* Caso Rocha Moya: El descaro de un presunto criminal
La posible expulsión de MORENA del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como del resto de presuntos criminales solicitados por Estados Unidos en extradición, es un acto de poca monta cuando la FGR ha impedido, por todos los medios, no detener a quien es considerado un capo que favoreció el tráfico de fentanilo desde Sinaloa a Estados Unidos, traficó con armas e incurrió en actividades de lavado de dinero a través de empresas fantasmas, de acuerdo con investigaciones de la DEA, FBI, Departamento del Tesoro y de Justicia. Para que MORENA limpie este estercolero protegido desde Palenque por el expresidente Andrés Manuel López Obrador debe haber una purga profunda, aplicar la ley –no violarla –y entregar a los criminales al país que los demanda. La impunidad sólo desata mayor criminalidad.
Rubén Rocha Moya, considerado por Estados Unidos como un narcogobernador con licencia, pues se le investiga tanto en México como en aquel país por sus nexos con el cártel de Sinaloa –tráfico de armas, drogas y lavado de dinero –debería no sólo ser expulsado del partido MORENA, donde ya es indeseable, sino detenido y encarcelado con fines de extradición, tal y como lo solicitaron las autoridades estadunidenses hace poco más de tres meses.
Presuntamente, la Comisión de Honor y Justicia analiza la posible expulsión de Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza –quien sigue cobrando salario como senador sin trabajar, pues lleva más de cien días ausente – y de otros personajes que forman parte de la lista de criminales armada en Washington.
Sin embargo, la expulsión de Rocha Moya de su partido es un tema que invita más al escándalo que a llevar a cabo un acto de justicia. Lo importante y de fondo es capturarlo y entregarlo a las autoridades de Estados Unidos para que enfrente los cargos que pesan en su contra.
La semana pasada, al vencerse la licencia temporal que solicitó para ser “investigado” por la Fiscalía General de la República (FGR) por sus ligas con el narcotráfico, Rocha Moya apareció en Culiacán con el objetivo de regresar al poder.
Ese hecho, a todas luces un acto de descaro más que se error político, había colocado a la presidenta Claudia Sheinbaum en una posición débil, vulnerable que hizo pensar a muchos mexicanos que Rocha Moya atendía las órdenes de su jefe y creador político: Andrés Manuel López Obrador, quien desde Palenque o la Ciudad de México le habría ordenado que regresara a su cargo como gobernador.
La presidenta, aparentemente, no se daba cuenta de esa suerte de madruguete o albazo político, pero justo a tiempo movilizó a sus bases, diputados, senadores, y miembros activos de MORENA reprobaron el acto de Rocha Moya, que sin consultarle absolutamente nada a Sheinbaum iba directo a retomar la silla gubernamental.
Cuentan quienes saben más detalles de este caso que el viernes pasado Rocha Moya “se dio cuenta de su error”, político y personal, y rectificó al solicitar, el sábado, licencia indefinida. Y fue así como el Congreso, posteriormente, sesionó para nombrar a la gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava –excolaboradora de Rocha Moya –como nueva mandataria de esa entidad en crisis de seguridad a pesar de que cuenta con la presencia de más de tres mil elementos de las Fuerzas Federales.
El fin de semana pasado los comentarios sobre este caso versaban respecto de la confrontación política entre López Obrador y Claudia Sheinbaum; algunos medios y analistas llegaron a decir que había dos presidentes en México y que ambos estaban disputándose el control político y económico del país.
El estado de Sinaloa, en efecto, vive una crisis de seguridad de dimensiones no esperadas, desatada tras la extracción del capo Ismael “El Mayo” Zambada, el 25 de julio de 2025, cuando fue secuestrado en la finca Huertos del Pedregal, en Culiacán, por hombres armados al servicio de Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo” Guzmán, quien ordenó maniatarlo para luego llevarlo a un avión que esperaba en una pista clandestina, cerca del lugar del secuestro, al que también se trepó Guzmán López. Ambos terminaron aterrizando en Nuevo México, donde autoridades estadunidenses los detuvieron.
En el lugar de los hechos fueron ejecutados Melesio Cuén, exrector y diputado local, así como cuatro escoltas que ese día acompañaron a “El Mayo” Zabada. Luego, la Fiscalía sinaloense inventó la historia de que Cuén había sido asesinado, como consecuencia de un intento de asalto, en una céntrica gasolinera de Culiacán. Y lo más grave fue que la fiscal, Bruna Quiñonez Estrada –hasta ahora libre e impune — ordenó que el cuerpo de Melesio Cuén fuera incinerado con urgencia, lo que se hizo.
Lo que también se ha pasado por alto es que el propio Rubén Rocha Moya fue el que coordinó la reunión en la finca Huertos del Pedregal. Lo hizo a petición expresa de la facción de “Los Chapitos”, de acuerdo con tres audios que José Luis Montenegro y un servidor publicamos en el libro “La Cuarta Transformación del Crimen Organizado (Inefable 2025), en la que se escucha a varios gatilleros decir que ya está todo listo para “lo del día 25”.
Desde antes del secuestro de “El Mayo”, Rubén Rocha Moya y sus principales colaboradores ya estaban siendo investigados por el gobierno de Estados Unidos por sus ligas con el cártel de Sinaloa, protección para la producción de fentanilo, tráfico de armas, lavado de dinero, entre otros delitos que están vigentes en distintas cortes norteamericanas.
Por ello es importante resaltar que lo de menos es la expulsión de Rocha Moya y socios del partido MORENA. Si realmente ese partido y sus miembros quieren limpiar la casa deben capturar y entregar a Rocha Moya, Inzunza y el resto de los exfuncionarios solicitados en extradición por Estados Unidos.
Se trata de cumplir con la ley y hacer justicia, no de proteger a criminales; tampoco es un tema de soberanía, es un asunto de legalidad: hay delitos que se persiguen desde Estados Unidos y los responsables deben pagar por sus actos, no encubrirlos.
Ese es precisamente el punto más crítico para la presidenta Claudia Sheinbaum: encubrir, presuntamente, a una mafia de Estado, a un grupo criminal que llegó con López Obrador al poder y que quiere seguir manteniendo privilegios, entre otros, la impunidad.
Siempre hemos sostenido en este espacio que la impunidad es el mejor asidero para la delincuencia. Justo ahí donde no se aplica la ley, donde el Estado está ausente, surge la criminalidad, la narcopolítica, el tráfico de drogas protegido por instituciones, el huachicol fiscal y el lavado de dinero.
Este último delito, por ejemplo, tiene una elevada impunidad en México, lo que convierte al territorio en un paraíso…fiscal. Sólo tres por ciento de las carpetas llegan a judicializarse, el resto se queda sin castigo. Así está la justicia en esta mafiocracia que, debe decirse, no llegó con MORENA al poder, pero se ha mantenido intocada.
