* Lo costoso que resulta ahorrar en elecciones
La Cámara de Diputados tiene sobre la mesa un recorte de cinco mil millones de pesos al presupuesto del Instituto Nacional Electoral. La decisión se presenta como un ajuste razonable: el organismo recibirá menos, pero —según los legisladores— tendrá recursos suficientes para cumplir sus responsabilidades.
El problema es que durante el 2027 el INE no tendrá agenda menor o más ligera.
Deberá organizar la elección federal para renovar la Cámara de Diputados; coordinar 32 procesos locales en los que se elegirán 17 gubernaturas; preparar el inicio del proceso electoral federal judicial, y comenzar los trabajos de las elecciones locales hacia el 2028.
También tendrá que instalar 32 juntas locales, 300 consejos distritales, capacitar funcionarios, instalar casillas, fiscalizar campañas, monitorear medios, y garantizar el voto de una lista nominal que se estima en alrededor de 102 millones de ciudadanos.
No son tareas menores. Tampoco son gastos que puedan desaparecer con una operación contable.
La Comisión de Presupuesto sostiene que el recorte no pondrá en riesgo las funciones del Instituto. Su argumento es que, aun con la reducción, el presupuesto quedaría por encima de los recursos que recibió en 2021 y 2024, actualizados a precios del 2027.
Pero comparar cantidades no resuelve la discusión. Habría que comparar también las responsabilidades, el número de cargos en disputa, las casillas que deberán instalarse, y los procesos adicionales que ahora forman parte de la agenda electoral.
Los cinco mil millones serían reasignados a educación, medio ambiente, aviación y búsqueda de personas. Son rubros que tienen necesidades legítimas. No se trata de cuestionar que reciban recursos, sino de saber si el dinero que se le retira al árbitro electoral verdaderamente no afecta su operación.
El INE debe justificar cada peso que solicita, transparentar sus prioridades y demostrar que no hay gastos prescindibles. La autonomía no significa un cheque en blanco.
Pero la Cámara también tiene la obligación de explicar, con criterios técnicos, cómo puede reducirse ese presupuesto sin debilitar las tareas que la Constitución le encomienda.
Porque una elección no se encarece solamente por el dinero que cuesta organizarla. También puede salir muy cara cuando faltan condiciones para garantizar su certeza.
Ahorrar en las elecciones puede ser legítimo. Ahorrar en la certeza del voto sería otra cosa muy distinta.
Veremos qué ocurre, y si de verdad ocurre.
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Veracruz: fiscalizar no es condenar
Hay cifras que merecen ponerse en contexto antes de convertirlas en argumento.
En la segunda entrega de resultados de la Auditoría Superior de la Federación, correspondiente a la Cuenta Pública 2025, Veracruz registra 137.8 millones de pesos pendientes de solventación, frente a los 7 mil 352.8 millones observados al conjunto de entidades federativas y municipios del país.
Pero hay otro dato que no debería pasar inadvertido: de los mil 592.6 millones inicialmente observados al gobierno estatal, se presentó documentación para atender mil 454.8 millones, es decir, el 91.3 por ciento. El resto continúa en proceso y las dependencias tienen 30 días adicionales para entregar las aclaraciones correspondientes.
Conviene recordar algo que a veces se pierde entre el ruido de la discusión pública: una observación de auditoría no equivale automáticamente a un desvío de recursos. Es un señalamiento que debe aclararse, comprobarse y, en su caso, dar lugar a las responsabilidades que correspondan.
Eso no significa restarle importancia a la fiscalización ni concederle a ninguna administración un cheque en blanco. Significa, simplemente, esperar a que los procedimientos concluyan antes de emitir sentencias. Si el 91.3 por ciento ya cuenta con documentación presentada para su atención, el dato también merece estar sobre la mesa.
Y el contexto financiero tampoco es menor. Veracruz llega a la discusión presupuestal de 2027 con una propuesta de 185 mil 597 millones de pesos, sin nuevos impuestos ni aumentos en las tasas vigentes, y con una ruta de reducción de sus créditos bancarios: de 21 al inicio de la administración a 16 actualmente, con la meta de cerrar el próximo año con 14.
Son decisiones y objetivos anunciados por el gobierno de Rocío Nahle que deberán medirse por sus resultados, pero que forman parte de la discusión sobre cómo sostener el gasto público, atender las necesidades del estado y reducir compromisos financieros.
La responsabilidad de un gobierno no consiste solamente en gastar, sino en explicar cómo y para qué utiliza los recursos. El Gobierno de Nahle ha solventado más del 90 por ciento, y lo hará en su totalidad, se ha informado.
Ni descalificaciones anticipadas ni indulgencias. La última palabra, en materia de fiscalización, corresponde a los resultados definitivos. Lo demás es ruido.
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La apuesta poblana por ir más allá de la gran industria
Puebla tiene una de sus mayores fortalezas económicas en la industria automotriz, pero también uno de sus principales desafíos: evitar que el desarrollo dependa de un solo sector.
En esa lógica se entiende el planteamiento de Alejandro Armenta de impulsar simultáneamente el campo, la industria y los servicios, sin descuidar a las micro, pequeñas y medianas empresas.
La apuesta es que la riqueza que generan las grandes inversiones también alcance a las empresas locales, a los proveedores y, sobre todo, a las familias que dependen de esa actividad.
No es menor que, en medio de un escenario internacional complejo para la industria automotriz, Puebla haya conseguido preservar la estabilidad laboral de Volkswagen mediante un acuerdo entre empresa y sindicato, con la intervención de los gobiernos estatal y federal.
Armenta apuesta por esta gran industria… y su verdadero impacto se medirá también en cuántas empresas, empleos y familias poblanas podrán crecer a su alrededor.
X: @aaguirre_g
