Evelia Gómez
Maestros de la Universidad Veracruzana, campus Minatitlán y Coatzacoalcos, no hicieron llegar sus inconformidades que señalan, existe dentro de esta máxima casa de estudios en esta región. Para evitar represalias, evitaron publicar sus nombres
Al interior de la Universidad Veracruzana (UV), región Coatzacoalcos-Minatitlán, crecen los señalamientos sobre la forma en que presuntamente se han asignado cargos, comisiones y plazas académicas, al margen de criterios claros y de los procedimientos establecidos, así como sobre el manejo de recursos y de los órganos colegiados de la institución.
De acuerdo con testimonios de integrantes de la comunidad universitaria, durante la actual gestión de la Vicerrectoría, encabezada por Georgina Hernández Ríos y Noemí Macedonio, se habría favorecido a personas cercanas a la titular mediante la asignación de cargos, comisiones, puestos directivos y presuntas plazas de tiempo completo para personal académico.
Uno de los principales cuestionamientos apunta a la supuesta existencia de «aviadores», término con el que se identifica a quienes reciben una remuneración sin desempeñar de manera efectiva las funciones correspondientes. Hasta el momento, estos señalamientos requieren sustentarse con documentación oficial que permita determinar si existen casos que pudieran constituir irregularidades administrativas. Como ejemplo, se menciona el caso de dos docentes que mantendrían cargos con sueldo de directivo en el extinto TSU de Enfermería del campus Coatzacoalcos.
También se cuestiona la forma en que se han desarrollado algunos procesos de designación de directores y responsables de áreas académicas. Los inconformes sostienen que ciertas decisiones habrían buscado colocar a personas afines a la administración regional de Hernández Ríos, lo que, a su juicio, podría afectar la autonomía de los órganos académicos y el funcionamiento institucional.
Otro de los nombres que aparece en estos señalamientos es el de Alejandra Cruz Torres, vinculada a asuntos laborales de la región. Según versiones de trabajadores y académicos, existiría inconformidad por su actuación en determinados procedimientos laborales y por el presunto uso de mecanismos administrativos —como las actas circunstanciadas— para ejercer presión sobre integrantes de la comunidad universitaria. De acuerdo con estos testimonios, cuando los directivos no acatan las indicaciones de la vicerrectora se desataría una presunta campaña de hostigamiento laboral que, según los denunciantes, contaría con el respaldo del rector de la universidad, a quien se le atribuye haber permitido que la Vicerrectoría actúe en la región prácticamente sin control ni contrapesos, principalmente en contra de quienes no se someten a sus decisiones.
Asimismo, hay cuestionamientos sobre la actuación de algunos Consejos Técnicos, órganos colegiados con atribuciones específicas dentro de la estructura universitaria. Los señalamientos sostienen que algunos de sus integrantes habrían recibido presiones por parte de las áreas académicas, presuntamente en coordinación con la Vicerrectoría, para respaldar decisiones que, según los inconformes, podrían no ajustarse plenamente a la normatividad universitaria.
Entre las acusaciones más delicadas figura el presunto uso de recursos públicos universitarios en beneficio de intereses particulares, mediante la asignación de plazas al margen de criterios objetivos y el manejo de los presupuestos de las facultades. Esta situación ha generado preocupación entre integrantes de la comunidad universitaria, quienes consideran necesario fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y el apego a la normatividad institucional en los procesos de designación de funcionarios, asignación de plazas, otorgamiento de comisiones y ejercicio del presupuesto.
Ante la gravedad de los señalamientos, resulta pertinente que las autoridades universitarias competentes se pronuncien públicamente al respecto y, en su caso, faciliten los mecanismos institucionales necesarios para que cualquier integrante de la comunidad pueda presentar pruebas y solicitar las investigaciones correspondientes.
De confirmarse alguna irregularidad, corresponderá a las instancias universitarias y, en su caso, a las autoridades competentes determinar responsabilidades y aplicar las medidas previstas por la legislación y la normativa de la Universidad Veracruzana.
