Fidel Pérez
Veracruz.- Movimiento Ciudadano (MC) promovió una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para eliminar la reforma en materia de revocación de mandato impulsada por la mayoría morenista en el Congreso bajo el argumento de que busca blindar a Rocío Nahle por «temor a ser removida por el pueblo».
Luego de presentar el recurso jurídico, Luis Carbonell de la Hoz, coordinador estatal del partido Naranja, consideró que la reforma contra la revocación de mandato impone candados que limitan el derecho ciudadano a evaluar a sus gobernantes.
La acción de inconstitucionalidad fue promovida dentro del plazo legal de 30 días naturales también por Agustín Torres Delgado, secretario general; y Dante Alfonso Delgado Morales, presidente del Consejo Estatal y los diputados federal, Sergio Gil Rullán, y local Elena Córdova Molina.
De acuerdo con Carbonell de la Hoz, la demanda busca invalidar las modificaciones al inciso B de la fracción VI del artículo 15 de la Constitución local, al considerar que establece candados que limitan aplicar la revocación de mandato contra la gobernadora de Veracruz.
Advirtió que «Movimiento Ciudadano dará la batalla legal para impedir que, mediante decisiones legislativas, se limite el derecho de la población a evaluar la gestión de sus gobernantes y decidir sobre su permanencia en el cargo».
Carbonell de la Hoz sugirió a los morenistas «no tener miedo al pueblo de Veracruz, no le tengan miedo a la participación ciudadana; estamos listos para que el pueblo mande, para que el pueblo decida”.
Explicó que la demanda presentada ante la SCJN desarrolla siete conceptos de invalidez con los que el partido busca demostrar la inconstitucionalidad del decreto, entre las
principales: la falta de consulta previa a las comunidades indígenas y afromexicanas, al considerar que la reforma afecta sus condiciones de participación.
Carbonell de la Hoz consideró que la revocación de mandato, contenida en el Decreto número 540, publicado el 28 de septiembre de 2026, no debe convertirse en obstáculo que impida a la población evaluar a sus gobernantes.
El recurso jurídico impugna también los requisitos de distribución territorial de los apoyos ciudadanos que, obligarían a reunir aproximadamente 600 mil firmas —equivalentes al 10 por ciento de la lista nominal estatal—, distribuidas en al menos 107 municipios.
Comentó que Movimiento Ciudadano solicita a la Suprema Corte analizar la constitucionalidad de la reforma y, de acreditarse las violaciones planteadas, declare su invalidez.
