* Académico, Analista Político y Consultor Media Training
*Fin del INE… de Taddei*
Una renuncia puede cerrar una etapa, pero también puede abrir otra… la del expediente de investigación y responsabilidades.
La renuncia anunciada por Guadalupe Taddei, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), abre la posibilidad de que el oficialismo apueste por la legalidad y aproveche la oportunidad para reconfigurar el prestigio del INE, porque una cosa es dejar el cargo y otra, muy distinta, despejar las dudas que llevaron a una institución fundamental para la democracia mexicana al centro de una tormenta política.
Las investigaciones periodísticas publicadas en los últimos días han colocado bajo escrutinio las relaciones de Taddei con personas vinculadas a empresas proveedoras del organismo, así como diversas contrataciones, posibles conflictos de interés y decisiones administrativas. La controversia escaló al punto de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) anunció una investigación de oficio sobre indicios de posibles irregularidades, colusión y triangulación de recursos.
El problema de Taddei ya no era solamente político, era institucional y sus vínculos exigen explicaciones que van más allá de su vida personal.
Entre los episodios que alimentaron la controversia están los reportes sobre la relación de la consejera presidenta con el empresario José Alfredo Hernández Casillas, vinculado a compañías proveedoras de materiales electorales, y las imágenes difundidas por Latinus en las que aparece el empresario junto a Jorge Francisco Piñeda Taddei, hijo de la funcionaria, en un lujoso hotel de París.
Todo esto, justifica preguntas que no pueden despacharse con una descalificación genérica de la prensa ¿Existieron relaciones personales capaces de comprometer la imparcialidad en decisiones administrativas? ¿Qué empresas recibieron contratos, mediante qué procedimientos y bajo qué criterios? ¿Hubo competencia efectiva entre los participantes en las licitaciones? ¿Se cumplieron las obligaciones de transparencia y las reglas aplicables a posibles conflictos de interés? y, sobre todo, ¿qué documentos permiten demostrarlo?
La respuesta no debe depender de simpatías partidistas ni de la antipatía que pueda despertar determinado medio de comunicación, debe encontrarse en expedientes, contratos, declaraciones patrimoniales, procedimientos de adjudicación y resoluciones de las autoridades competentes.
El periodismo, como proveedor de análisis y denuncia del ejercicio público, puede encender las alertas, pero a las instituciones fiscalizadoras y de procuración de justicia les corresponde establecer los hechos y deslindar responsabilidades.
El verdadero tamaño del problema es que el árbitro también necesita credibilidad y el INE no es una dependencia cualquiera, es el organismo responsable de organizar elecciones federales y de garantizar condiciones institucionales para que la competencia política se desarrolle conforme a las reglas. Su autoridad no descansa exclusivamente en la Constitución, los procedimientos técnicos o la capacidad de instalar casillas. También depende de que los ciudadanos perciban que quien está al frente de este, no juega para alguno de los contendientes.
Cuando su máxima autoridad queda envuelta en cuestionamientos sobre proveedores y contrataciones, el daño potencial rebasa a la persona señalada.
No significa que los resultados electorales sean automáticamente inválidos, que el personal del Instituto haya perdido su capacidad técnica o que exista prueba de manipulación electoral, significa que la confianza pública puede deteriorarse y que esa pérdida de credibilidad resulta especialmente delicada cuando el país se encamina a las elecciones de 2027 en el marco de un oficialismo consolidado en el control y concentración del poder político del país.
La diferencia es importante: una crisis de confianza no demuestra una infracción electoral, pero ignorarla puede convertir un problema administrativo en uno de legitimidad institucional.
El INE anunció que Taddei presentaría su renuncia a la presidencia del INE el lunes 26 de octubre (Hoy), en su mensaje, sostuvo que la protección del Instituto debía estar por encima de cualquier interés personal o coyuntural y reconoció que los hechos que deban investigarse tendrán que esclarecerse con transparencia y debido proceso.
La decisión modifica el escenario, pero no resuelve el fondo; Taddei había rechazado previamente la posibilidad de abandonar el cargo y había atribuido los cuestionamientos a presiones políticas, el cambio de postura, después de que la controversia escalara y la ASF anunciara su investigación, abre una interrogante inevitable: ¿fue una decisión preventiva para proteger al Instituto o la consecuencia de una presión política y reputacional que ya resultaba insostenible?… me quedo con lo segundo… la salida anunciada ocurre en medio de una crisis que exige respuestas más allá de la sucesión.
Para Claudia Sheinbaum, se abre la oportunidad de generar un nuevo marco de poder propio, ajeno al gobierno anterior con influencia directa en quien resulte designado… veremos la pugna interna en la designación, aunque al final, para el resto de las fuerzas políticas, el control del organismo seguiría en la misma línea del grupo en el poder.
La oposición, por su parte, tiene una oportunidad para exigir transparencia y controles efectivos, pero también debe evitar la tentación de convertir cada señalamiento en una condena anticipada o de presentar la crisis como una victoria partidista, porque si el escándalo se utiliza únicamente para golpear al adversario, la exigencia de integridad corre el riesgo de convertirse en otra mercancía de temporada electoral.
Por otro lado, lo que no debe quedar en el aire, es que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) deberá esclarecer los indicios que motivaron su intervención; los órganos competentes tendrán que determinar si existieron faltas administrativas o conductas de naturaleza penal y el INE debe facilitar la revisión de sus procedimientos, transparentar la información legalmente accesible y garantizar que las decisiones administrativas no dependan de relaciones personales.
También hay una pregunta que no debe perderse entre las declaraciones de los partidos: ¿qué mecanismos impiden que una sola persona concentre demasiado poder administrativo dentro de un organismo cuya legitimidad depende, precisamente, de los contrapesos?
Si las reglas permiten zonas de opacidad, el problema no termina con la salida de una funcionaria. Si hubo decisiones indebidas, la responsabilidad tampoco desaparece cuando cambia el titular del despacho.
La transparencia no puede consistir en publicar contratos cuando estalla un escándalo. Debe ser una práctica permanente, acompañada de auditorías, competencia real, trazabilidad de los recursos y consecuencias cuando se acreditan irregularidades.
Guadalupe Taddei deja una presidencia cuestionada, pero el expediente público y las investigaciones no pueden darse por concluidos con su renuncia.
No se trata de declararla culpable desde una columna ni de concederle una absolución anticipada. Se trata de exigir que las sospechas se conviertan en hechos esclarecidos y que las autoridades expliquen, con pruebas, lo que ocurrió.
La democracia mexicana no necesita linchamientos mediáticos ni defensas automáticas, necesita instituciones capaces de investigar a los poderosos con la misma seriedad con la que exigen cuentas a cualquier ciudadano.
Si la confianza en el árbitro electoral depende también de la conducta de quienes lo encabezan, ¿basta con cambiar a la persona o es indispensable revisar las reglas que hicieron posible la crisis?
La renuncia puede cerrar un capítulo político. La rendición de cuentas tendrá que escribir el siguiente, porque en democracia, la salida de quien está bajo sospecha no debe ser el punto final de las preguntas, sino el principio de las respuestas.
Los leo…
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*Este artículo se ha construido con información de: El País, El Financiero, La Jornada, ASF, INE, Aristegui Noticias, Latinus.
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