* La vinaza de la impunidad
En Veracruz se han contaminado ríos, se han devastado selvas, se han secado lagunas y se han destruido manglares. Lo verdaderamente extraordinario es que casi nunca hay responsables.
Ahora la tragedia vuelve a repetirse en la Cuenca del Papaloapan. Miles de peces muertos flotan en arroyos, ríos, lagunas y esteros de al menos trece municipios de la región. La imagen es devastadora: cuerpos de agua convertidos en cementerios acuáticos y pobladores observando cómo desaparece una de sus fuentes de alimentación y sustento económico.
Todo apunta, según habitantes, pescadores y autoridades municipales, hacia la Alcoholera de Nopaltepec y el presunto vertimiento de vinaza en los cuerpos de agua.
La vinaza no es un asunto menor. Se trata de un residuo líquido derivado de la producción de alcohol y etanol, con elevadas cargas orgánicas y una gran demanda bioquímica de oxígeno. Cuando se vierte sin tratamiento adecuado en ríos o lagunas, consume el oxígeno del agua y provoca precisamente lo que hoy está ocurriendo en la Cuenca del Papaloapan: la muerte masiva de peces y otras especies acuáticas.
La naturaleza está enviando señales inequívocas.
Miles de peces muertos no aparecen por generación espontánea.
Pero en Veracruz existe una vieja costumbre política y administrativa: mientras la evidencia flota en la superficie, las autoridades suelen hundirse en el fondo de la burocracia.
Los habitantes de Cosamaloapan, Tierra Blanca, Ixmatlahuacan, Ignacio de la Llave y otros municipios han hecho lo que les corresponde. Han documentado la tragedia, han difundido imágenes en redes sociales y han solicitado la intervención de las autoridades ambientales.
Ahora les toca actuar a las instituciones.
Y actuar significa investigar, determinar causas, establecer responsabilidades y aplicar la ley.
No organizar mesas de diálogo.
No anunciar que se abrirán expedientes.
No prometer estudios interminables.
Mucho menos esconder el problema detrás de tecnicismos administrativos.
Porque si, como afirma el exdiputado Ramón Pino Méndez, estos derrames son constantes y se repiten año con año aprovechando las temporadas de lluvia, entonces el problema ya dejó de ser un accidente ambiental.
Se convierte en un patrón de conducta.
Y cuando un daño ambiental se repite sistemáticamente, la responsabilidad deja de ser exclusivamente empresarial y se extiende inevitablemente hacia las autoridades encargadas de vigilar y sancionar.
¿Dónde estaban los sistemas de supervisión?
¿Dónde están las inspecciones preventivas?
¿Dónde los programas de monitoreo?
¿Dónde las sanciones ejemplares de años anteriores?
Porque una empresa puede intentar eludir sus responsabilidades, pero un gobierno no tiene derecho a fingir que ignora un problema que, según los propios habitantes de la región, se presenta de manera recurrente.
La situación resulta todavía más grave porque el daño ambiental amenaza con convertirse en un problema sanitario.
La contaminación de los cuerpos de agua no solamente destruye ecosistemas. También pone en riesgo actividades pesqueras, contamina cadenas alimenticias y puede afectar la salud de miles de personas que dependen de estos recursos.
Estamos hablando de al menos trece municipios de la Cuenca del Papaloapan.
Trece municipios.
No se trata de un incidente aislado en un arroyo perdido. Estamos frente a una contingencia regional con consecuencias económicas, sociales y de salud pública.
Sin embargo, en México la protección ambiental suele tener un curioso comportamiento. La ley se vuelve rigurosa cuando un campesino corta un árbol sin permiso, pero sorprendentemente flexible cuando se trata de grandes intereses económicos.
Las procuradurías ambientales suelen ser extraordinariamente eficientes para emitir comunicados de prensa y notablemente lentas para imponer sanciones.
Mientras tanto, el daño continúa.
El problema de fondo es cultural y político.
Durante décadas se ha considerado que contaminar es un costo aceptable del desarrollo económico. Como si el crecimiento industrial pudiera justificarse a cambio de destruir ríos, lagunas y la biodiversidad que sostiene la vida de las comunidades.
Eso no es desarrollo.
Eso es depredación.
Veracruz posee una de las mayores riquezas hídricas y biológicas del país. La Cuenca del Papaloapan constituye uno de sus patrimonios naturales más importantes. Permitir su degradación equivale a destruir parte del capital ambiental que pertenece no solamente a esta generación, sino también a las futuras.
Los peces muertos que hoy flotan en los cuerpos de agua son mucho más que un desastre ecológico.
Son la prueba visible de que cuando las empresas contaminan y las autoridades miran hacia otro lado, el resultado siempre es el mismo: la naturaleza paga primero, las comunidades pagan después y la impunidad termina cobrando la cuenta más alta.
En Veracruz, los peces aparecen muertos en la superficie; la responsabilidad de quienes debieron impedir esta tragedia sigue hundida en las profundidades de la impunidad.
