IPE: la factura que todavía no llega
Hay gastos que se pagan cada año; y hay otros que, aunque todavía no estén sobre la mesa, sabemos que llegarán.
El IPE está hoy en condiciones de cumplir con sus pensionados. No hay una emergencia financiera inmediata. Pero sus propios números cuentan una historia que merece atención.
Para 2027 ya se habla de una necesidad cercana a 13 mil millones de pesos para garantizar el pago de pensiones.
La cifra es enorme. Pero lo verdaderamente importante está en lo que viene después.
El IPE calcula que en los próximos seis años habrá 20 por ciento más pensionistas, mientras que el gasto en prestaciones crecerá alrededor de 7.7 por ciento cada año.
Dicho de otra manera: cada vez habrá más personas cobrando una pensión y el Estado tendrá que destinar más recursos para sostenerla.
Y aquí es donde el asunto deja de ser solamente de jubilados.
Porque el dinero para las pensiones sale, directa o indirectamente, de las finanzas públicas. Y cada peso que se destina a una obligación creciente compite, inevitablemente, con otras necesidades de Veracruz.
No se trata de cuestionar el derecho de quien trabajó durante décadas a recibir su pensión. Ese derecho debe respetarse. Se trata de preguntar si estamos viendo lo suficientemente lejos.
Porque una cosa es garantizar que las pensiones puedan pagarse en 2027, y otra, mucho más difícil, consiste en saber cuánto costará hacerlo en el 2030, en el 2035 ó en el 2040.
El IPE no necesita que alguien anuncie una crisis que hoy no existe. Necesita que la discusión sobre su futuro empiece antes de que la presión sea mayor.
Porque cuando hablamos de pensiones, hablamos del pasado de miles de trabajadores.
Pero también estamos hablando del presupuesto de quienes todavía están trabajando. Y de los recursos de una generación que todavía ni siquiera se jubila.
La verdadera factura todavía no llega.
Veremos qué ocurre, y si de verdad ocurre.
Ay, Alor, Alor…
Lo de Roberto Ramos Alor no puede reducirse a una frase desafortunada.
Cuando médicos reclaman porque no tienen los insumos necesarios para operar, y la respuesta del responsable del IMSS-Bienestar es “si no quieren operar, no operen”, el problema deja de ser de forma y se convierte en un asunto de fondo: falta de sensibilidad, autoridad y capacidad para entender la responsabilidad que se tiene entre las manos. Más aún cuando la propia gobernadora ya había reconocido las carencias y ordenado resolverlas.
Ramos Alor no solamente se equivoca con los médicos; falla a la confianza que la Gobernadora depositó en él. Nahle decidió brindarle una nueva responsabilidad en el sector salud, a pesar de los cuestionamientos de su anterior paso por la Secretaría de Salud. Ante eso, cuando el funcionario responde con prepotencia ante un reclamo legítimo de médicos y después tiene que disculparse, expone también también a la titular del Ejecutivo.
La Gobernadora hizo lo correcto al no justificarlo. Ahora corresponde a Ramos Alor entender algo elemental: la confianza política no es un salvoconducto para equivocarse indefinidamente.
En salud, donde están en juego vidas humanas, la soberbia de un funcionario no es un defecto de carácter: puede convertirse en un problema de gobierno.
X: @aaguirre_g
