Quetzalli Carolina Vázquez / QUE Noticias
Xalapa, Ver., 31/10/2026.- Funcionarios y el propio Gobierno de Veracruz presumen los resultados de una consultora que coloca a Rocío Nahle en el segundo lugar nacional en percepción de honestidad. Sin embargo, detrás del ranking que difunden, los números revelan una realidad muy distinta a la que pretenden sostener.
La propia encuesta de octubre de Arias Consultores señala que el 43.1% de los participantes en Veracruz considera que la gobernadora es corrupta, mientras que el 43.5% opina lo contrario; apenas cuatro décimas de punto porcentual separan ambas percepciones.
Con base en esa información, los propios resultados exhiben una opinión prácticamente dividida, con un porcentaje significativo de ciudadanos que cuestiona la probidad de la mandataria.
Pese a ello, la administración estatal y sus funcionarios replican —en nado sincronizado—, el posicionamiento favorable como si se tratara de un reconocimiento contundente, sin poner sobre la mesa los datos que matizan esa narrativa.
Arias Consultores realiza sus mediciones mediante cuestionarios digitales difundidos entre usuarios de Facebook. Aunque este mecanismo permite reunir miles de respuestas, enfrenta cuestionamientos por el sesgo de autoselección: participa quien decide responder, lo que puede favorecer a determinados segmentos de la población, usuarios con mayor actividad digital o grupos organizados en redes sociales.
Este método también puede dejar mal presentados a sectores rurales y ciudadanos con acceso limitado a internet, por lo que resulta indispensable considerar la metodología antes de presentar sus resultados como un reflejo generalizado de la opinión pública.
Aunque los morenistas celebren el resultado de la encuesta, la realidad es que la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, ha enfrentado diversos señalamientos y denuncias formales por presunta corrupción, enriquecimiento ilícito y opacidad.
Estas acusaciones se dividen principalmente entre su gestión como Secretaria de Energía federal (encargada de la construcción de la Refinería Dos Bocas) y las inconsistencias detectadas en su patrimonio personal.
Recientemente, la Auditoría Superior de la Federación
—ASF— detectó un probable daño patrimonial por 137.7 millones de pesos en la Cuenta Pública de Veracruz de 2025, así como anomalías en fondos educativos y de salud.
