* Veracruz: territorio en disputa
* Entre la estadística y la percepción ciudadana
Veracruz no es únicamente un estado más en el mapa de la seguridad mexicana. Es, desde hace décadas, uno de los territorios más estratégicos del país. Su ubicación geográfica lo coloca en un punto de intersección entre el Golfo de México, el centro del país y el sureste. Sus puertos, carreteras y su infraestructura energética forman parte de uno de los sistemas logísticos más relevantes del territorio nacional.
Esa posición privilegiada que favorece la actividad económica también ha convertido al estado en un espacio altamente codiciado por el crimen organizado. Por ello, entender la seguridad pública en Veracruz exige ir más allá de los operativos policiales o de las estadísticas delictivas. La violencia que atraviesa al estado responde, en buena medida, a una disputa permanente por el control del territorio.
No se trata solamente de delincuencia común. Se trata, en realidad, de geopolítica criminal.
Con más de 700 kilómetros de litoral sobre el Golfo de México, Veracruz constituye uno de los corredores logísticos más importantes del país. Sus puertos, entre ellos los de Veracruz y Coatzacoalcos, funcionan como nodos fundamentales para el comercio marítimo nacional y para la conexión con mercados internacionales.
A esta infraestructura portuaria se suma una extensa red de carreteras que conecta el Golfo con el centro del país a través de corredores estratégicos hacia Puebla, la Ciudad de México y la región del Bajío. El estado también alberga complejos petroquímicos y una red de ductos de Petróleos Mexicanos que lo convierten en una pieza clave del sistema energético nacional.
La combinación de puertos, rutas terrestres e infraestructura energética genera condiciones ideales para el desarrollo económico formal. Pero también abre oportunidades para economías criminales que buscan aprovechar esos mismos corredores logísticos.
En términos simples: lo que para el Estado es infraestructura estratégica, para el crimen organizado es una red de rutas de alto valor operativo.
Los datos oficiales reflejan un panorama complejo. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante 2024 Veracruz registró 1,768 homicidios, de los cuales 772 fueron dolosos. Para 2025, la cifra de homicidios dolosos alcanzó 875 casos, lo que equivale a un promedio cercano a tres asesinatos diarios.
Aunque estas cifras representan una disminución respecto a los años más críticos de violencia en la entidad, la incidencia delictiva continúa teniendo una presencia territorial amplia. La violencia no se concentra únicamente en unas cuantas ciudades, sino que se distribuye a lo largo de distintos corredores regionales.
A ello se suma la presión de los delitos patrimoniales. Tan solo en 2024 se denunciaron más de cinco mil robos a negocio y cerca de dos mil casos de extorsión. Estos delitos afectan directamente a comerciantes, transportistas y pequeños empresarios, deteriorando tanto la actividad económica como la percepción social de seguridad.
Los acontecimientos registrados en las primeras semanas de 2026 muestran que esta dinámica sigue vigente.
El inicio del año estuvo marcado por uno de los episodios más violentos registrados recientemente en el sur del estado: el hallazgo de cuatro cuerpos decapitados en el rancho Montecristo, en el municipio de Sayula de Alemán. Entre las víctimas se encontraba el hijo de un exregidor local.
El caso no fue un hecho aislado. Durante los primeros meses del año se registraron distintos asesinatos múltiples en municipios del corredor Acayucan–Minatitlán–Coatzacoalcos, una franja territorial considerada estratégica para el tránsito de mercancías, hidrocarburos y drogas.
En Coatzacoalcos, uno de los principales centros urbanos del sur de Veracruz, también se registró recientemente un ataque armado directo contra un inmueble donde se encontraban varias personas. La agresión dejó múltiples víctimas y es investigada por las autoridades como un posible ajuste de cuentas entre grupos criminales.
Cuando episodios violentos de esta naturaleza aparecen casi de manera simultánea en distintas regiones, los analistas de seguridad suelen interpretarlos como señales de reconfiguración criminal. En otras palabras: momentos en los que organizaciones rivales disputan rutas, mercados ilícitos y territorios de operación.
Pero la violencia letal es solo una parte del problema.
Otra de las manifestaciones más visibles del crimen organizado en Veracruz es la extorsión sistemática. Durante los últimos meses, cámaras empresariales y asociaciones de transportistas han denunciado un incremento en el cobro de cuotas a comerciantes, operadores del transporte público y pequeños empresarios.
Estas prácticas revelan cómo algunas organizaciones criminales buscan consolidar no solo el control de rutas estratégicas, sino también estructuras económicas paralelas basadas en el cobro de protección.
En ciertos territorios, la extorsión ha terminado por convertirse en un mecanismo directo de control social: quien paga puede operar; quien se niega enfrenta amenazas, violencia o el cierre forzado de su negocio.
A ello se suman otras economías ilícitas que han adquirido peso en los últimos años: el robo de hidrocarburos en ductos petroleros, el robo al transporte de carga y el tráfico de migrantes a lo largo del corredor del Golfo.
Esta diversificación criminal permite a las organizaciones ampliar sus fuentes de ingreso y consolidar su presencia territorial. A diferencia de otras regiones del país, donde una organización logra dominar amplias zonas, Veracruz se caracteriza por la presencia simultánea de múltiples grupos delictivos.
Esta coexistencia genera una competencia permanente por rutas, mercados ilícitos y territorios de operación.
En términos de análisis de seguridad, este fenómeno se conoce como fragmentación criminal. Cuando el poder delictivo se divide entre varios actores, el resultado suele ser un aumento de la violencia derivado de las disputas territoriales.
Por ello, el problema de seguridad en Veracruz no puede explicarse únicamente por la presencia del crimen organizado, sino por la competencia constante entre distintas estructuras que buscan consolidar su influencia territorial.
La geopolítica criminal también tiene implicaciones políticas.
En México, el nivel municipal representa el ámbito de gobierno más cercano al territorio. Los ayuntamientos administran policías locales, regulaciones comerciales y decisiones administrativas que pueden afectar intereses criminales.
Por ello, diversos estudios sobre violencia política han advertido que las organizaciones delictivas buscan influir —directa o indirectamente— en procesos electorales locales. No necesariamente para gobernar formalmente, sino para garantizar condiciones favorables para sus operaciones.
En regiones donde la presencia institucional del Estado es limitada, la disputa por el poder municipal puede convertirse en una extensión de la competencia territorial entre organizaciones criminales.
Para el gobierno encabezado por Rocío Nahle, la seguridad pública representa uno de los principales desafíos de gobernabilidad.
La estrategia estatal se ha basado en la coordinación con fuerzas federales —particularmente con la Guardia Nacional— y en operativos dirigidos a combatir delitos como el robo de combustible o la extorsión.
Sin embargo, la complejidad del fenómeno obliga a reconocer que el problema va mucho más allá de los operativos policiales.
El verdadero desafío consiste en reconstruir la capacidad del Estado para ejercer autoridad efectiva en todo el territorio.
El caso de Veracruz también abre una discusión más amplia sobre el modelo de seguridad en México.
Durante las últimas dos décadas, el país ha transitado por distintas estrategias: desde la militarización de la seguridad durante el gobierno de Felipe Calderón hasta enfoques posteriores como el de “abrazos, no balazos”.
Sin embargo, el problema de fondo sigue siendo estructural. La violencia no depende únicamente de la capacidad policial o militar, sino de factores más complejos como la fragmentación criminal, la diversificación de economías ilícitas y la debilidad institucional en amplias regiones del país.
En ese contexto, la seguridad pública deja de ser exclusivamente una cuestión operativa para convertirse en un desafío de construcción estatal.
Porque, al final, la pregunta central no es cuántos operativos se anuncian ni cuántos elementos se despliegan.
La verdadera pregunta es otra:
¿Ha logrado realmente el Estado recuperar el control efectivo de su territorio?
Mientras esa respuesta siga siendo incierta, la seguridad pública en Veracruz seguirá siendo no solo un problema de gobierno, sino uno de los debates más importantes sobre el futuro político y social del estado.
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Este análisis se elaboró con información de:
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Petróleos Mexicanos, Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, International Crisis Group, United Nations Office on Drugs and Crime, InSight Crime, México Evalúa, Centro de Investigación y Docencia Económicas, Centro de Investigación y Seguridad Nacional / Centro Nacional de Inteligencia, El País, Associated Press, Reuters, La Jornada, Milenio, El Universal, Proceso, Al Calor Político, XEU Noticias, La Jornada Veracruz, Diario de Xalapa, Notiver, AVC Noticias y E-Veracruz.
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* Académico, Analista Político y Consultor Media Training
