceptado debido a que ya tuvo su oportunidad y la rechazó; además, las autoridades estadunidenses han sostenido que ya cuentan con muchos informantes, testigos y candidatos a serlo que disponen de muchísima información. En pocas palabras, tienen claro que Insunza no les dirá nada nuevo sino que podría repetir lo que otros testigos ya han declarado sobre el cártel de Sinaloa.
A menos que Insunza ofrezca un testimonio diferente, información muy relevante que implique a altos políticos mexicanos. Esa cambiaría su condición, se asegura.
Para proceder a detener a Rocha Moya y al resto de los personajes solicitados por Estados Unidos, el gobierno de Claudia Sheinbaum exige que Estados Unidos envíe las pruebas que acreditan los delitos de los que se les acusa. El gobierno norteamericano no ha enviado ningún expediente porque México no ha cumplido con las capturas con fines de extradición.
Se había dicho que Estados Unidos disponía de 60 días para el envío de las pruebas, pero ese plazo no ha comenzado a correr debido a que el gobierno mexicano no ha detenido a las personas solicitadas. A partir que lo haga, entonces el plazo empezará a correr. Hasta ahora, México ha violado el tratado de extradición al negarse a detener a políticos presuntamente ligados al narcotráfico, como es el caso de Rocha Moya e Insunza.
APUNTES DEL SUBSUELO
UNA PROPUESTA del Gobierno Federal sobre la defensa de las audiencias y posibles multas a medios como radio y televisión, ha desatado polémica porque se asegura que se trata de instrumentos legales para censurar a los medios de información.
En su conferencia mañanera del miércoles 29, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que de ninguna manera habrá censura, que su gobierno respeta la libertad de expresión, pero insistió en la necesidad de que cada medio de información o empresa dedicada a la difusión de contenidos informativos nombre un defensor de audiencias que permita que la gente se queje, reclame sobre alguna información sesgada o incompleta que le afecte o que incluso pueda solicitar el llamado derecho de réplica establecido en las leyes.
Dijo, además, que se realiza una consulta pública para que ciudadanos y especialistas presenten observaciones y propuestas especialmente sobre la posibilidad de multar a medios de información, de radio y televisión, que incumplan con las medidas.
También expuso que si un medio de comunicación publica información sobre un tema en particular, la defensoría de las audiencias podría intervenir para que el medio incorpore otros puntos de vista que no se hayan contemplado en la información publicada, a fin de enriquecer su contenido y sea de beneficio para las audiencias.
La consejera jurídica de la presidenta, María Luisa Alcalde, dijo que se está analizando la posibilidad de imponer multas a los medios que incumplan con esas medidas, pero aclaró que este sería el último recurso.
Esto, sin duda, huele a censura.
La libertad de pensamiento y de expresión es un derecho humano que no tiene por qué ser intervenido por terceros.
