Focus Group/Jorge Ramón Rizzo*

* ‘Topo Chico’ en el Top-5 del SAT

Los acuerdos reparatorios en materia fiscal funcionan como un mecanismo legal para resolver delitos fiscales mediante el pago total del daño económico, evitando que el contribuyente vaya a juicio o a prisión. «The Coca-Cola Company» acaba de someterse a esta ruta ante el SAT y estará pagando 2 mil 593 millones de pesos, por deudas de su marca ‘Topo Chico’.

Resulta que ‘Topo Chico’ debía más de 2 mil 500 millones de pesos por un adeudo fiscal derivado de impuestos no pagados y una investigación por presunta defraudación fiscal al Estado mexicano. Y la empresa embotelladora saldará esta cuenta mediante un acuerdo reparatorio.

Estos acuerdos, se fundamentan en el Código Nacional de Procedimientos Penales y operan coordinadamente para que cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) o el SAT detecten una irregularidad, como lo es la defraudación fiscal, el o los contribuyentes se acojan a esta vía.

Porque, de acuerdo con abogados consultados por ‘Focus Group’, al tratarse de delitos patrimoniales sin violencia, la SHCP interpone una querella ante la Fiscalía General de la República, y ya con el contribuyente investigado, se sientan a negociar de forma voluntaria, para calcular los impuestos omitidos, actualizaciones, recargos y multas generadas.

Un Órgano Especializado de la FGR interviene como mediador neutral entre ambas partes y firman un convenio detallando los montos y los plazos de pago. El Ministerio Público o un Juez de Control deben aprobar legalmente el acuerdo, para que la autoridad valide que el pacto no sea desproporcionado y que se haya negociado libremente.

Una vez liquidada la deuda, en una sola emisión o en parcialidades, se dicta la extinción de la acción penal y el caso se cierra definitivamente, el expediente se archiva y no quedan antecedentes penales.

Con este convenio, ‘Topo Chico’ alcanza el quinto acuerdo económico con el SAT más voluminoso en los últimos años, superando a IBM de México, que liquidó un adeudo de 669 millones de pesos, también bajo un esquema coordinado de corrección fiscal.

Pero queda por debajo de Grupo Salinas con 74 mil millones de pesos que es el primer lugar; seguido por Oxxo con 8,790 millones; en tercer sitio sigue América Móvil con 8,290 millones; y Walmart de México con 8,079 millones de pesos, ocupando el cuarto lugar.

De esta forma, ‘Topo Chico’ entra al Top-5 y estará pagando 2 mil 593 millones de pesos al SAT. Ya que ante la inminencia de un juicio penal que pondría en riesgo la reputación de la marca y la libertad de sus directivos, la empresa optó por acogerse a los esquemas alternativos de resolución y evitar el escándalo en sus plantas de Nuevo León, Estado de México, Tlaxcala, Morelos y Veracruz, donde se concentra la mayor producción del embotellado de ‘Topo Chico’.

Porque tras visitar las 73 plantas embotelladoras distribuidas a lo largo y ancho de todo México, se llegó a la detección de irregularidades y ante las omisiones en obligaciones tributarias de la empresa, se gestaron investigaciones desde el año 2023 por la Procuraduría Fiscal de la Federación y se dió vista a la propia FGR.

Este hecho, impacta positivamente en las Finanzas Públicas con el ingreso directo de 2,593.9 millones de pesos al patrimonio del Estado mexicano y muestra una especie de refrendo a la estrategia fiscal recaudatoria de Claudia Sheinbaum, al incentivar el cobro coactivo mediante vías alternas de justicia.

Mientras Hacienda reitera su compromiso con la aplicación equitativa de las leyes tributarias, el cierre definitivo de la investigación federal contra la embotelladora, deja en el mercado mexicano la imágen de cómo el agua mineral más famosa del norte del país tuvo que pagar una multimillonaria factura para mantener sus burbujas en completa paz legal y sin el descrédito que le generaría ser evasor de impuestos en México.

* Periodista/Tlaxcala