Quetzalli Carolina Vázquez
Xalapa, Ver., 20/10/2026.- El incumplimiento de una resolución laboral colocó al Instituto Veracruzano de la Vivienda (INVIVIENDA) ante una advertencia judicial contundente: si el próximo 28 de octubre no reinstala a ocho trabajadores despedidos y cubre las prestaciones que les adeuda, podría hacerse efectivo un arresto de 36 horas contra su titular, José Manuel Pozos del Ángel, hijo del subsecretario de Gobierno mientras que la gobernadora Rocío Nahle sería multada.
El Poder Judicial de la Federación (PJF), concedió un amparo a los trabajadores y ordenó que se garantice el cumplimiento efectivo del laudo.
La controversia también alcanzó a la gobernadora Rocío Nahle García, quien es la presidenta del órgano de gobierno de INVIVIENDA y quién colocó a Pozos del Ángel en la titularidad de la dependencia.
De acuerdo con la información del expediente, la gobernadora fue vinculada al cumplimiento de la sentencia el pasado 14 de octubre bajo advertencia de hacerse acreedora a una multa por incumplimiento.
En 2009, ocho trabajadores fueron despedidos de INVIVIENDA, después de un prolongado litigio, obtuvieron un laudo favorable que condenó al organismo a reinstalarlos y pagarles las cantidades correspondientes.
Sin embargo, la resolución no se ha cumplido; el expediente laboral 187/III/2009-V-VII, radicado en la Junta Especial Número Siete, se convirtió en el escenario de una disputa que ha sobrevivido a distintas administraciones estatales.
Ante la falta de ejecución del laudo, los trabajadores promovieron en 2025 el amparo indirecto 922/2025 ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito, con sede en Xalapa. Aunque inicialmente el juzgado sobreseyó el asunto, los afectados impugnaron esa determinación.
El Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito resolvió el recurso de revisión 5/2026, revocó el sobreseimiento y concedió el amparo.
Según la descripción de la resolución proporcionada por los promoventes, el tribunal estableció que el derecho de acceso a la justicia no quedaría restituido mientras el laudo no fuera cumplido en su totalidad.
Durante el procedimiento, INVIVIENDA habría sostenido que no dispone de espacios para reinstalar a los trabajadores y que realiza gestiones ante la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) para obtener los recursos necesarios.
Pero los trabajadores siguen esperando que se materialice una resolución favorable obtenida después de años de litigio por lo que la falta de espacio o las dificultades presupuestales no pueden darse por suficientes para justificar indefinidamente el incumplimiento de un laudo firme.
La advertencia judicial eleva ahora el costo de mantener esa situación y conforme al apercibimiento referido por los afectados, si no se cumple lo ordenado, podría ejecutarse el medio de apremio consistente en arresto por 36 horas contra el titular del organismo quien es hijo del subsecretario de gobierno José Manuel Pozos.
Cabe mencionar que, los promoventes también señalan que el titular de la Secretaría del Trabajo, Luis Arturo Santiago, estaría interviniendo en actuaciones destinadas a evitar la ejecución del fallo.
El caso de los trabajadores de INVIVIENDA es un ejemplo del constante rechazo de las autoridades de Veracruz a cumplir con laudos laborales desacatando resoluciones judiciales en afectación a trabajadores.
El 28 de octubre será una fecha decisiva para conocer si INVIVIENDA cumple el mandato o si las autoridades judiciales deben avanzar hacia la aplicación de las medidas de apremio advertidas y el hijo del subsecretario termina arrestado y Nahle multada.
