* CUITLÁHUAC, HUGO Y ‘EL TANQUE’
Ahora que acaban de darse a conocer algunas grabaciones que datan de 2023, en las que Jorge Amílcar Olán Aparicio, uno de los contratistas más beneficiados en el sexenio presidencial anterior, habla sobre el presunto vínculo de su hermano Luis Alberto con Iván Cazarín Molina, alias “El Tanque” –señalado en 2024 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como líder de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que controlaba una red de tráfico ilícito de combustible en Veracruz que habría utilizado gasolineras, almacenes y otros establecimientos para distribuir hidrocarburos, incluso con operaciones que llegaban a territorio estadounidense–, algunos se preguntan dónde está Hugo Gutiérrez Maldonado, quien durante cuatro años encabezó la Secretaría de Seguridad Pública del estado en la administración del ex gobernador Cuitláhuac García.
Y resulta que, desde el 1 de julio de este año, don Hugo fue incorporado por su ex jefe al Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas) como coordinador regional de Derechos de Vía, sumándose a otros ex colaboradores de García Jiménez que actualmente ocupan cargos en ese organismo federal. Entre las funciones encomendadas, Gutiérrez Maldonado deberá atender los derechos de vía necesarios para la operación de la red de transporte de gas natural, una de las áreas estratégicas para el funcionamiento de la infraestructura energética del país.
Gutiérrez Maldonado tiene bajo su responsabilidad la Coordinación Regional con sede en Monterrey –su terruño natal–, desde donde atenderá asuntos relacionados con los estados de Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, Durango, San Luis Potosí, Aguascalientes y el norte de Veracruz, principalmente Poza Rica y Tuxpan, regiones asediadas en la actualidad por criminales de la llamada “Mafia Veracruzana”, que en este sexenio se han desplazado hasta Coatzacoalcos, disputándole los territorios del sur de la entidad al CJNG.
A mediados de marzo de este año, el columnista Héctor de Mauleón, de El Universal publicó que “documentos de la propia Sedena filtrados en 2022 por hacktivistas de Guacamaya –en instancias de seguridad crece la certeza de que esos documentos fueron filtrados en realidad por agencias de seguridad del gobierno de Estados Unidos–, revelaron que el entonces gobernador del estado, Cuitláhuac García, había apoyado la entrada en la entidad del Cártel del Noreste”.
“Servicios de inteligencia del Ejército mexicano reportaron ese año (2022) que el Cártel de Noreste se había asentado en Veracruz bajo la protección de agentes y funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública, la Policía Estatal y la Fuerza Civil del gobierno de García”, cuyo jefe policiaco era Gutiérrez Maldonado.
“Esto –afirmó De Mauleón– habría agravado la crisis de violencia que, durante el sexenio siguiente, el de la morenista Rocío Nahle, no ha hecho sino arreciar, y sobre la cual la gobernadora ha guardado silencio de manera sistemática.
“Con amplio dominio del territorio veracruzano, el Cártel Jalisco activó una serie de células violentas para rechazar al Cártel del Noreste, al Cártel del Golfo, al Grupo Sombra, a los Zetas Vieja Escuela y a grupos procedentes de Sinaloa, a fin de evitar que se les despojara de negocios como el del tráfico de huachicol, el tráfico de drogas y el tráfico de personas.”
Y reseñó que a principios de marzo de este año aparecieron hombres armados en un video que fue ampliamente difundido en redes sociales anunciando el debut del Grupo Cobra, supuestamente financiado por empresarios locales “cansados de extorsiones, secuestros y asesinatos”, cuyo objetivo sería enfrentar al crimen organizado en Coatzacoalcos y otras regiones de Veracruz, como Minatitlán y Cosoleacaque.
El columnista de El Universal apuntó que, según le reportaron fuentes de inteligencia federal, la irrupción del supuesto Grupo Cobra en el sur de Veracruz “se da en momentos en que a las instancias de seguridad del gobierno de Nahle se han sumado mandos que fueron vinculados con el crimen organizado desde los tiempos del ex gobernador, hoy en prisión, Javier Duarte”.
De Mauleón consignó que “el Inegi ha registrado un notorio incremento en la percepción de inseguridad entre los habitantes de Veracruz”, destacando Coatzacoalcos, la tierra adoptiva de la gobernadora Nahle, donde esta percepción pasó de 68.3 en 2024 a 75.8 en 2025. Y añadió que esa población, que el 13 de marzo pasado vivió el terror del hallazgo de cuatro bolsas con restos humanos cercenados arrojados sobre la avenida Río Bravo, bajo el puente Coatzacoalcos I, “convive ahora con los protagonistas del video que acaba de sacudir a México”.
El autor de la columna política En Tercera Persona se refirió a la viralización en redes sociales de “uno de los videos más crudos del crimen organizado” que “cimbró a Coatzacoalcos”, donde presuntamente habría sido grabado.
“No lo describo aquí, y ni siquiera hay forma de describirlo. Lo que está ahí es el infierno, el mal en estado puro”, dice De Mauleón, quien comenta que el video generó terror no sólo en el sur veracruzano sino en el país entero. “Contiene todo lo que pudo ocurrir en cada uno de los casos de desmembramiento ocurridos en los últimos tiempos en Veracruz: personas aterrorizadas implorando clemencia, mientras encapuchados provistos de uniformes tácticos los descuartizan en vida”.
El columnista señala que “en ninguno de los casos se reportaron detenciones”. En ninguno de estos hubo pronunciamientos por parte de Rocío Nahle, gobernadora de un estado infestado por terribles niveles de violencia, ni de las instancias de seguridad.”
“Lo que hemos visto en el video recién viralizado no parece tener existencia alguna dentro de la esfera, dentro del discurso oficial. Porque en Veracruz no hay Ejército, Marina, Guardia Nacional ni Omar García Harfuch que valgan”.
Escasos tres meses después, la madrugada del 2 de junio, se viralizó otro video: el del secuestro de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, quien fue sacada de su vivienda, en Ixhuatlán del Sureste, por un grupo de al menos tres hombres armados y encapuchados que irrumpieron por la fuerza mientras ella grababa el momento con su celular.
La semana pasada, García Harfuch –quien ayer, en la conferencia antidrogas que se realiza en Buenos Aires, Argentina, fue elogiado por el director de la DEA, Terrance Cole, refiriéndose a él como “un socio de confianza” y “buen amigo de Estados Unidos”– informó sobre un noveno detenido por el asesinato de la comunicadora identificado como Sergio “N”, alias “El Búho”, supuesto coordinador operativo de un grupo delictivo al que le fueron aseguradas armas de fuego, cargadores, cartuchos y otros indicios, así como equipos de comunicación.
Aunque no detalló el grupo criminal al que pertenece, dijo que entre los otros ocho detenidos previamente por la Fiscalía General del Estado de Veracruz se encontraban un líder del Grupo Sombra, conocido también como Mafia Veracruzana, así como policías municipales de Ixhuatlán del Sureste
A principios de julio, la Fiscalía Estatal confirmó el hallazgo del cuerpo de la periodista, la cual fue calcinada en un rancho del municipio de Moloacán, 24 días después de su secuestro.
José del Carmen Cadena, alias “Delta 7”, fue uno de los arrestados en Coatzacoalcos que habría revelado el sitio donde fue asesinada Roxana Guzmán, lo que posibilitó su localización. Las autoridades acreditaron que el homicidio de la reportera fue producto de un grupo criminal con división de tareas. Tres de los detenidos fueron acusados por participar directamente en la privación ilegal de la libertad de la mujer: Javier Iván, alias “Delta 1” y líder del Grupo Sombra; José del Carmen Cadena, alias “Delta 7” y Luis Arturo, alias “Delta 11” o “El Pelón”. De acuerdo con las autoridades, los tres hombres actuaron en complicidad con Karen Monserrat, alias “La Hiena”, en el homicidio posterior de la comunicadora.
Los otros cuatro detenidos restantes fueron identificados como Julio César “N”, Luis Enrique “N”, Juan Carlos “N” e Ismael “N”, quienes al momento de los hechos se desempeñaban como policías municipales de Ixhuatlán del Sureste y que presuntamente proporcionaban recursos, alimentos y apoyo logístico a las operaciones del grupo delictivo.
El pasado 9 de agosto, la LXVII Legislatura de Veracruz aprobó el desafuero del alcalde de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, luego de que la Fiscalía estatal lo implicó en la investigación del asesinato de la periodista. Las autoridades lo señalan por su presunta participación en la orden de secuestro de la periodista porque supuestamente tenía en su poder una fotografía en la que el edil de Movimiento Ciudadano aparecía portando supuestamente un arma de fuego de alto calibre.
Sin embargo, previo a la sesión legislativa de su desafuero, el alcalde de oposición dijo que las indagatorias en su contra se basaban en una fotografía realizada con inteligencia artificial y recordó que desde el inicio de su administración comenzaron a circular imágenes realizadas con IA donde se le observaba con armas.
Además, dijo que, aunque conoció a la periodista, jamás tuvieron algún tipo de comunicación: “Nunca crucé palabras, nunca tuve una relación con ella y soy el primer interesado en que esto se resuelva por el bien de la familia y de mi familia”, comentó.
Pero los ex jefes policiacos que dejaron entrar y operar a los grupos criminales que siguen desangrando a Veracruz, despachan ahora tranquilamente en otros cargos estratégicos del gobierno federal.
