* Turismo electoral: La estrategia criminal para ganar elecciones
La polémica sobre algunos perfiles de candidatos a puestos de elección popular, que iban a ser auditados por el INE, parece haber quedado atrás. Todo se redujo a que serán los partidos políticos los responsables de solicitar –a voluntad de sus dirigentes –información sobre antecedentes de sus candidatos, cuentas bancarias, vínculos criminales o relaciones con cárteles del narcotráfico. Pero nada es obligatorio, lo que explica que no existe voluntad política de transparentar el historial de candidatos a diputados, senadores, gobernadores, alcaldes, entre otros.
Lo único cierto en este caso es que el crimen organizado tiene tolos los instrumentos –dinero, armas, candidatos y el aparato de la violencia –para imponer su voluntad en muchas regiones del país donde el junio de 2027 se van a elegir gobernadores, legisladores locales y federales, así como alcaldes.
El INE no tiene facultad legal ni los medios propios para investigar directamente a personas, por lo que no realizará indagatorias autónomas sobre vínculos criminales. Lo que hará es coordinar y solicitar informes a otras instituciones de seguridad del Estado.
Lo que sí hizo el INE fue instalar la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas para revisar perfiles del Proceso Electoral Federal 2026-2027 y se apoyará en instancias como la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el Centro Nacional de Inteligencia y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Otro dato: La revisión de los expedientes (de los candidatos) depende de que los partidos políticos envíen de forma voluntaria las listas de sus aspirantes para que las autoridades revisen antecedentes. Pero no están obligados por ninguna ley.
Sin embargo, el crimen organizado parece ya estar preparado para intervenir en las elecciones del 2027. Sin duda, los jefes y operadores de los cárteles querrán mantener sus cotos de poder en diversos estados que resultan clave para sus fines aviesos.
Pero más allá del financiamiento y de que impongan a sus candidatos –porque los tienen –lo grave es que disponen de una estrategia que les ha resultado exitosa en otros tiempos electorales, como en el 2018, 2021, 2024 y que repetirán, sin duda en el 2027.
Se trata del llamado “turismo electoral”. Es el movimiento de personas de distintos estados y municipios. Miles de ciudadanos son llevados, previo pago, a vivir a cientos de municipios; les asignan vivienda o bien los acomodan en casas de sus propios familiares. Una vez que acreditan su domicilio, proceden a tramitar credenciales de elector ante el INE. Por ejemplo, si una persona es de Guerrero y se la llevan a Michoacán puede votar en el segundo estado si dispone de una credencial del INE. Luego de ejercer su voto en favor de algún candidato del crimen organizado, se regresa a su lugar de origen.
De esta manera, los cálculos que realizan los candidatos “buenos”, por decirlo así, resultan fallidos debido al avasallamiento que ejercen en la votación las personas contratadas por el crimen organizado. De esa forma, mantienen el control político y territorial en cientos de municipios donde se apropian del erario, la obra pública; disponen de las policías municipales para ponerlas al servicio de las células de diversos cárteles y, posteriormente, empiezan a delinquir. Secuestran a ciudadanos, cobran derecho de piso, imponen su ley obligando a los comerciantes a subir el precio de los comestibles y productos imperecederos con el objeto de que los comerciantes obtengan más ganancias y así puedan pagarle la cuota al crimen.
Esto ocurre en todo el país y las autoridades lo saben. Pero hasta ahora nada han podido hacer para impedir el llamado “turismo electoral”, un arma letal del crimen organizado para ganar elecciones en territorios que desean mantener capturados.
Este fenómeno se ha visto en Morelos, Veracruz, Tabasco, Campeche, Quintana Roo, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Sonora, Sinaloa, entre otros estados, donde operan grupos criminales de alto nivel que mantienen cotos de poder a través de los candidatos que impusieron en estados y municipios.
Actualmente, el crimen organizado controla el 95 por ciento de los Ayuntamientos del país. Hay entidades como Morelos –tiene 36 municipios – donde al menos la mitad están encabezados por alcaldes vinculados a la delincuencia. Y esos territorios controlados los han mantenido capturados gracias al turismo electoral.
El voto que ejerce el llamado turismo electoral es una suerte de fraude, pero legal, pues las personas que votan acreditaron que viven en un municipio aunque sean originarios de otros; disponen de una credencial de electoral y pueden votar. Pero detrás de una copiosa votación que le otorga el triunfo a un presunto narcocandidato existe esta práctica que resulta muy difícil de ser erradicada, pues todos los partidos ligados al crimen la han puesto en operación en zonas donde ven muy complicado obtener triunfos.
Y nadie duda que, por ejemplo, en Chihuahua, Sinaloa y otros estados donde se percibe el rechazo al partido MORENA o al PRI y PAN, esa herramienta sea un arma para ganar elecciones en junio del 2027.
Lo que llama la atención es que el INE ni los partidos políticos han desarrollado un sistema para que la sociedad audite a candidatos. Seguramente no lo hacen porque no les conviene. Les conviene ganar elecciones aunque sea con candidatos ligados al crimen.
