* Académico, Analista Político y Consultor Media Training
*Show mediático: Abasto de insumos y medicamentos en torre pediátrica de Veracruz*
En política y gobierno puedes administrar algunos problemas con cifras, boletines y conferencias de prensa, pero en lo concerniente a la salud de los niños, eso sí, ¡requiere algo más que tantita madre!
Sobre todo, cuando quienes deberían estar concentrados en atenderlos y cuidarlos, tienen que distraerse en denunciar carencias, organizando colectas o buscar foco nacional para hacer visible el problema y ser escuchados.
Justo eso es lo que ha ocurrido aquí en Veracruz con la controversia alrededor del oncólogo pediatra Sergio Miguel Gómez Dorantes, las denuncias de madres de niños con cáncer y la respuesta de la gobernadora Rocío Nahle.
La secuencia merece tenerla presente. Un médico denuncia públicamente dificultades para atender a sus pacientes; la gobernadora califica las quejas como parte de un show mediático; las familias anuncian una colecta de insumos y el asunto escala hasta el Congreso estatal; después llega la supervisión hospitalaria, las cifras oficiales de abasto y el altercado entre una madre de familia y el equipo de seguridad de la mandataria y culmina con el anuncio de una gira presidencial para supervisar personalmente los hospitales de todo el país.
A esas alturas, aquello ya no es solamente una discusión sobre medicamentos, es una controversia sobre la gestión, comunicación política y capacidad del poder para escuchar a quienes reclaman soluciones.
El episodio que detonó la discusión fue la entrevista concedida por Gómez Dorantes a Azucena Uresti.
El especialista se quebró al hablar de las dificultades que, según denunció, enfrenta el personal médico para atender a los menores.
La respuesta política abrió un frente innecesario cuando Rocío Nahle, descalificó las expresiones del galeno en cadena nacional.
La gobernadora acudió al Hospital de Alta Especialidad y a la Torre Pediátrica y reportó un abastecimiento de 95 por ciento de medicamentos oncológicos en farmacia y 89 por ciento en almacén. También reconoció la falta de seis claves oncológicas y anunció que el estado las adquiriría si no llegaban de la Federación.
Esos datos deben tomarse en serio, pero…
¿Noventa y cinco por ciento de qué inventario? ¿De qué fecha? ¿De cuántas claves? ¿Con qué criterio se calcula el porcentaje? ¿Qué ocurre con el cinco por ciento restante y qué consecuencias tiene cuando se trata de un medicamento indispensable para un paciente específico?
La discusión no debería resolverse a gritos, sino mediante información verificable: inventarios por clave, recetas no surtidas, tiempos de reposición, solicitudes pendientes y registros de entrega.
La pregunta no es quién tiene la última palabra en una conferencia controlada. La pregunta es si ese 95% llega a la cama del paciente oportunamente cuando lo necesita.
Por otro lado, mientras madres de niños con cáncer anunciaron una colecta de gasas, guantes, suturas y otros materiales, el IMSS-Bienestar respondió que la Torre Pediátrica dispone de medicamentos y material de curación y que no depende de donaciones para operar.
Las dos posiciones deben contrastarse. La colecta no prueba por sí misma un desabasto generalizado, pero tampoco basta una declaración institucional para despejar cada denuncia particular.
Las autoridades habrían de publicar un inventario verificable, identificar las necesidades reportadas y explicar qué materiales faltan, cuáles están disponibles y qué mecanismos existen para atender urgencias.
Porque, si todo está cubierto, demostrarlo debería ser relativamente sencillo y si hay faltantes, reconocerlos no constituye una derrota política, constituye el primer paso para resolverlos.
En este punto, lo irónico es inevitable, cuando las familias se organizan para conseguir material médico, la pregunta ya no es si la colecta es incómoda para el gobierno, es por qué fue considerada necesaria por quienes viven de cerca el funcionamiento del hospital.
Por si todo lo anterior fuera poco, el 7 de octubre, durante la visita de Nahle al hospital, Cora de Jesús Rodríguez, vocera de madres de niños con cáncer, intentó acercarse a la gobernadora, pero la secuencia difundida públicamente muestra una confrontación con una integrante del equipo de seguridad y un intercambio verbal entre ambas, además, la mandataria cuestionó que se utilizara a niños enfermos con otros fines y descalificó a la vocera diciéndole que ella, la vocera, no era madre de niño enfermo…
La vocera, por su parte, sostuvo que buscaba plantear las necesidades de las familias y anunció que acudiría a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Sin embargo, existe una cuestión política que no necesita esperar un dictamen: la calidad de la interlocución entre el gobierno y las familias afectadas.
Una visita de supervisión puede ser útil para conocer las condiciones de un hospital. Pero si quienes llevan meses denunciando carencias no consiguen exponer sus casos de manera efectiva, la supervisión corre el riesgo de quedarse en recorrido, fotografía y declaración.
Gobernar también significa escuchar preguntas incómodas, más todavía cuando proceden de personas que enfrentan una enfermedad grave en sus propias familias.
El caso llegó al Congreso de Veracruz, ya que legisladoras opositoras solicitaron la comparecencia de la secretaria de Salud, Mariela Hernández García, mientras representantes de Morena defendieron la operación institucional y el trabajo de Roberto Ramos Alor… sí, aquel que en días recientes amenazó a residentes y dejó para la posteridad otra desafortunada frase: “Si no quiere no opere”
La fiscalización parlamentaria es pertinente si busca esclarecer responsabilidades, documentar carencias y establecer compromisos verificables, pero si se limita a intercambiar acusaciones, simplemente se queda en el anecdotario.
El costo político para el gobierno no puede cuantificarse sin mediciones confiables de opinión pública. Pero sí hay un costo de gestión: cada vez que la controversia se concentra en defender declaraciones, aumenta la presión para demostrar resultados concretos.
La discusión de fondo no debe convertirse en un concurso de indignaciones, tampoco en una competencia por apropiarse del sufrimiento de los pacientes.
Si existen medicamentos suficientes, que se publiquen los datos y se compruebe su disponibilidad. Si hay faltantes, que se identifiquen las claves, se expliquen las causas y se informe cuándo quedarán resueltos.
Si hubo irregularidades en el trato a una madre de familia, que se investiguen conforme a derecho y si un médico denuncia problemas en su lugar de trabajo, que las autoridades contrasten sus afirmaciones con evidencia, sin sustituir la investigación por descalificaciones personales.
Ninguna conferencia o declaración puede resolver por sí sola la distancia entre lo que una institución reporta y lo que una familia experimenta cuando necesita atención médica.
En salud, la comunicación puede explicar una crisis, pero no sustituye los medicamentos, el gobierno puede defender sus estadísticas, pero no puede pedirle a una familia que se conforme con un porcentaje cuando necesita una solución concreta, no hablamos de números, estamos hablando de personas… ¡niños con cáncer!
Cuando el debate se desplaza de las necesidades de los pacientes a la conducta de quien gobierna, conviene detenerse y preguntar: ¿quién se ocupa del problema que originó todo esto?
Un gobierno no demuestra que tiene razón desacreditando a quien lo cuestiona; la demuestra verificando sus cifras, corrigiendo sus fallas y garantizando que el servicio público funcione… porque, tratándose de niños con cáncer, la prioridad no puede ser ganar la discusión, tiene que ser garantizar la atención.
Los leo…
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*Este artículo se ha construido con información de: La Jornada, Imagen del Golfo, Infobae y El Financiero
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