* Que el «dejar pasar» no sea de los ciudadanos
A principios de abril, el Comité contra la desaparición forzada de la ONU, emitía un informe por el cual solicitaba se “remita urgentemente la situación de las desapariciones forzadas en México a la Asamblea General para que ésta considere medidas destinadas a apoyar al Estado Parte en la prevención, investigación, castigo y erradicación de este crimen”. Este Comité determinó que la desaparición forzada no sólo se practica de forma generalizada o sistemática, sino que en algunos de los casos denunciados hubo participación directa de funcionarios públicos, o bien “autorización, apoyo o aquiescencia” por parte de las autoridades. La palabra aquiescencia molestó mucho a los altos funcionarios del gobierno de Claudia Sheinbaum, ya que prácticamente se denunció que en muchas de estas desapariciones el Estado no sólo fue omiso, sino más bien tolerante.
El gobierno mexicano acusó que el informe del Comité era tendencioso, ya que omitía avances institucionales. En varias publicaciones, se hizo un reclamo social al nuevo Secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, porque en su primer acto como Canciller, tachó de “extralimitado” este informe. El gobierno mexicano cabildeó en las Naciones Unidas y logró concretar una visita de 4 días del Alto Comisionado, Volker Tülk, quien evitó criticar al gobierno y se limitó a reconocer la voluntad del gobierno de Sheinbaum para erradicar este grave problema social. Fue muy desafortunada este visita, incluso se denunció que en la reuniones no se había convocado a todos los colectivos de madres buscadoras. Un ejemplo más de que en las Naciones Unidas, no todo funciona con honradez.
Ahora en mayo, la Comisión Internacional de Derecho Humanos de la OEA publicó un documento denominado “Informe sobre desapariciones en México” en el cual afirma que la desaparición de personas es “generalizada”, “indiscriminada”, “que puede afectar a cualquier persona” y que “es cometida mayormente por integrantes del crimen organizado, así como por agentes estatales”.
Dicen que en México han habido “avances institucionales y normativos”, pero éstos han resultado insuficientes para atemperar la situación. No hay presupuesto aplicado efectiva y eficientemente en la búsqueda y reconocimiento de los cuerpos o restos óseos encontrados, hay subregistros de homicidios y desapariciones, las fiscalías están rebasadas y la gente vive en la impunidad. La vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reporta que hay aproximadamente 128 mil personas desaparecidas y más de 70 mil cuerpos bajo custodia del Estado no identificados. Por su parte, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU estimó que se han encontrado más de 4500 fosas clandestinas, que contienen más de 6200 cadáveres y más de 4600 restos humanos.
Aunque nos dicen que los desparecidos son consecuencia de la guerra contra el narcotráfico efectuada durante el gobierno de Calderón, la realidad es que durante los gobiernos de Peña Nieto y López Obrador la situación no mejoró. En el gobierno de Sheinbaum, las autoridades siguen desbordadas, las familias afectadas no han encontrado justicia y los colectivos de madres buscadoras están en riesgo constante. Ayudémoslas con donativos y acompañamiento. Visibilicemos su dolor. No seamos tolerantes a este crimen de lesa humanidad. NUESTRAS MADRES BUSCADORAS NOS NECESITAN.
