* Cuando el gobierno convierte personas en basura administrativa
México amaneció celebrando un triunfo futbolístico. Las redes sociales se inundaron de festejos, memes, banderas y expresiones de orgullo nacional. Incluso, de acuerdo con diversos reportes, hubo personas lesionadas y hasta fallecimientos relacionados con celebraciones que se salieron de control. El país, una vez más, encontró en el fútbol un motivo para detenerse, emocionarse y volcar su atención colectiva hacia una cancha.
Mientras tanto, casi en silencio, ocurrió algo infinitamente más trascendente para la vida democrática y para el acceso a la justicia de miles de personas: fueron despedidas 43 trabajadoras sociales del Instituto Federal de Defensoría Pública.
La noticia pasó prácticamente inadvertida.
No hubo indignación nacional. No hubo debates en horario estelar. No hubo marchas multitudinarias ni pronunciamientos que ocuparan las primeras planas. Y quizás ahí radica una de las tragedias más profundas que estamos viviendo como sociedad: hemos aprendido a reaccionar con más pasión ante un marcador deportivo que ante el desmantelamiento gradual de las instituciones encargadas de proteger los derechos de quienes menos tienen.
Porque no estamos hablando de plazas burocráticas inventadas para satisfacer cuotas políticas ni de personal administrativo fácilmente reemplazable. Estamos hablando de profesionales especializadas cuya labor consistía en realizar investigaciones socioeconómicas, elaborar dictámenes de trabajo social e identificar las condiciones de vulnerabilidad de miles de personas que acuden al Estado porque no tienen recursos para pagar una defensa privada.
Eran ellas quienes documentaban la pobreza extrema, la violencia familiar, la discapacidad, la marginación, la exclusión social, la situación de niñas, niños y adolescentes, la realidad de personas indígenas, migrantes y adultos mayores. Eran ellas quienes permitían que la justicia no fuera únicamente la fría aplicación de un código, sino un ejercicio humano capaz de comprender las circunstancias particulares de quienes enfrentan un proceso judicial.
Pero la Cuarta Transformación ha demostrado, una y otra vez, que posee una extraordinaria capacidad para destruir aquello que afirma defender.
Lo hizo con el sistema de salud. Lo hizo con organismos autónomos. Lo ha hecho con instituciones técnicas, con programas especializados y con estructuras construidas durante décadas bajo el discurso de la austeridad, la transformación o el combate a privilegios. La fórmula siempre es la misma: destruir primero y explicar después.
Ahora le ha tocado a una de las áreas más sensibles del sistema de acceso a la justicia.
La contradicción resulta ofensiva. Mientras desde el poder se insiste en construir la narrativa de una justicia más cercana al pueblo, se despide precisamente a quienes hacían posible que la justicia entendiera al pueblo. Porque la pobreza no desaparece ignorándola. La violencia no deja de existir porque se eliminen los diagnósticos que la documentan. La vulnerabilidad no desaparece despidiendo a quienes tienen la responsabilidad profesional de identificarla.
Cada uno de esos despidos representa mucho más que la pérdida de una fuente de empleo. Representa una mujer víctima de violencia que quizá ya no contará con una valoración integral. Un niño cuyo contexto social podría quedar invisibilizado. Una persona indígena cuya realidad cultural podría dejar de ser comprendida. Un adulto mayor sin recursos cuya situación económica podría dejar de documentarse adecuadamente. Una persona con discapacidad cuyos ajustes razonables podrían dejar de solicitarse oportunamente.
Y, por supuesto, representa también la pérdida de la seguridad social, de tratamientos médicos, de estabilidad económica y de proyectos de vida para 43 familias mexicanas que hoy se convierten, paradójicamente, en víctimas del mismo Estado que debían ayudar a humanizar.
La Cuarta Transformación construyó buena parte de su narrativa política bajo el lema de “primero los pobres”. Sin embargo, resulta imposible sostener ese discurso cuando, en los hechos, se desmontan precisamente los mecanismos institucionales diseñados para proteger a quienes se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad.
La pregunta es inevitable: ¿quién decidió que estas profesionales eran prescindibles? ¿Quién concluyó que la justicia puede funcionar sin trabajadores sociales especializados? ¿Quién determinó que comprender la pobreza, la violencia y la exclusión dejó de ser importante dentro del sistema de defensa pública?
Tal vez nunca conozcamos la respuesta.
Lo que sí sabemos es que ningún país fortalece su Estado de derecho despidiendo a quienes ayudan a hacerlo posible. Ninguna transformación puede presumirse humanista cuando elimina a quienes dan rostro humano a la justicia. Y ningún gobierno debería sentirse orgulloso de destruir instituciones que tardaron décadas en construirse y apenas unos meses en desmantelarse.
Por ello, desde este espacio quiero hacer un llamado a esas 43 profesionistas despedidas, así como a las abogadas y abogados que hoy enfrentan despidos arbitrarios, ceses injustificados o violaciones a sus derechos laborales en distintas dependencias federales, estatales y municipales del país.
Es momento de organizarse.
Es momento de comprender que la defensa de los derechos laborales no puede seguir enfrentándose de manera aislada cuando la agresión institucional es sistemática. Las acciones colectivas, el litigio estratégico y la construcción de redes de defensa jurídica pueden convertirse no solamente en mecanismos para recuperar derechos, sino en herramientas para impedir que el poder continúe atropellando trayectorias profesionales construidas durante décadas.
Porque ningún gobierno, independientemente de su ideología o partido político, tiene derecho a destruir proyectos de vida, cancelar la seguridad social de familias enteras o despreciar años de experiencia profesional bajo el disfraz de una supuesta transformación administrativa.
Quizá haya llegado el momento de que quienes han sido víctimas de despidos arbitrarios por parte del Estado mexicano se unan, se organicen y litiguen juntos. No solamente para recuperar sus derechos, sino para enviar un mensaje claro a este gobierno y a los que vengan: los trabajadores del Estado no son piezas desechables ni daños colaterales de proyectos políticos sexenales.
Porque si algo debe aprender este gobierno —y cualquier otro gobierno futuro— es que la dignidad, la experiencia y los años de servicio de una persona no pueden, ni deben, tratarse como basura administrativa. Y tal vez la mejor manera de enseñárselo sea en los tribunales.
