* La doble moral del presidente de la CEAPP
Veracruz, Ver., 23 de junio de 2026.- Luis Orencio Ramírez Baqueiro preside un organismo cuya razón de existir consiste en defender derechos humanos, proteger personas vulnerables y exigir a las autoridades el respeto irrestricto a la legalidad. Su cargo demanda credibilidad, congruencia y autoridad moral. Precisamente por eso resulta imposible ignorar la contradicción que representa que el presidente de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas enfrente una resolución judicial relacionada con el reconocimiento de paternidad de una menor y el pago retroactivo de pensión alimenticia que, de acuerdo con la determinación de la Octava Sala Familiar del Poder Judicial de Veracruz, debió cubrirse desde 2014.
La pregunta resulta tan incómoda como inevitable. ¿Con qué calidad moral puede encabezar una institución creada para defender derechos quien ha tenido que ser llevado ante los tribunales para responder por los derechos de una niña? Porque más allá de los tecnicismos jurídicos, de los recursos procesales y de las etapas que todavía deberá resolver la justicia federal, el fondo del asunto es brutalmente simple: una menor terminó dependiendo de una larga batalla judicial para reclamar derechos que jamás debieron ser materia de litigio.
La Octava Sala Familiar del Poder Judicial de Veracruz, dentro del Toca 476/2025, ordenó el reconocimiento de paternidad de una menor de identidad reservada y el pago retroactivo de pensión alimenticia desde el año 2014. El asunto continúa sujeto a revisión mediante el Amparo Directo 588/2025 promovido ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil. Sin embargo, existe una realidad que ningún recurso legal puede borrar del debate público: quien hoy encabeza una institución dedicada a la defensa de derechos enfrenta un conflicto judicial precisamente relacionado con los derechos de una menor de edad, uno de los sectores que gozan de la más amplia protección constitucional y convencional dentro del sistema jurídico mexicano.
Lo verdaderamente escandaloso no es que exista un litigio. Los litigios forman parte de cualquier Estado de Derecho. Lo verdaderamente escandaloso es la enorme distancia que existe entre el personaje público que durante años ha pretendido proyectar Luis Orencio Ramírez Baqueiro y los hechos que hoy lo persiguen. Porque resulta muy cómodo hablar de derechos cuando las obligaciones recaen sobre otros. Resulta muy sencillo exigir sensibilidad institucional cuando el señalado es alguien más. Resulta extraordinariamente fácil construir discursos sobre justicia, dignidad humana y protección de víctimas cuando no es uno quien debe rendir cuentas por sus propios actos.
La CEAPP fue concebida para proteger periodistas que enfrentan abusos de poder, amenazas, persecución o vulneración de sus derechos fundamentales. Esa es la esencia de su existencia. Por ello la institución debería estar encabezada por personas cuya conducta personal no genere dudas sobre su congruencia ética. Sin embargo, el caso de su presidente coloca exactamente la situación contraria. Porque mientras la institución presume ser defensora de derechos, quien la encabeza aparece vinculado a una controversia donde una menor tuvo que esperar años para obtener una resolución judicial respecto de derechos que debieron ser reconocidos sin necesidad de atravesar un viacrucis legal.
Y ahí es donde aparece la palabra que más incomoda a los funcionarios públicos: hipocresía.
Porque una cosa es cometer errores en la vida privada y otra muy distinta construir una carrera pública pretendiendo erigirse como referente moral mientras se litigan responsabilidades tan elementales como las derivadas de la paternidad. La sociedad puede comprender errores. Lo que difícilmente tolera es la simulación. Mucho menos cuando proviene de quienes todos los días se presentan como defensores de causas justas y guardianes de los derechos de los demás.
Lo que exhibe este caso es algo más profundo que una controversia familiar. Exhibe la enfermedad crónica de una clase de funcionarios que se sienten cómodos repartiendo lecciones de ética desde los cargos públicos mientras destinan cantidades enormes de tiempo, dinero y esfuerzos a evadir responsabilidades propias. Son expertos en señalar la paja en el ojo ajeno mientras ignoran la viga que cargan sobre los hombros. Se indignan selectivamente. Defienden derechos selectivamente. Exigen justicia selectivamente.
Y eso es exactamente lo que destruye la credibilidad de las instituciones.
Porque los ciudadanos no evalúan solamente los discursos. Evalúan conductas. Observan trayectorias. Comparan palabras con hechos. Cuando descubren que entre ambas existe un abismo, la confianza pública se derrumba. Ninguna conferencia, ningún comunicado institucional, ninguna entrevista y ningún boletín pueden reparar el daño que provoca la incongruencia cuando ésta queda expuesta ante la opinión pública.
La discusión ya dejó de ser jurídica. Los tribunales resolverán lo que corresponda resolver dentro de los expedientes. La discusión hoy es ética y política. Tiene que ver con la autoridad moral de quien ocupa una posición de representación pública. Tiene que ver con la credibilidad de una institución que durante años ha sido objeto de cuestionamientos sobre su utilidad, su eficacia y su legitimidad. Tiene que ver con la imagen de una CEAPP que nuevamente aparece en el centro de la polémica no por la defensa de periodistas, sino por la conducta de quien actualmente la preside.
Porque al final existe una pregunta de la que Luis Orencio Ramírez Baqueiro difícilmente podrá escapar. No importa cuántos recursos legales se promuevan. No importa cuántas explicaciones se intenten construir. No importa cuántas justificaciones aparezcan en el camino.
¿Cómo puede exigir respeto a los derechos de los demás quien ha terminado en los tribunales por los derechos de una niña?
Esa pregunta resume toda la tragedia de la doble moral.
Porque la autoridad moral no se obtiene mediante nombramientos. No se adquiere por decreto. No viene incluida con los cargos públicos.
Se construye con el ejemplo.
Y cuando el ejemplo se derrumba, también se derrumba la credibilidad de quien pretende hablar en nombre de los derechos de los demás.
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