Fidel Pérez
Veracruz.- La solicitud de desafuero de la Fiscalía General del Estado contra el alcalde emecista Raúl González Martínez, de Ixhuatlán del Sureste, involucrado en el asesinato de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez basa su fundamento en testimonios de oídas e identidad reservada.
La carpeta de investigación NLC/DXXI/F1/256/2026, a la que tuvo acceso Latinus y que incluye al menos 200 fojas, pondera una entrevista realizada a Javier Iván López Brito, alias “Delta 1”, imputado en el homicidio de Roxana y relacionado con un grupo de la delincuencia organizada.
La declaración de Delta 1, está resguardada en un sobre cerrado marcado con el numeral 21/2026 que inicialmente se impidió revisar a la defensa legal, de acuerdo con el expediente integrado por la Fiscalía General del Estado (FGE).
La defensa del munícipe, integrada por los abogados Julio César Rosas Salazar, Erick Basto Morales e Izaskún Moreno Navarro, pidieron a la FGE y al Poder Judicial aportar pruebas «como siempre lo ha exigido la Presidenta Claudia Sheinbaum, y aquí no hay pruebas».
Por su parte, el alcalde Raúl González recriminó que es grave estar acusado de asesino sin que la parte acusadora presente una sola prueba.
En entrevista con periodistas, la abogada postulante Izaskún Moreno reclamó que el fundamento jurídico de la Fiscalía fue sólo de oídas, sin fundamento.
Aseguró que las acusaciones en contra de los policías y los Deltas -los presuntos miembros del grupo delictivo Sombra-, «en ningún momento son por el delito de homicidio de la reportera (Roxana Guzmán Ramírez)».
En el caso de los policías, la acusación es por el delito contra la salud y, por el lado de los Deltas, los delitos por los que están procesados son contra la salud y contra las instituciones.
En las 200 fojas que integran el expediente, coincide la defensa, «no se alude a alguna fotografía donde el alcalde sostenga armas, tampoco hay pruebas que confirmen la participación del alcalde en el homicidio de Roxana. Todo se limita a meras referencias indirectas».
Pese a las inconsistencias y de la falta de evidencia material sólida, la FGE sostiene que «hay elementos suficientes para presumir que fue quien concibió, determinó y ordenó el homicidio», imputándole una presunta autoría intelectual para solicitar ante el Congreso del Estado el juicio de procedencia y la remoción de su fuero constitucional, reclamaron.
