* Trabajadores cuestionan la instalación de equipos detrás de sus computadoras; exigen conocer quién autorizó el sistema y cuánto dinero público se destinó.
Angélica Hernández/ QUE Noticias
Xalapa, Ver., 13/11/2026.- La instalación de cámaras de videovigilancia en oficinas de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) ha generado inconformidad entre trabajadores, quienes consideran que el sistema rebasa las medidas ordinarias de seguridad y se ha convertido en un mecanismo de vigilancia permanente que invade su privacidad.
De acuerdo con los señalamientos del personal, fueron colocadas cámaras con capacidad de movimiento de 360 grados, grabación de imagen y audio; algunas de ellas ubicadas directamente hacia las computadoras y los espacios donde los empleados permanecen sentados durante su jornada laboral.
Los trabajadores cuestionan que la dependencia que encabeza Raquel Bonilla Herrera, haya implementado este sistema sin informarles previamente sobre sus alcances, las razones de su instalación, quién tendrá acceso a las grabaciones y bajo qué criterios se utilizará la información recopilada.
La inconformidad también alcanza la habilitación de un área de monitoreo dentro de las instalaciones, una especie de cuarto de control desde donde se pueden observar las imágenes captadas por los dispositivos distribuidos en el inmueble.
Para los empleados, la combinación de cámaras con visión de 360 grados, captación de audio y un espacio destinado al monitoreo genera inconformidad pues para ellos es claro que no se busca proteger las instalaciones sino mantener bajo observación constante al personal.
Por ello, exigen que la SEV informe quién ordenó y autorizó la adquisición e instalación de los equipos, qué área administrativa estuvo a cargo del proyecto, qué empresa suministró la tecnología y cuál fue el monto total de la inversión, incluida la adecuación del centro de monitoreo.
También demandan conocer si existe un protocolo para el manejo de las grabaciones, cuánto tiempo se conservarán, quiénes tienen acceso a ellas y si existe un aviso de privacidad que informe sobre el tratamiento de las imágenes y voces de los trabajadores.
Lamentaron que la SEV no invierta en rehabilitación del inmueble que tiene goteras, baños en mal estado, sillas y escritorios en deplorables condiciones, pero sí gaste para tener vigilado al personal.
El cuestionamiento tiene sustento en los principios de protección de datos personales que obligan a las instituciones públicas a justificar la finalidad del tratamiento de información, así como a observar criterios de proporcionalidad, legalidad y responsabilidad.
Incluso, la Carta de Derechos de la Persona en el Entorno Digital y su Código de Buenas Prácticas establecen que la videovigilancia en centros de trabajo debe tener una finalidad de seguridad, que los trabajadores deben ser informados sobre su funcionamiento y que las cámaras no deben enfocarse en personas específicas.
La SEV tiene, por tanto, varias preguntas pendientes de responder: ¿qué justifica la instalación de cámaras?, ¿por qué algunos equipos apuntan directamente a las computadoras?, ¿por qué se incorporó la grabación de audio?, ¿quién puede escuchar las conversaciones y revisar las imágenes?
