* Megafarmacia, un elefante blanco
Además de los graves problemas de violencia, presuntas ligas con el crimen organizado, tráfico de fentanilo, huachicol fiscal, corrupción de gobernadores y desvío de fondos públicos a paraísos fiscales, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador arrastró, hasta el final de su sexenio, otro pendiente: la escasez de medicamentos.
Supuestamente debido a la corrupción que en el sector de los medicamentos dejó el gobierno de Enrique Peña Nieto, López Obrador tuvo el desacierto de romper todo el esquema de distribución de medicinas en hospitales y farmacias; los padres de familia con hijos enfermos de cáncer se siguen quejando hasta la fecha de la falta de medicinas, tampoco hay suficientes instrumentos para realizar diálisis a pacientes en fase terminal por problemas renales. Los enfermos de diabetes padecen para conseguir insulina, sobre todo los que dependen todos los días de esa sustancia para estabilizar la glucosa.
Debido a la escasez de medicamentos, el gobierno de López Obrador –uno de los más corruptos de los últimos tiempos –ordenó la construcción de una Megafarmacia y ofreció que tendría medicamentos de todo el mundo para que la gente pudiera adquirirlos con descuentos.
Sin embargo, la llamada Megafarmacia, ubicada en Huehuetoca, Estado de México, es hoy un elefante blanco a pesar de que se hizo una inversión multimillonaria para adquirir el terreno, construirla con una vida útil, según se dijo durante el sexenio anterior, de treinta años.
Sin embargo, el proyecto a resultado una trituradora de dinero público. A la fecha, en la Megafarmacia el Gobierno Federal lleva invertidos 17 mil 635 millones de pesos y, lo peor, es que carece del surtido necesario de medicinas para abastecer la demanda. En resumen, ese proyecto es actualmente un elefante blanco, un fracaso más del gobierno de la llamada Cuarta Transformación, como lo fue también El Tren Maya, el Tren Interoceánico y el Aeropuerto Felipe Ángeles. Todas estas obras, en algún momento vistas como emblemáticas, siguen causando pérdidas multimillonarias porque no son rentables.
El sobregiro de la Megafarmacia significa que se le han invertido algo así como 6 mil 853 millones de pesos más de lo calculado en el año 2024, cuando comenzó a operar.
El presupuesto que se dispuso contempló la adquisición de un terreno y bodegas; también el acondicionamiento y mantenimiento de instalaciones. La Megafarmacia enfrenta serios problemas, entre otros, un socavón que hasta ahora no ha sido reparado por la empresa Birmex. El agujero de enormes dimensiones, de acuerdo con información publicada por el diario “El Universal”, fue cubierto con desechos de materiales de construcción, es decir, con cascajo.
El abasto de medicamentos fue uno de varios problemas y/o pendientes que heredó López Obrador, además de la violencia, la colusión de políticos con el crimen, negocios al amparo del poder, sobre todo los que realizan los hijos del expresidente, entre ellos, Andrés López Beltrán, “El Andy”, a quien se acusa de estar ligado al huachicol fiscal; también tiene presuntas ligas con el crimen organizado, aunque no se han hecho públicas las carpetas de investigación. Tampoco se sabe si la Fiscalía General de la República (FGR) lo investiga por algunos delitos. Lo cierto es que al “Andy” López Beltrán le urge tener fuero.
En una entrevista que se difundió en las redes sociales, “El Andy” negó estar relacionado con negocios como huachicol fiscal y dijo que todo eso forma parta de una guerra sucia o campaña de desprestigio de la derecha, pues quieren que el gobierno de Estados Unidos intervenga en los asuntos políticos de México. El hijo del exmandatario tabasqueño es ahora aspirante a una diputación federal por un distrito de Tabasco, donde ya realiza actos anticipados de campaña con la complacencia del INE, que no lo ha llamado a cuentas a pesar de las denuncias que han interpuesto varios partidos políticos ante ese órgano electoral.
López Obrador, siendo presidente, fue acusado públicamente de tener líneas de entendimiento con el cártel de Sinaloa. Además, solapó la corrupción y las relaciones de ese cártel con el gobernador sinaloense, Rubén Rocha Moya, quien lleva tres meses en calidad de gobernador con licencia debido a que Estados Unidos solicitó su captura con fines de extradición, pues se le acusa de tráfico de drogas, armas y lavado de dinero junto con el senador Enrique Inzunza –quien cobra sin trabajar –y ocho exfuncionarios más que ya son considerados por las autoridades de Estados Unidos como prófugos de la justicia.
Hasta antes de enfrentar la guerra entre sus propias facciones, el cártel de Sinaloa era un grupo criminal sólido. Bajo el liderazgo de Ismael “El Mayo” Zambada, el cártel tenía cuatro bloques: El que encabezaba Zambada García –sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos –; el que lideran Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán, “Los Chapitos”, y el que opera Aureliano Guzmán “El Guano”.
La disputa interna en el cártel de Sinaloa surgió en septiembre de 2024, cuando Ismael Zambada García, “El Mayo”, fue secuestrado, maniatado y llevado a un avión que lo puso en Estados Unidos. La operación la hizo Joaquín Guzmán López. El hijo de “El Chapo” se trepó al avión y llevó a Zambada como premio, lo entregó y se entregó él también.
Zambada fue sentenciado a cadena perpetua, negoció la pena de muerte y pidió una cárcel con hospital. Todo se le concedió. A cambio de qué? Presuntamente a cambio de información. Ovidio Guzmán y su hermano Joaquín están acogidos a un programa de testigos protegidos.
Pese a todo esto, la guerra en Sinaloa continúa entre “El Mayito Flaco”, hijo de Zambada García y “Los Chapitos”. Esta guerra ha dejado miles de muertos y desaparecidos.
Sin embargo, los responsables de esas masacres siguen impunes. Es el caso de Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza y otros exfuncionarios –con excepción de dos que se entregaron en Estados Unidos –que son protegidos por el Gobierno Federal, pues no conviene que hablan ante las autoridades estadunidenses, pues se destaparía la cloaca de corrupción y vínculos con el crimen organizado.
