* El ORFIS investiga 300 expedientes por presuntas irregularidades en el gobierno anterior, acusa
Jair Emiliano Pérez Morales
Veracruz, Ver., 24 de enero de 2025.- Alrededor de 300 expedientes relacionados con la administración del morenista Cuitláhuac García Jiménez, están bajo investigación, admitió el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS).
Esto, tras las denuncias del diputado priista Héctor Yunes Landa, quien acusó el presunto uso de empresas fantasma que habrían recibido más de 200 contratos por un monto superior a 200 millones de pesos.
Durante su comparecencia ante el Congreso local, la titular del ORFIS, Delia González Cobos, señaló que se están investigando ocho empresas presuntamente fantasma que obtuvieron contratos por más de 205 millones de pesos durante dicha administración.
Yunes Landa apuntó directamente a una empresa llamada «Soluciones y Milagros», fundada en 2019 por Mauricio Gómez Castañeda, militante de Morena.
Según el legislador, esta empresa comenzó a recibir contratos apenas tres meses después de su creación y fue favorecida principalmente por la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV).
Para el diputado priista, estos actos reflejan una gestión «llena de corrupción» e incluso calificó al gobierno de García como «peor que el de Javier Duarte».
De acuerdo con el legislador, «Soluciones y Milagros» se registró como una sociedad de acción simplificada y declaró como actividad principal la venta de ropa al mayoreo.
No obstante, fue contratada para proveer artículos y servicios como folders, equipo médico, lapiceros y persianas.
Además, Yunes Landa reveló que la empresa estaba ubicada en una casa en la colonia Murillo Vidal, en un local que alberga una imprenta.
Por su parte, González Cobos confirmó que «Soluciones y Milagros» fue detectada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y que actualmente es objeto de una investigación.
Explicó que el proceso se encuentra en etapa de análisis y que corresponde al Congreso determinar el seguimiento de las observaciones realizadas por daño patrimonial.
El caso ha generado preocupación por las irregularidades detectadas y sus posibles implicaciones en el manejo de recursos públicos durante el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez.
