* Juzgar el pasado sin dinamitar el futuro
* La rueda de la democracia
Entrega 1 de 4
“La historia no comienza cuando llegamos al poder, ni termina donde empiezan nuestras responsabilidades”.
Disco Duro
Hay políticos que tienen una memoria extraordinaria para recordar las injusticias que dicen haber sufrido y una sorprendente facilidad para olvidar las que se cometieron mientras ellos gobernaban.
Ahora resulta que Morena quiere regresar a 2006. Veinte años después de aquella elección presidencial, su dirigencia propone crear una comisión especial para investigar la intervención de Vicente Fox en el proceso que llevó a Felipe Calderón a la Presidencia de la República.
Ariadna Montiel asegura que no se trata de venganza, sino de conocer la verdad. Ricardo Monreal, entre dudas claramente perceptibles, ha respaldado la propuesta y anunciado que buscará someterla a consideración de la Cámara de Diputados.
Hasta ahí, nada que objetar. La historia merece ser estudiada, incluso cuando sus protagonistas preferirían que algunos episodios permanecieran enterrados.
Sobre 2006 tengo algo que decir.
He sostenido durante años que aquella elección interrumpió una vuelta de la rueda de la democracia mexicana. No porque la izquierda tuviera un derecho adquirido a gobernar, sino porque su llegada al poder habría representado otra etapa de la alternancia política.
México había conocido el triunfo del PAN en 2000, después de más de siete décadas de gobiernos priistas. Seis años después, la izquierda tenía una oportunidad real de alcanzar la Presidencia. Siempre he pensado que una alternancia de esa naturaleza habría modificado profundamente nuestra historia política.
Incluso he defendido una hipótesis que hoy puede resultar incómoda para unos y otros: si López Obrador hubiera llegado a la Presidencia en 2006, probablemente no habríamos conocido al Morena que conquistó el poder en 2018.
Y hay una segunda parte de esa reflexión que considero fundamental. Quizá su llegada al poder doce años antes habría tenido consecuencias institucionales muy distintas para México.
No porque López Obrador hubiera sido necesariamente otro, sino porque habría encontrado un Congreso diferente.
En 2006, ninguna fuerza política consiguió por sí sola la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. La coalición que postuló a López Obrador tampoco disponía de los votos suficientes para modificar unilateralmente la Constitución. Habría tenido que negociar con el PRI, el PAN y otras fuerzas políticas, construir acuerdos y aceptar límites a sus decisiones.
Esos contrapesos no garantizaban un buen gobierno, pero habrían condicionado su capacidad para transformar las instituciones.
Por eso me he preguntado muchas veces si un López Obrador presidente en 2006 habría tenido menos posibilidades de impulsar las profundas modificaciones institucionales que posteriormente promovió durante su gobierno y que continuaron bajo la Presidencia de Claudia Sheinbaum.
No podemos saber qué habría ocurrido. Lo que sí sabemos es que las condiciones legislativas de 2006 eran diferentes a las que encontró en 2018 y a las que acompañaron las reformas constitucionales de 2024.
Tal vez aquella vuelta de la rueda democrática habría producido un país distinto. Y quizá también habría cambiado la trayectoria del propio López Obrador.
No porque la historia estuviera escrita de antemano, sino porque las derrotas también transforman a los movimientos políticos. Producen agravios, alimentan liderazgos, rompen alianzas y, en ocasiones, convierten una causa electoral en una identidad colectiva.
La derrota de 2006 fue uno de esos acontecimientos.
No hablo solamente desde los libros ni desde las crónicas periodísticas. Aquella elección la viví desde la tropa electoral, recorriendo secciones de San Andrés Tuxtla y Cosoleacaque, en el sur de Veracruz.
Era una región donde se disputaba el avance del perredismo que venía desde Tabasco. Recuerdo particularmente dos distritos donde me enviaron a colaborar que, aun siendo vecinos, tuvieron desenlaces distintos.
En San Andrés Tuxtla, el PRI consiguió imponerse en la elección de diputado federal con el licenciado Nemesio Domínguez Domínguez, un hombre sencillo, empático y político de toda la vida. Su triunfo fue también resultado del trabajo territorial y del conocimiento de una región donde las relaciones personales y la cercanía con las comunidades seguían teniendo un peso importante.
En Cosoleacaque ocurrió algo diferente. Ahí el candidato del PRI era el licenciado Antonio Benítez Lucho, otro político de trabajo, trayectoria y arraigo regional, cuyo esfuerzo mereció el reconocimiento de sus paisanos, que tres años después, en 2009, lo llevaron al triunfo electoral. También en 2006, en ese distrito hubo trabajo por parte del candidato del PAN. Sin embargo, ninguno de los dos consiguió imponerse al arrastre que Andrés Manuel López Obrador generó en aquella elección presidencial.
Los resultados de aquella elección favorecieron a Juan Darío Lemarroy, candidato de la coalición encabezada por el PRD, un personaje de escaso reconocimiento político en la región frente a sus competidores, pero beneficiado, desde mi perspectiva, por la fuerza electoral que acompañaba al candidato presidencial.
Aquellos dos resultados me dejaron una lección que sigo considerando vigente: una elección puede ganarse con trabajo territorial, conocimiento de las comunidades y organización, pero también puede definirse por una corriente política nacional capaz de arrastrar candidaturas que, por sí solas, difícilmente habrían conseguido semejante respaldo.
Aquella experiencia me permitió observar la elección desde una perspectiva distinta a la de los dirigentes nacionales: la de quienes recorren comunidades, conocen las estructuras territoriales y comprenden que una elección no termina cuando se apagan los micrófonos de campaña.
Las elecciones también se disputan en las secciones, en las casillas, en la capacidad de movilización y en la vigilancia del voto.
Nunca he afirmado tener pruebas de un fraude electoral que modificara el resultado de aquella elección presidencial. Felipe Calderón fue declarado ganador por las autoridades electorales y esa determinación quedó firme.
Pero tampoco puede borrarse que el Tribunal Electoral reconoció que las declaraciones del presidente Vicente Fox constituyeron un riesgo para la validez de los comicios, aunque consideró que no existían elementos suficientes para determinar que hubieran alterado decisivamente el resultado.
Es una distinción jurídica fundamental.
Una cosa es reconocer la intervención presidencial y otra demostrar que esa intervención cambió el resultado de la elección.
Mi interpretación de aquella derrota, sin embargo, nunca ha terminado en Los Pinos.
Siempre he creído que López Obrador también tendría que revisar lo que ocurrió dentro de su propio movimiento.
Me quedó la impresión de que algunos de sus aliados comenzaron a privilegiar sus intereses personales incluso antes de que se contaran los votos. Tal vez calcularon, después del desafuero, que nunca le permitirían llegar a la Presidencia. Tal vez subestimaron el respaldo popular que finalmente consiguió.
Y también hubo, desde mi perspectiva, un exceso de confianza que pudo traducirse en errores de organización, movilización y vigilancia electoral.
Todavía recuerdo aquellas calcomanías con una silueta caricaturizada de López Obrador, sonriente, levantando el pulgar izquierdo. Era aquel personaje simpático que muchos terminarían conociendo como el Amlito.
Primero apareció acompañado de una frase que transmitía optimismo: «Sonríe, vamos a ganar».
Pero recuerdo que, cuando todavía faltaban días para la elección, comenzaron a circular calcomanías con una modificación que siempre me pareció reveladora: «Sonríe, ya ganamos».
Dos palabras habían cambiado y, con ellas, el sentido del mensaje.
El «vamos a ganar» era una invitación a trabajar por la victoria. El «ya ganamos» parecía anunciar que el trabajo estaba concluido.
Nunca he olvidado aquel detalle porque, desde mi experiencia en la operación electoral, representaba algo más que una ocurrencia publicitaria. Era la expresión de una confianza que podía terminar convirtiéndose en complacencia.
Una campaña puede ganar las encuestas, llenar las plazas y despertar entusiasmo popular. Pero mientras no se abran las casillas, se cuenten los votos y se concluya el proceso electoral, nadie debería dar por terminada una elección.
Quizá aquella pequeña modificación en una calcomanía no explique una derrota presidencial. Sería absurdo atribuirle semejante responsabilidad.
Pero sí resume una actitud que, desde mi perspectiva, merece revisarse: la diferencia entre confiar en la victoria y actuar como si ya se hubiera conseguido.
No es una reflexión que surja únicamente de la distancia del tiempo.
Julio Scherer Ibarra, quien conoció de cerca aquel movimiento, ha vuelto sobre los errores de 2006 en su libro Ni venganza ni perdón, escrito con Jorge Fernández Menéndez. Su testimonio invita a examinar las decisiones de campaña, las equivocaciones y la confianza de quienes acompañaron a López Obrador.
La historia de aquella elección no puede explicarse solamente por lo que hicieron sus adversarios. También merece examinarse lo que hicieron y dejaron de hacer sus propios aliados.
Por eso no encuentro razones para oponerme a una investigación histórica seria.
Pero si vamos a abrir los archivos, habrá que abrirlos todos.
Porque Andrés Manuel López Obrador no apareció en la política mexicana en 2006. Venía de una larga trayectoria que incluyó su militancia priista, su participación en la construcción del perredismo, su paso por el Gobierno del Distrito Federal y una sucesión de conflictos políticos que también forman parte de nuestra historia.
Ahí están los videoescándalos de René Bejarano y Gustavo Ponce, el caso de Carlos Ímaz, las controversias por la construcción de los segundos pisos y las preguntas que acompañaron durante años el financiamiento y la operación política de aquel movimiento.
También están el plantón de Paseo de la Reforma, las consecuencias de la ruptura con el PRD, el nacimiento de Morena y, años después, las controversias alrededor del fideicomiso creado para apoyar a los damnificados del terremoto de 2017.
Son episodios distintos, con hechos, responsabilidades y resoluciones diferentes. No todos constituyen delitos acreditados ni pueden colocarse en el mismo expediente. Pero todos forman parte de una historia que merece contarse sin omisiones.
Y si la revisión llega hasta nuestros días, aparecen otras preguntas.
¿Qué ocurrió con los recursos públicos de Segalmex? ¿Cómo se investigaron las redes del llamado huachicol fiscal? ¿Qué responsabilidades se establecieron por las irregularidades en las compras gubernamentales durante la pandemia? ¿Qué resultados han tenido las investigaciones sobre contratistas, funcionarios y redes de influencia cercanas al poder?
¿Qué explicaciones merecen los mexicanos sobre las decisiones tomadas en materia de salud, infraestructura, educación y seguridad?
Las preguntas no sustituyen a las pruebas. Pero tampoco desaparecen porque quienes deben responderlas pertenezcan al partido gobernante.
El pasado puede investigarse sin fecha de caducidad. La rendición de cuentas del presente también debería exigirse sin excepciones.
Sin embargo, hay una dimensión todavía más preocupante.
Mientras los dirigentes políticos discuten quién tuvo la culpa de lo ocurrido hace veinte años, millones de mexicanos viven las consecuencias de decisiones que afectan su presente y que podrían comprometer su futuro.
Los niños que no completaron su cuadro básico de vacunación o que no recibieron medicamentos o vitaminas, o a quienes no se les realizó el tamiz neonatal; los jóvenes que abandonan la escuela; las familias que esperan atención médica; y las generaciones que heredarán las obligaciones financieras del Estado no participaron en las disputas electorales de 2006.
Tampoco estuvieron en las reuniones donde se decidió cancelar proyectos, transformar instituciones o desaparecer organismos públicos.
Pero tendrán que vivir con las consecuencias.
Por eso he decidido dedicar cuatro entregas de Zoociedad Anónima a esta reflexión.
La primera, que hoy comienza, plantea las razones para revisar nuestra historia sin convertirla en un instrumento de conveniencia política.
La segunda volverá al pasado, a los personajes y acontecimientos que explican el nacimiento del movimiento que hoy gobierna.
La tercera examinará el presente, sus controversias, sus expedientes abiertos y las responsabilidades que todavía deben esclarecerse.
Y la cuarta estará dedicada al futuro: al país que estamos construyendo y al que heredaremos a quienes todavía no tienen edad para votar.
Porque la democracia no consiste solamente en sustituir a quienes gobiernan. También exige instituciones capaces de limitar el poder, exigir responsabilidades y permitir que las siguientes generaciones tengan oportunidades que las anteriores no tuvieron.
He dicho muchas veces que en 2006 se interrumpió una vuelta de la rueda de la democracia.
Veinte años después, me preocupa que sigamos mirando aquella rueda sin preguntarnos hacia dónde estamos conduciendo al país.
El pasado tiene archivos, documentos y testigos. El presente tiene responsables. Pero el futuro todavía no tiene quien lo defienda.
Y quizá esa sea la mayor paradoja de nuestro tiempo: mientras unos se empeñan en juzgar el pasado, corremos el riesgo de seguir dinamitando el futuro.
