* Jalisco: Red de abogados, ligada con presuntos fraudes, despojos y lavado
Una red de abogados de Jalisco es investigada por fraudes con juicios laborales, despojo de tierras, bienes inmuebles, ligas con el crimen organizado y lavado de dinero. Se trata de los litigantes Leopoldo Castellanos y Héctor Alaín, quienes han incurrido en presuntos fraudes en la Junta de Conciliación y Arbitraje de esa entidad al reactivar juicios laborales para obtener beneficios económicos. A Castellanos se le vincula con el capo Nazario Ramírez Ramírez, detenido en octubre último; en junio de 2024 fue atacado a tiros en la plaza Andares de Zapopan, Jalisco, cuando comía en un restaurante. Fue por esos escándalos que se abrió un expediente en Estados Unidos –VIRG-7348/A-FC/2023 –el cual está radicado en una Corte de Virginia, Illinois. En México, el caso está siendo investigado por autoridades federales.
Autoridades federales e incluso la Agencia Antidrogas Norteamericana (DEA), por sus siglas en inglés, investigan una amplia red de litigantes en Jalisco ligada a despojos de tierras, bienes inmuebles, fraudes con juicios laborales y ligas con el crimen organizado.
De acuerdo con los informes obtenidos, a dicha red pertenece un despacho encabezados por los abogados Leopoldo Castellanos, Héctor Laín y Salvador Caro, a quienes a su vez vincularon con el presunto narcotraficante y líder sindical Nazario Ramírez, relacionado con el Cártel de Jalisco Nueva Generación, detenido el pasado 14 de octubre por autoridades federales.
Sin embargo, otras fuentes de la Fiscalía General de la República (FGR) refieren que no está del todo claro que Nazario Ramírez sea un capo del CJNG, como públicamente se ha señalado, sino que su vínculo provendría de la relación sentimental que mantenía con la hermana del abogado Leopoldo Castellanos Torres –investigado dentro y fuera de México –por estar presuntamente implicado en despojos de terrenos y casas; juicios laborales fraudulentos en la Junta de Conciliación y Arbitraje de Jalisco. Son de tal magnitud sus oscuras actividades que incluso la DEA lo investiga desde hace buen tiempo por varios delitos, entre otros por presunto lavado de dinero, de acuerdo con el expediente VIRG.7348/A-FC/2023, radicado en Virginia, Illinois.
Lo trascendente de los abogados citados es que todos ellos participaron en la campaña de la excandidata de MORENA al gobierno de Jalisco, Claudia Delgadillo, quien perdió las elecciones –después de un largo litigio y revisión –frente a Pablo Lemus, actual gobernador, personaje que a través del excuñado de Enrique Alfaro –Rafael Martínez Ramírez –ejercían el tráfico de influencias en el Poder Judicial para afectar o beneficiar a amigos, compadres y presuntos cómplices, según una larga historia contada en el libro “El Amo de Jalisco”, editorial Inefable, publicado en 2023.
Los reflectores contra Castellanos Torres se encendieron con mayor intensidad luego de que el litigante sufriera un atentado en la Plaza Andares de Zapopan, Jalisco. Enemigos suyos o personas afectadas por sus triquiñuelas lo quisieron asesinar por venganza. Aquella balacera se desató el 6 de junio de 2024, cuando Castellanos comía en un restaurante de ese centro comercial. A parecer varios gatilleros lo ubicaron y, como ya le seguían los pasos por sus negros antecedentes, quisieron privarlo de la vida, pero fallaron.
Juicios laborales, una sucia historia
A nivel federal ha trascendido que las autoridades tienen bajo estricta observación –y presuntamente bajo investigación –al despacho que encabezan los litigantes Leopoldo Castellanos y Héctor Alaín, como probables operadores de una trama de corrupción en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del estado de Jalisco.
Como se dijo líneas arriba, se les acusa de operar despojos de tierras, residencias y de reactivar juicios pasados para defraudar a empresas.
Y es que un número considerable de abogados de Jalisco dieron a conocer un ramillete de irregularidades mediante la reactivación de expedientes en el rubro laboral que están en poder de las Juntas de Conciliación y Arbitraje de Jalisco, organismos que oficialmente dejaron de operar en el año 2022.
Muchos expedientes –sostienen las quejas y denuncias –están siendo actualizados con documentos irregulares, con fechas falsas y hasta papeles apócrifos. Es toda una trama que implica también a jueces ligados al negocio.
Uno de los denunciantes de estas operaciones fraudulentas es el abogado César Magallán. En diversas publicaciones ha dicho que el modo de operación consiste en certificar que un expediente anterior a octubre de 2022 se extravió ; luego, reponen el procedimiento para favorecer intereses particulares, lo que ha abierto la puerta a múltiples fraudes. Así se manipulan los juicios y los fallos se obtienen a conveniencia.
Esta trata fraudulenta –atribuida al despacho de los abogados Leopoldo Castellanos y Héctor Alain, entre otros –ya causó daños millonarios a una empresa.
Esta es la historia:
Resulta que uno de los casos más escandalosos implica a una empresa a la que mediante estas maniobras le retiraron de sus cuentas poco más de doce millones de pesos de sus cuentas bancarias. Esto ocurrió en septiembre de 2023.
El monto supuestamente tenía que ver con una demanda laboral interpuesta por ocho personas que, según ellos, fueron despedidos injustificadamente. Sobre la demanda, los propietarios de la compañía argumentaron que nunca fueron notificados de la misma.
Según los antecedentes, la demanda se presentó en el año 2020 ante la Décima Tercera Junta Local de Conciliación y Arbitraje, pero los documentos del juicio fueron reactivados después del 2022. Para entonces la dependencia había dejado de operar.
Según se pudo saber, el procedimiento carece de firmas auténticas. El caso siguió su curso en rebeldía, bajo una dirección falsa ubicada en Guadalajara, Jalisco.
No fue todo: al revisar los documentos, los abogados de la empresa descubrieron que las identidades tanto del dueño como la de los empleados fueron suplantadas.
Se ignora si tarde o no, pero lo cierto es que la empresa afectada interpuso el amparo correspondiente y detectó, por otra parte, que los supuestos trabajadores –se infiere que los abogados que reactivaron el caso usaron a cómplices suyos –cobraron ocho cheques con identificaciones falsas. Algunos empleados denunciaron sus datos y nombres fueron usados sin su consentimiento.
Es por ello –y otras razones –que autoridades federales y otras responsables de la persecución de delitos siguen los pasos de los abogados del despacho jurídico encabezado por Leopoldo Castellanos y Héctor Alaín, quienes están señalados de estar detrás de esta trama de presunta corrupción en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del estado de Jalisco. También son señalados de operar despojos de bienes inmuebles.
Hasta donde se pudo indagar, las investigaciones siguen abiertas por los hechos arriba narrados, así como por la presunta relación con Nazario Ramírez Ramírez, presunto miembro de la delincuencia organizada detenido apenas en octubre último.
