* Académico, Analista Político y Consultor Media Training
* INE: Entre el escándalo y la desaparición
* Oportunidad del régimen para crear otro instituto*
Entre escándalos que comprometen a personas y que, al mismo tiempo, ponen en entredicho a las instituciones, el INE enfrenta la peor coyuntura política de su historia y que, además de exhibir sus debilidades, lo coloca convenientemente para el régimen en la posición perfecta para ser modificado de raíz.
Las revelaciones sobre presuntas irregularidades, relaciones con proveedores y posibles actos de corrupción durante la gestión de Guadalupe Taddei detonaron una crisis que no puede minimizarse ni justificarse. Si existen responsabilidades, deben investigarse, documentarse y sancionarse. Sin distingos, sin protección política y sin importar de qué administración provengan los involucrados.
Se debe investigar la corrupción, pero no utilizarla para construir una narrativa política que termine colocando bajo sospecha a toda una institución.
A partir del escándalo, el oficialismo comenzó a desplazar la narrativa hacia otro escenario, lo que originalmente tendría que concentrarse en esclarecer las presuntas irregularidades de la administración de Taddei empezó a incorporar una revisión de las contrataciones y actuaciones de autoridades electorales de las últimas décadas.
De manera coordinada, el aparato de comunicación oficial y la presidenta Claudia Sheinbaum han insistido en que el problema viene de mucho antes, que las investigaciones no deben limitarse a la gestión de Taddei y que también hay episodios de la historia electoral que deben revisarse.
¿Es legítimo investigar el pasado? Por supuesto. ¿Deben revisarse todas las contrataciones sospechosas? Sin duda. Pero eso no responde la pregunta fundamental: ¿quiénes son responsables de los hechos que detonaron esta crisis?
La corrupción de ayer no absuelve la de hoy, y la de hoy tampoco convierte automáticamente en corrupto todo lo que ocurrió ayer.
Cuando una controversia compromete a una institución vinculada al poder, una de las posibilidades de respuesta política consiste en ampliar el marco narrativo, trasladar la atención hacia antecedentes históricos y convertir un problema concreto en una discusión general sobre el sistema.
El efecto puede ser significativo: el señalamiento original pierde centralidad, la conversación se dispersa y la responsabilidad específica termina diluida en una historia mucho más extensa.
No afirmo que exista una operación deliberadamente diseñada con ese propósito, porque simplemente, no tengo evidencias de ello, pero sí considero que debemos observar con atención cómo se está construyendo y administrando esta narrativa.
Desde hace tiempo, la transformación del sistema electoral forma parte de la agenda política, la discusión sobre el INE, los organismos públicos locales electorales, sus atribuciones, su estructura y sus mecanismos de integración no es nueva.
Ahora, en medio de una crisis de credibilidad, aparece una oportunidad política para reabrir esa discusión desde una posición distinta: no solamente bajo el argumento de reformar el sistema, sino bajo la justificación de sanearlo.
La posibilidad de que el descrédito acumulado alrededor del INE termine convirtiéndose en el argumento para impulsar una conveniente transformación profunda, incluso su sustitución en la configuración que hoy conocemos.
La secuencia merece atención: primero se exhiben irregularidades; después se amplía el señalamiento hacia las administraciones anteriores; posteriormente se instala la idea de que el problema es estructural y no solamente atribuible a determinadas personas. Finalmente, la transformación institucional puede presentarse como la respuesta necesaria para recuperar la confianza ciudadana.
¿Y qué mejor oportunidad política que construir un nuevo organismo electoral y presentarlo como una conquista del proyecto que hoy gobierna?
No es una conclusión demostrada, es una hipótesis política que merece ser examinada a la luz de las decisiones, las iniciativas y los movimientos que vengan.
Porque tampoco se trata de idealizar al INE, el sistema electoral mexicano tiene pendientes, deficiencias y episodios cuestionables que deben revisarse, pero sería un error histórico desconocer que la construcción de una autoridad electoral autónoma fue resultado de décadas de exigencias ciudadanas, reformas, negociaciones y luchas políticas para reducir la intervención del gobierno en la organización de las elecciones, más aún si las “modificaciones” vinieran del mismo gobierno.
El valor de una institución electoral no está en sus edificios, sus siglas ni en quienes circunstancialmente la dirigen: está en su capacidad de garantizar condiciones de competencia, arbitraje imparcial y certidumbre para todos los participantes, incluidos aquellos que hoy ejercen el poder.
Por eso, la discusión no debería reducirse a si estamos a favor o en contra del INE. La pregunta verdaderamente importante es qué tipo de autoridad electoral queremos para México y, sobre todo, qué garantías tendremos de que quien la controle no termine convirtiéndola en un instrumento de su propio proyecto político.
El oficialismo llegó al poder con un discurso de transformación institucional y combate a la corrupción. Sin embargo, la legitimidad de una transformación electoral no puede descansar exclusivamente en el descrédito de la institución que pretende sustituir, tiene que demostrarse mediante garantías superiores de independencia y pluralidad.
No debemos permitir que el debate se convierta en una competencia para determinar qué administración fue más corrupta. El IFE y el INE fueron resultado de procesos políticos distintos, con aciertos, errores y controversias.
Revisar su historia es legítimo; utilizarla selectivamente para justificar decisiones actuales es otra discusión, una cosa es reformar para mejorar y otra muy distinta es transformar para concentrar.
En política, como sabemos, no siempre importa solamente lo que sucede, sino quién consigue imponer la interpretación de lo sucedido.
Conviene no perder de vista el fondo de esta historia: el problema no es únicamente quiénes pudieron haber incurrido en actos de corrupción dentro del INE. El problema es quién puede terminar capitalizando políticamente esa corrupción y qué institución electoral tendremos después de que pase la tormenta.
Si para combatir la corrupción terminamos debilitando la autonomía del árbitro electoral, quizá hayamos resuelto un escándalo, pero estaremos abriendo un problema mucho mayor para la democracia mexicana.
Los leo…
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*Este artículo se ha construido con información de: Presidencia de la República, Auditoría Superior de la Federación (ASF), INE, El País, La Jornada, El Economista, El Financiero.
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