Redacción
Mientras en el ámbito federal se debate el tema de la censura a medios electrónicos como radio y televisión por el “derecho de audiencias” y luego de que en el estado de Veracruz se plantea realizar un “censo” para tener registrados a los periodistas lo cual pudiera prestarse a un manejo discrecional de esa información, una nueva funcionaria de la SEV, María del Rosario Pérez Méndez, exige mediante “Requerimiento Extrajudicial” que este medio de comunicación retire la columna del director José Ortiz Medina, EN CORTO, la cual fue publicada hace dos días con el siguiente texto:
Regresan los mismos a la SEV
José Ortiz Medina/ EN CORTO*
En política, la memoria suele ser corta. En la educación pública, parece ser aún más.
El reciente regreso de María del Rosario Pérez Méndez a la Secretaría de Educación de Veracruz, ahora en la Coordinación Estatal de Actualización Magisterial, ha provocado más preguntas que respuestas. No por su currículum, sino por los antecedentes que dejó a su paso por la Universidad Pedagógica Veracruzana.
Quienes vivieron esa etapa recuerdan una administración marcada por presunto conflicto permanente. Docentes, trabajadores y organizaciones sindicales presuntamente manifestaron en diversas ocasiones su inconformidad con un estilo de gobierno que, según denunciaron públicamente, presuntamente privilegiaba la confrontación sobre el diálogo y la imposición sobre los acuerdos.
La UPV, una institución llamada a fortalecer la formación de los docentes veracruzanos, terminó envuelta en presuntas polémicas administrativas, un clima laboral desgastado y una comunidad universitaria profundamente dividida. Esa es la imagen que habría quedado para muchos de quienes formaron parte de la vida institucional.
A ello se suma que, durante su paso por la rectoría, presuntamente se ha cuestionado la congruencia de que la propia titular haya obtenido el grado de doctora en la misma institución que encabezaba, lo que para algunos sectores alimentó percepciones de supuesta incongruencia en el ejercicio de su función y en los procesos académicos internos.
Por eso sorprende que, en lugar de privilegiar perfiles con capacidad probada para construir consensos y recuperar la confianza del magisterio, se recurra nuevamente a personajes cuya gestión continúa siendo motivo de probables cuestionamientos.
La Coordinación Estatal de Actualización Magisterial no es un cargo menor. Desde ahí se definen estrategias de capacitación, se administran recursos públicos y se influye directamente en la formación continua de miles de maestras y maestros. Es un espacio que exige liderazgo, credibilidad y transparencia.
La nueva administración de la SEV enfrenta el enorme reto de demostrar que los nombramientos responden al interés público y no a cuotas, compromisos o recomendaciones políticas. Porque el problema no es únicamente quién llega, sino el mensaje que se envía cuando se reciclan perfiles cuya gestión aún genera dudas dentro del propio sector educativo.
El magisterio veracruzano merece funcionarios que inspiren confianza y no que reabran viejas heridas. Merece autoridades que entiendan que gobernar no es imponer, sino escuchar; que dirigir no es confrontar, sino construir.
Al final, los cargos públicos no son premios de consolación ni refugios para quienes dejaron más preguntas que resultados. Son responsabilidades frente a la sociedad. Y en Veracruz, donde la educación enfrenta enormes desafíos, los errores del pasado no deberían convertirse en las decisiones del presente.
*Columna de opinión. https://versiones.com.mx/2026/08/06/regresan-los-mismos-a-la-sev/
Y aunque en el escrito que María del Rosario Pérez Méndez envió al correo electrónico de VERSIONES “aclara” que dicho “Requerimiento Extrajudicial” no se trata ni de una amenaza ni tampoco de censura, lo cierto es que a juzgar por la argumentación utilizada en ese documento, es a todas luces un intento de querer amedrentar a VERSIONES con la advertencia de que si no es retirada la referida publicación, este medio y su director serán demandados por “daño moral”.
Obvio que consideramos que no violentamos ningún derecho de María del Rosario Pérez Méndez, pero si esta funcionaria insiste en que vulneramos o dañamos -según ella- su “imagen pública”, pues que proceda como ella lo considere pertinente y nosotros nos defenderemos conforme a Derecho y no mediante “Requerimientos Extrajudiciales” que sólo buscan intimidar.
Asimismo, nos reservamos también el derecho de proceder por las vías legales pertinentes contra la multicitada persona, pues es más que obvio que esta servidora pública estaría transgrediendo la norma al recurrir a un ilegal “Requerimiento Extrajudicial”.
De igual manera, dejamos constancia de que este tipo de amedrentamientos nos colocan en un contexto de vulnerabilidad e incertidumbre en un estado en el que han atentado contra comunicadores. Ojalá que no sea el caso, pero si algo llegara a sucederle a José Ortiz Medina o a su familia en los próximos días, semanas o meses, queremos que quede constancia -insistimos- de estos hechos que están muy alejados de un Estado de Derecho.
Nos extraña también que si la gobernadora Rocío Nahle García hasta ahora ha sido respetuosa con lo que se ha publicado en este medio de comunicación, haya algunos servidores públicos como la que ahora nos ocupa, que de manera abierta y cínica atentan contra la libertad de expresión.
Esperamos que la Gobernadora tome cartas en el asunto, para que no se convierta en una dezlenable costumbre de amordazar a periodistas y medios de comunicación.
Por cierto y dicho sea de paso, casi 12 horas después de que la funcionaria de la SEV mandó el multicitado “Requerimiento extrajudicial”, este medio digital fue hackeado, por lo que estuvo un buen rato fuera de línea. Y como no creemos en las coincidencias, pues no sería descabellado pensar que hay algunos sospechosos de este atentado digital y entre ellos pudiera estar la referida funcionaria y sus asesores en estos menesteres, tema del cual también nos reservamos el derecho de proceder mediante investigación de la policía cibernética.
Es importante señalar que la “asesoría” jurídica de la citada funcionaria es desatinada porque de acuerdo con el diccionario jurídico, un requerimiento extrajudicial “es todo aquello que se realiza fuera de un juicio o de los tribunales de justicia. Significa que no existe una demanda legal ni interviene un juez. El uso más común de esta palabra se aplica a la cobranza de deudas, cuando una empresa intenta cobrar un dinero pendiente mediante llamadas o mensajes, sin ir a los tribunales”.
