* INEGI y la demoledora radiografía de la corrupción
La corrupción en México ya se percibe de manera ambiental. Es decir, un ciudadano no necesita ser extorsionado todos los días por un policía de tránsito para saber que el sistema está viciado; lo constata al observar la opacidad en las obras públicas, el nepotismo en las dependencias gubernamentales, la nula transparencia institucional o la persistente impunidad que cobija a los sujetos señalados por delinquir. Lamentablemente, la percepción de corrupción en México se encuentra en el ambiente día con día.
Y no es para menos, ya que el 84.1% de la población mexicana considera que los actos de corrupción en su entidad son frecuentes o muy frecuentes, una cifra demoledora provista nada más y nada menos que por la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) publicada recientemente por el INEGI.
Este 84.1% de la población que percibe la corrupción como frecuente en sus entidades, evidencía que la desconfianza hacia el aparato gubernamental sigue profundamente arraigada en la sociedad. Y es tal el nivel de desconfianza, que únicamente el 4.6% de víctimas de actos de corrupción denuncian el hecho, lo que se constituye como un dato alarmante entre los revelados por la encuesta, ya que confirma la nula confianza en los mecanismos de denuncia.
Y por si lo anterior fuese poco, el INEGI arroja un dato terrible: La corrupción le cuesta a los bolsillos de los mexicanos más de 17 mil millones de pesos anuales. Se trata de un enorme desvío de recursos, que impacta directamente en las finanzas de las familias, equivale a presupuestos enteros de programas sociales; demostrando que la corrupción no es una simple falta administrativa, sino una especie de «impuesto invisible» que frena el desarrollo social desde la célula misma, representada por las familias.
La percepción del problema no es uniforme, pero es generalizadamente crítica: Regiones como Michoacán (89.4%), Baja California (89.3%) y la Ciudad de México (88.9%) encabezan los peores indicadores de esta percepción. Donde casi nueve de cada diez ciudadanos en estas entidades asumen la corrupción como una constante. Pero no se quedan atrás Puebla (87.7%) y Veracruz (85%), estados donde también la ciudadanía percibe que las reglas del juego están amañadas y que el acceso a derechos básicos depende de intermediarios o prebendas.
Quiero dejar claro que no se trata únicamente de grandes desvíos presupuestarios en las altas esferas, sino de la experiencia local palpable y la peor consecuencia de estos sucesos es la resignación ciudadana. Cuando «la tranza» se asume como el mecanismo ordinario para agilizar un trámite, obtener algún servicio o garantizar seguridad, la legitimidad democrática se vacía de contenido y prácticamente nos quedamos en la indefensión total ante el «cero» actuar de nuestras autoridades.
Una arista más que quiero referir del estudio del INEGI es el que tanto las policías como los partidos políticos, se mantienen en el fondo de la confianza ciudadana, perpetuando un círculo vicioso: La población no confía, por ende no denuncia, y ante la falta de denuncias, la impunidad florece. Bajo ese estigma de corrupción llegarán los partidos a la elección de 2027 y seguramente esto generará abstención y falta de interés por participar en la vida democrática de nuestras regiones.
Los resultados que arroja este documento oficial, repito: Oficial, deben leerse como un rotundo fracaso de las políticas de fiscalización actuales. El combate a la corrupción no se logra de un plumazo, mediante decretos morales ni una retórica de austeridad. Exige la digitalización radical de trámites para eliminar la discrecionalidad humana, la autonomía real de las fiscalías anticorrupción y el castigo efectivo a los responsables.
Mientras los gobiernos locales sigan administrando el problema en lugar de desmantelarlo, el 84.1% de los mexicanos continuará viviendo con la certeza de que las instituciones de su entidad no les sirven a ellos, sino a los intereses privados de quienes las operan. Tristemente.
Para ir cerrando quiero decirle que la encuesta se practica cada dos años y la percepción de corrupción subió 1.0 punto porcentual. Pasó del 83.1% registrado en la edición anterior al 84.1% actual. Y se destaca negativamente a Tlaxcala, donde la tasa de actos de corrupción por habitante y el descontento social por servicios se elevaron significativamente, colocándolo como uno de los estados con mayor aceleración del problema. Mientras que el contraste de entidades con menor percepción de corrupción como Colima o Nayarit, evidencia que existen dinámicas locales diferenciadas, pero ninguna zona del territorio nacional queda exenta de la sospecha generalizada.
El verdadero talón de Aquiles de la administración pública es la impunidad. ¿Por qué el ciudadano común denunciaría un acto de extorsión o soborno si considera que las instituciones responsables de investigar el delito son parte del mismo entramado? El miedo a represalias, sumado a la burocracia y la ineficiencia, termina por proteger a los funcionarios y particulares corruptos, perpetuando este terrorífico ciclo vicioso.
El reto por delante ante los números del INEGI es urgente: La corrupción sistémica corroe los cimientos de la democracia y profundiza la desigualdad. Para cambiar esta realidad, no bastan los discursos oficiales ni las campañas de concientización. Se requiere una reestructuración profunda de las instituciones de seguridad y justicia, garantizar una verdadera transparencia y rendición de cuentas, y, sobre todo, empoderar al ciudadano con mecanismos de denuncia seguros y efectivos que castiguen ejemplarmente a los culpables. La transformación real de México exige erradicar esta epidemia desde la raíz.
*Periodista/Tlaxcala
