Fidel Pérez
Veracruz, Ver., 17 de octubre de 2024.- Una presunta red de corrupción se fragua entre autoridades de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y taxistas de aplicación para legalizar la operatividad tanto de Didi como Uber y otras organizaciones de este tipo.
Taxistas autorizados, que sugirieron mantener en el anonimato sus identidades, cuenta con evidencias de que la dependencia pretende modificar el reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares para beneficiar a taxistas de aplicación que prestan sus servicios en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).
«Quienes pretenden dar el servicio por aplicación buscan operar antes de ser regulados, a través de una prueba piloto y durante seis meses, pero eso es una irregularidad e, incluso, un acto de corrupción porque aún no están delineadas las normatividades, además de que para ser prueba piloto es demasiado», acusaron.
Para los taxistas que prestan sus servicios apegados a la legalidad, lo buscan tanto autoridades de la SICT como los prestadores de servicio por aplicación es prolongar y proteger privilegios, independientemente, de obstaculizar la libre competencia que redunda en el buen servicio para usuarios.
En ese sentido, los taxistas autorizados legalmente acusaron presiones en su contra para que acepten «sin reservas» la prestación por aplicación del servicio de taxistas.
Precisaron contar con audios y videos como evidencia en los que autoridades proponen modificar las leyes vigentes, bajo la total discreción, para que empiecen a operar sin que las leyes hayan sido modificadas formalmente.
Un comunicado que circula en las redes sociales, dicta que en «reuniones de trabajo, a las que han sido convocados los taxistas autorizados en el AICM, sin la presencia del Contralmirante; que no se sabe si es por secrecía o evitar involucrarlo públicamente, buscan presionar a taxistas autorizados para aceptar la incorporación del servicio por aplicación bajo ofertas económicas y aparentes beneficios».
Acusaron que detrás del Contralmirante José Ramón Rivera Parga, están el capitán de Fragata Raúl Enrique Aguilar López y la teniente de Fragata Mariana Núñez Olivares, subdirectora de Terminal y en la gerencia de lo Contencioso, quienes llevan el tema del servicio de taxis, aunque Parga siempre se justifica que todo lo llevan «con estricto apego a las leyes vigentes».
