* La torre que sí estorba… y la que nadie se atreve a tocar
Las ciudades hablan. Sus calles cuentan historias y sus edificios delatan a quienes las gobiernan. Basta recorrer el malecón de Veracruz para encontrar dos monumentos que representan dos caras del poder: uno abandonado por la burocracia y otro protegido por la impunidad.
La buena noticia es que, finalmente, alguien decidió mirar hacia el primero.
La gobernadora Rocío Nahle García y el secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil, anunciaron su intención de solicitar a Petróleos Mexicanos la entrega de la antigua Torre de Pemex para rehabilitarla e incorporarla al patrimonio activo del Estado. La iniciativa merece reconocerse porque rompe con una vieja costumbre de los gobiernos mexicanos: dejar que los edificios públicos se conviertan en ruinas mientras los discursos oficiales hablan de progreso.
La llamada Torre de Pemex no es cualquier inmueble. Durante décadas formó parte del paisaje más representativo del puerto de Veracruz. Antes fue sede del Banco Nacional de México; después albergó oficinas de Petróleos Mexicanos. Hoy permanece como un gigante vacío, víctima del abandono institucional.
Pero su valor trasciende el cemento.
Fue diseñada por el arquitecto Enrique Segarra, uno de aquellos republicanos españoles que llegaron a México huyendo de la dictadura franquista y encontraron aquí un país dispuesto a recibir talento en lugar de perseguir ideas. Quienes fuimos sus alumnos en la Facultad de Periodismo de la Universidad Veracruzana sabemos que hablaba de arquitectura como quien habla de la historia viva de los pueblos. Para Segarra, un edificio no era solamente una construcción: era una expresión cultural.
Por eso rescatar esa torre significa mucho más que reparar muros; significa rescatar una parte de la memoria urbana de Veracruz.
Sin embargo, toda buena intención tropieza con una pregunta inevitable.
¿Por qué unos edificios sí preocupan al poder y otros parecen gozar de inmunidad permanente?
A menos de cien metros de distancia permanece otro edificio que se ha convertido en el verdadero símbolo de los privilegios políticos en Veracruz: la conocida Torre Yunes.
Ahí sigue.
Intacta.
Desafiando gobiernos.
Desafiando autoridades.
Desafiando incluso al sentido común.
No hace falta rebuscar en la memoria. Fue el propio presidente Andrés Manuel López Obrador quien anunció públicamente que aquella construcción sería revisada y que se analizaría la posibilidad de retirar los pisos edificados fuera de autorización. Parecía el inicio de una decisión ejemplar.
Todo quedó en palabras.
Ni desaparecieron los pisos.
Ni hubo intervención.
Ni alguien explicó qué ocurrió.
La torre continúa levantándose frente al malecón con la tranquilidad de quien sabe que en México las promesas presidenciales también prescriben.
Ese edificio terminó convirtiéndose en algo mucho más grave que una controversia urbanística. Es un monumento de concreto a la selectividad de la ley.
Porque cuando un ciudadano común invade unos centímetros de banqueta, aparecen inspectores, clausuras y multas. Pero cuando el asunto involucra a personajes con apellido político, la autoridad desarrolla una extraña alergia a aplicar el reglamento.
Eso erosiona mucho más que la imagen urbana.
Erosiona la credibilidad del Estado.
Por eso el rescate de la Torre de Pemex representa una oportunidad que el Gobierno de Veracruz no debería desperdiciar. No solamente porque devolvería vida a uno de los edificios más emblemáticos del puerto, sino porque enviaría un mensaje de que los espacios públicos pueden recuperarse para beneficio colectivo.
Pero ese mensaje quedará incompleto mientras continúe pendiente el otro símbolo del malecón.
La ley no puede aplicarse con brújula política.
No puede distinguir entre edificios amigos y edificios incómodos.
La autoridad no recupera legitimidad inaugurando restauraciones mientras mantiene intactos los monumentos a la impunidad.
Veracruz necesita rescatar su patrimonio arquitectónico, sí.
Pero necesita rescatar algo mucho más importante: la certeza de que la ley vale exactamente lo mismo para quien construye una casa de interés social que para quien levanta una torre con influencias.
Porque los edificios también tienen memoria.
Y la ciudadanía, aunque algunos gobernantes lo olviden, también.
La Torre de Pemex se cayó por abandono; la otra sigue de pie porque en Veracruz hay estructuras mucho más resistentes que el concreto: los privilegios políticos y la impunidad.
