* Sinaloa: El entramado criminal de Rocha Moya: socios y familiares, en la red de lavado
Ciudad de México| martes, mayo 2026.- A través de una red de empresas, muchas de ellas presuntamente fantasma, el gobernador con licencia de Rubén Rocha Moya habría participado en operaciones de lavado de miles de millones de dólares en complicidad con sus hijos, quienes, según diversas versiones e informes, operaban junto con la facción de Los Chapitos esquemas de blanqueo de capitales provenientes de la comercialización de fentanilo.
A esa red se sumarían operadores de la llamada estructura de La Chapiza —encabezada por Iván Archivaldo Guzmán y Jesús Alfredo Guzmán— para recolectar millones de dólares que posteriormente eran invertidos en empresas y negocios en México, así como utilizados para la adquisición de criptomonedas, consideradas actualmente una de las nuevas modalidades de lavado de dinero.
Por otra parte, informes provenientes de Washington sostienen que Rocha Moya y otros coacusados ya serían buscados a nivel internacional por Interpol, en el marco de una estrategia del gobierno de Donald Trump orientada a llevar ante la justicia estadounidense a esta presunta red vinculada al narcotráfico y al financiamiento criminal, pese a la resistencia del gobierno mexicano, que hasta ahora se ha negado a extraditar a una decena de presuntos narcopolíticos ligados al Cártel de Sinaloa.
El gobernador con licencia de Rubén Rocha Moya habría construido una estructura política, criminal y empresarial destinada al lavado de millones de dólares a través de múltiples compañías vinculadas a la facción de Los Chapitos, de acuerdo con presuntas investigaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Según el esquema elaborado por grupos de inteligencia de la CIA, DEA y FBI, el principal enlace de Rocha Moya con la célula de Los Chapitos —encabezada por Iván Archivaldo Guzmán y Jesús Alfredo Guzmán— habría sido Enrique Inzunza, quien fungió como secretario General de Gobierno en Sinaloa. Posteriormente fue impulsado como senador de la República y era considerado como posible sucesor de Rocha Moya en la gubernatura de Sinaloa para 2027.
Otro de los operadores señalados sería el general retirado Gerardo Mérida Sánchez, a quien diversas versiones atribuyen presuntas responsabilidades en levantones, asesinatos, desapariciones y persecución de rivales de Los Chapitos. Mérida Sánchez habría sido recomendado —o impuesto— como jefe de seguridad de Sinaloa por Audomaro Martínez Zapata, ex titular del Centro Nacional de Inteligencia durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
De acuerdo con las acusaciones referidas en Estados Unidos, Rocha Moya habría destinado cientos de millones de pesos a la construcción de sofisticados sistemas de riego en zonas dominadas por el grupo de Los Chapitos en Sinaloa. A ello se suman señalamientos relacionados con una red de empresas operada en colusión con sus hijos para lavar miles de millones de pesos presuntamente provenientes de las ganancias obtenidas por el tráfico de fentanilo.
En total, serían nueve las empresas manejadas por los hijos de Rocha Moya. Tan sólo en facturas canceladas se habría registrado una suma superior a los 124 millones de pesos. Entre las compañías investigadas figura la constructora Chocosa S.A. de C.V., cuyos propietarios son Rubén y Ricardo Rocha Ruiz, hijos del mandatario sinaloense. La empresa habría incurrido en diversas irregularidades fiscales ante el SAT, incluyendo presuntos vínculos con empresas fantasma y facturación cancelada por más de 136 millones de pesos.
Las investigaciones habrían detectado que dicha empresa, pese a registrar ganancias millonarias, mantenía su domicilio fiscal en una vivienda de interés social ubicada en la colonia Rancho Contento, en Culiacán, Sinaloa. Desde ese punto habría recibido más de 400 millones de pesos entre 2017 y 2020. Asimismo, las indagatorias estadounidenses identificaron transferencias millonarias, vínculos con entidades acusadas de emitir facturas apócrifas e inconsistencias fiscales en las declaraciones tributarias.
El historial de facturación cancelada indicaría además que la empresa anuló de manera sistemática más del 33 por ciento de las facturas emitidas durante 2019. También se detectaron presuntos nexos con factureras y operaciones simuladas, en una red empresarial donde aparecen involucradas Construcción y Diseño Nueva Era, Comercializadora Vigía del Pacífico, Bechuma, Grupo Total Más y Compañía y Asesores en General V.V.
En paralelo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la OFAC, habría acusado a una docena de personas y empresas vinculadas con la introducción de dinero del narcotráfico al circuito legal mediante negocios y operaciones con criptomonedas. Según el organismo estadounidense, dichas redes operaban desde restaurantes hasta complejos esquemas financieros asociados al lavado de dinero del Cártel de Sinaloa.
En su comunicado, la OFAC identifica como uno de los líderes operativos en Sinaloa a Armando de Jesús Ojeda Avilés, presunto integrante de la facción de Los Chapitos e involucrado en la recaudación de grandes cantidades de efectivo en Estados Unidos provenientes de la venta de fentanilo y otras drogas. Según el documento, Rocha Moya y varios exfuncionarios más serían investigados por delitos relacionados con narcotráfico y lavado de dinero, e incluso existirían solicitudes internacionales de localización y captura.
Tras la recolección de efectivo en Estados Unidos, el dinero habría sido convertido en criptomonedas o invertido en empresas vinculadas al grupo criminal encabezado por Los Chapitos. Entre las entidades señaladas aparecen Grupo Especial Mamba Negra y el restaurante Gorditas Chiwas, ubicado en Chihuahua, cuyos propietarios serían presuntos prestanombres al servicio del Cártel de Sinaloa.
Otro de los entramados criminales señalados estaría encabezado por Jesús González Peñuelas, acusado de mover millones de dólares en efectivo y utilizar negocios en México para blanquear capitales ilícitos, además de participar en la distribución de drogas ilegales. Las autoridades estadounidenses ofrecen una recompensa de cinco millones de dólares por información que conduzca a su captura.
Las designaciones contra personas y empresas formarían parte de una investigación coordinada por la Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional y la Administración para el Control de Drogas (DEA). Paralelamente, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) habría procedido recientemente al congelamiento de cuentas bancarias vinculadas a Rocha Moya, sus hijos y empresas familiares, por presuntas operaciones relacionadas con lavado de dinero de Los Chapitos.
No obstante, la medida generó cuestionamientos debido a que el congelamiento de cuentas se anunció días después de que las autoridades estadounidenses enviaran solicitudes de captura con fines de extradición contra Rocha Moya y nueve coacusados más, señalados en un expediente radicado en la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York como integrantes de una estructura criminal vinculada al Cártel de Sinaloa.
La presidenta Claudia Sheinbaum declaró en una de sus conferencias matutinas que Estados Unidos ha rechazado más de doscientas solicitudes de extradición realizadas por México, entre ellas la del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Sin embargo, el gobierno mexicano enfrenta una creciente presión política y diplomática derivada del caso Rocha Moya y de la presunta red acusada de fomentar el tráfico de drogas y el lavado de dinero.
