* LA ‘TRAICIÓN’ DEL EX CONTRALOR
El lunes 23 de febrero de este año, a través de sus redes sociales, la gobernadora Rocío Nahle informó que le había hecho efectiva la renuncia a Ramón Santos Navarro, titular de la Contraloría General del Estado.
“Hoy me ha entregado su renuncia porque va a anotarse… tiene la aspiración de ser titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Tiene un currículum impresionante: doctorados, maestrías y licenciaturas, además de una gran experiencia”, elogió a su amigo Santos Navarro, vecino del puerto de Coatzacoalcos, quien posee una licenciatura en Contaduría Pública y en Derecho por la Universidad Veracruzana (UV), una maestría en Derecho Fiscal por la Universidad del Valle de México y un doctorado en Derecho por la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV). Además, cuenta con una especialidad en Administración Hacendaria Municipal por el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas y fue presidente del Colegio de Contadores del Sur de Veracruz. Su experiencia era sólo en la función pública municipal como ex tesorero y ex contralor del Ayuntamiento del antiguo Puerto México. Tiene registro como abogado ante la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJA) y mantiene su registro contable en la Administración General de Auditoría Fiscal Federal (AGAFF) desde 1991.
“Le quiero agradecer al doctor Ramón Santos Navarro, contralor general del Gobierno del Estado de Veracruz, todo su apoyo y trabajo durante más de un año de ejercicio en este Gobierno de Veracruz”, publicó la mandataria estatal de Morena, quien reiteró que el ex funcionario participaría en el proceso de selección del próximo titular de la ASF.
En efecto, el 24 de febrero, al día siguiente de la confirmación de su renuncia por Nahle, Santos Navarro fue el décimo tercer aspirante a la ASF que se inscribió ante la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para encabezar durante el periodo 2026-2034 el máximo órgano federal de fiscalización.
Sin embargo, nunca tuvo la más remota posibilidad, y finalmente el nuevo auditor de la Federación electo resultó ser también un veracruzano, pero no el contador porteño sino el xalapeño Aureliano Hernández-Palacios Cardel, quien desde 2018 formaba parte de la ASF, donde había ejercido como Director General de Auditoría del Gasto Federalizado “D”. Y previamente se había desempeñado como Director General de Administración en la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE) del Gobierno de la Ciudad de México.
Hernández-Palacios obtuvo 472 votos a favor, y los otros dos integrantes de la terna, Elizabeth Barba Villafán y Luis Miguel Martínez Anzures, solamente recibieron uno y seis votos, respectivamente; 19 cédulas fueron inutilizadas.
En sustitución de Santos Navarro, Nahle perfiló como titular interina de la Contraloría General del Estado a Bárbara Galindo, quien casualmente se desempeñaba como enlace del Gobierno de Veracruz ante la ASF.
La gobernadora adelantó que enviaría al Congreso del Estado a solicitud correspondiente para que Galindo fuera designada formalmente como contralora general. “También ya colabora con nosotros como enlace ante la Auditoría Superior de la Federación. Hemos trabajado un año y tres meses en el Gobierno, ordenando y transparentando un área tan sensible como la rendición de cuentas. Le agradezco mucho a la maestra Bárbara; es relativamente joven, lo que representa un relevo generacional”, concluyó.
Sin embargo, ahora ha trascendido que, en realidad, por la antigua amistad que le une con Ramón Santos, la gobernadora le concedió una salida airosa al ex contralor no obstante el grave desliz político que cometió el contador porteño y que tanto habría irritado a Nahle.
Y es que Santos Navarro, sin consultarlo con su jefa, tuvo el desatino de convenir un acuerdo de “Coordinación Interinstitucional” en materia de transparencia y fiscalización entre el Poder Ejecutivo y el Judicial con la magistrada Rosalba Hernández Hernández, quien desde septiembre del año pasado preside el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE).
El problema es que, desde entonces, tras el resultado adverso de la elección judicial de junio de 2025, la gobernadora ha marcado distancia con la magistrada oriunda de Chicontepec, pues Rosalba no era su candidata para presidir el TSJE sino la magistrada Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, quien a principios de diciembre pasado tuvo que pedir licencia para ser propuesta por Nahle ante la LXVII Legislatura local para encabezar la Fiscalía General del Estado.
De acuerdo con un borrador al que tuvimos acceso, hace tres meses, indebidamente, el contador sureño acordó como punto número 1, “Mecanismos de comunicación Directa entre la Contraloría y la Presidencia del Tribunal Superior” y “Capacitación Conjunta en temas de Control Interno”, incluyendo “Responsabilidades Administrativas y Auditoría, mismos que deberán de coordinarse con el Órgano de Administración Judicial”, que de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial vigente ya no depende de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia.
Como punto número 2, en materia de “Transparencia y Rendición de Cuentas”, se establecía la “Revisión de observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y del Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS) respecto a ejercicios pasados” y proponían “Estrategias conjuntas para solventar observaciones pendientes”.
En el punto número 3, sobre “Control Financiero y Presupuesto” se preveía la “Coordinación para asegurar un uso Eficiente, Transparente y Legal de los Recursos”.
En el punto número 4, referente al “Combate a la Corrupción y Empresas Fantasma”, se proponía el “Establecimiento de filtros para el registro de proveedores y contratistas del Poder Judicial del Estado de Veracruz (PJEV)”, la “Verificación de que sean Empresas Legalmente Constituidas y con domicilio real y Veracruzana”, y “Protocolos de Investigación y Sanción en caso de Irregularidades”.
Y en el punto 5 se convenía una “Agenda de Seguimiento” al “Establecimiento de una Mesa Técnica periódica entre Ambas Instituciones”.
A pesar de contar con un doctorado en Derecho por la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV), el ex contralor Santos Navarro pasó por alto que la recién reformada Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado establece, en su artículo 17, que la Presidencia del Tribunal Superior sólo representa al Poder Judicial ante los otros Poderes del Estado.
Y que en su artículo 226, de la Sección Décima Primera, estipula que “La Dirección de Asuntos Jurídicos es el área de consulta, asesoría y representación legal del Poder Judicial del Estado”, la cual se integra “con una Directora o Director, dos Jefaturas de Departamento, el Consultivo y el Contencioso, así como el personal jurídico y administrativo necesario para el desarrollo de sus funciones”, los cuales no dependen ya de la Presidencia del TSJE que sólo hasta el 31 de agosto del año próximo seguirá a cargo de la magistrada Rosalba Hernández.
