LAS CONSECUENCIAS DE UNA SENTENCIA Y LA INACCIÓN DE UN GOBIERNO DE IZQUIERDA
A veces, una sentencia de un tribunal supremo puede tener consecuencias inmediatas y tangibles para la población. Un claro ejemplo de ello ocurrió en España, donde el Tribunal Supremo emitió una sentencia mediante la cual confirmó que la Ley de Extranjería no permite aplicar el procedimiento de «rechazo en frontera» o devolución en caliente a los migrantes que intentan ingresar a nado a Ceuta o Melilla, al considerar que no han superado un elemento físico de contención fronteriza, como vallas o cercas.
En otras palabras, un inmigrante que ingresa ilegalmente “brincando” elementos de contención puede ser devuelto de manera inmediata; sin embargo, quien accede por vía marítima, no puede ser deportado inmediatamente.
Esta información se viralizó rápidamente en las redes sociales de Marruecos, donde comenzó a difundirse la idea de que las fronteras marítimas hacia España estaban «abiertas», lo cual tampoco era cierto. Como consecuencia, alrededor de 60 mil marroquíes cruzaron «a la carrera y a nado» hacia Ceuta, ciudad española situada en el norte de África. Esta crisis provocó también la muerte por ahogamiento de más de 67 personas.
Imaginemos la magnitud del problema: aproximadamente 60 mil personas ingresando de manera irregular a una ciudad de apenas 83 mil habitantes. Las fuerzas policiales fueron rápidamente rebasadas y poco pudieron hacer para contener la situación. Solicitaron autorización para cerrar la frontera, pero el gobierno de izquierda se negó a hacerlo, aunque envió al Ejército como apoyo. Diversos medios de comunicación estimaron que ingresaban alrededor de 150 personas por minuto.
El presidente del Gobierno español sostuvo que tanto las mafias dedicadas al tráfico de personas como los jóvenes que ingresaron ilegalmente a Ceuta habían malinterpretado la sentencia. Sin embargo, el Ejecutivo pudo haber adoptado medidas preventivas para reducir el riesgo de una tragedia, por ejemplo, mediante la instalación de barreras flotantes o boyas en los puntos de mayor vulnerabilidad. Incluso el propio gobierno de Marruecos había advertido que la sentencia recién emitida podía interpretarse como un «boleto de entrada».
Desde luego, esta compleja situación no puede analizarse sin considerar el contexto político entre España y Marruecos: la crisis migratoria de 2021 y la actitud permisiva de las autoridades marroquíes frente a la nueva oleada migratoria. Esto evidenció la incapacidad del gobierno de Pedro Sánchez para prevenir tragedias y garantizar el control efectivo de sus fronteras.
Veintidós países de la Unión Europea firmaron una carta en la que relacionaron esta crisis migratoria con las políticas impulsadas por el gobierno español. Solamente Francia, Portugal e Irlanda impidieron que el aislamiento político del presidente Pedro Sánchez fuera aún mayor.
En México también tenemos un gobierno de izquierda, pero además tenemos un Poder Judicial que responde a una determinada orientación ideológica. La reforma judicial contribuyó a incrementar la incertidumbre jurídica, por la pérdida de la autonomía judicial.
La interpretación realizada por una Sala del Tribunal Supremo y la falta de reacción oportuna del gobierno español contribuyeron a agravar una crisis migratoria de enormes dimensiones.
¿Qué podría ocurrir en México si coinciden una Corte con una marcada orientación ideológica y un gobierno incapaz de reaccionar ante las consecuencias de sus propias decisiones? Resulta indispensable impulsar una nueva reforma judicial que garantice la auténtica autonomía de los jueces y magistrados, así como el acceso a la carrera judicial mediante concursos de oposición basados en el mérito y el conocimiento.
