* Sinaloa-CJNG: La alianza que impulsó el gobierno
El secretario de Seguridad Pública Ciudadana del Gobierno Federal, Omar García Harfuch, en una de sus exposiciones plagadas de estadísticas y de anuncios de miles de detenciones de criminales –-todo eso suena falso porque las cárceles están atestadas de presos y no hay espacios para más –-reconoció que ya existe una alianza entre el cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Lo que no dijo es que dicho pacto se impulsó desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y continuó con Claudia Sheinbaum.
Dicha alianza, según se sabe, fue reforzada por el gobierno de Claudia Sheinbaum con el fin de pacificar el territorio, lo que confirma que la paz social del país no depende de las acciones gubernamentales sino de los acuerdos a los que arriben los grupos criminales. Y este es un ejemplo claro.
Tras el secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada, en julio de 2024, se desató la guerra en Sinaloa entre las facciones de “Los Chapitos” y “La Mayisa”, la cual ha dejado miles de muertos, desaparecidos, crisis económica por el cierre de negocios y un terror en la sociedad que ha obligado a muchas familias a abandonar esa entidad del Pacífico mexicano.
Desde entonces trascendió la versión de que el gobierno no iba a poder con el paquete de pacificar Sinaloa. Y fue entonces cuando arreciaron los comentarios en diversos círculos de poder respecto a que el Gobierno Federal impulsaba la alianza entre los dos cárteles más poderosos, lo que se concretó después de que el jefe del CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, fue abatido en enero de este año en Jalisco por parte de elementos de las Fuerzas Armadas.
Su hijastro –Juan Carlos Valencia González—asumió el liderazgo del grupo criminal tras el abatimiento de su padrastro, según confirmó la DEA y el gobierno mexicano. Así, se logró el acercamiento necesario para que tanto Iván Archivaldo, Jesús Alfredo Guzmán (Los hijos de “El Chapo” Guzmán) sellaran la alianza con el heredero de “El Mencho”.
Lo que se propone el gobierno de Claudia Sheinbaum es pacificar el territorio mediante este método de negociación entre criminales, pues es claro que no existe voluntad ni capacidad de exterminar a todo el crimen organizado, incluido los cárteles, como lo exige el gobierno de Estados Unidos.
Hace una semana, García Harfuch pregonó que los delitos de alto impacto descendieron un 13 por ciento; el funcionario también presumió que se han detenido más de cincuenta mil delincuentes, pero no explicó en qué cárceles están encerrados ni las fechas en que fueron presentados ante las autoridades correspondientes.
El dato es muy dudoso, pues esa cantidad de criminales aprehendidos no cabrían en las prisiones mexicanas, más aún, cuando la mayoría de las cárceles enfrentan serios problemas de hacinamiento y son consideradas “bombas de tiempo” por los graves problemas que enfrentan –venta de drogas, entre otros males –además de que la readaptación social ya no se cumple debido a la sobrepoblación.
En los últimos años el crimen organizado se ha diversificado por todo el país. En vez de cárteles lo que está apareciendo en municipios y regiones son células criminales que se instalan en los territorios para delinquir con actividades ilegales como el cobro de piso, la venta de protección, los secuestros, desapariciones forzadas, control de la prostitución, entre otras.
En estos negocios, por desgracia, se han implicado políticos, fiscales, policías, diputados, senadores y gobernadores. Estos últimos están bajo el reflector de Estados Unidos, sobre todo los que emanaron de MORENA, pues les han cancelado las visas y están siendo investigados en Estados Unidos por sus vínculos con el crimen organizado.
La presidenta Claudia Sheinbaum exige pruebas para proceder a la detención de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, quien es requerido por el gobierno de Estados Unidos por los delitos de tráfico de cocaína, heroína, fentanilo y armas. Pero simplemente no lo quieren entregar porque, de hacerlo, sería el derrumbe del partido fundado por López Obrador, el hombre que vendió un proyecto de cambio para el país y no cumplió. Resultó el gran farsante de los últimos años.
El partido en el poder enfrenta grandes retos para las elecciones internedias del año 2027. La mayoría de sus gobernadores están acusados de servir a los intereses del crimen organizado; diputados, senadores y alcaldes –muchos de éstos últimos han sido asesinados por bandas criminales contrarias –están implicados en amplias redes de la delincuencia organizada, por lo que el proyecto de MORENA se ha visto devaluado por ser una farsa. La corrupción, además, sigue galopante por doquier, mientras el huachicol fiscal, que ha causado un quebranto fiscal de más de 650 mil millones de pesos –sigue operando con la complicidad de altos funcionarios de aduanas, marinos, soldados, empresarios y políticos.
Todo este escenario sólo confirma que México ya no sólo es un Estado fallido –o una mafiocracia –sino un Estado mafioso donde no formar parte del clan MORENA, y del crimen, significa estar fuera de la jugada, fuera de los negocios y fuera de la protección presidencial.
