* Plan B: La disputa por las reglas*
Por momentos, la política mexicana parece moverse en ciclos de estridencia: grandes reformas, discursos que exaltan el poder del “pueblo”, confrontaciones abiertas y toda una parafernalia digna de cualquier “Talk show” de moda.
Pero hay otra forma de ejercer el poder, menos visible y a menudo más eficaz: la intervención gradual sobre las reglas del juego. Ahí es donde se ubica el llamado Plan B electoral.
El fracaso de la reforma constitucional no fue, en sentido estricto, una derrota para el oficialismo encabezado por Claudia Sheinbaum. Fue un punto de inflexión.
Lo que no pudo imponerse mediante mayoría calificada se reconfiguró como estrategia electoral: avanzar, pieza por pieza, desde las leyes secundarias. No cambiar el tablero, sino ajustar sus matices.
La frase que siguió al revés legislativo “vamos a avanzar con lo que sí es posible” no es retórica menor. Define un cambio de lógica política: del rediseño institucional al ajuste táctico. En lugar de disputar la arquitectura del sistema electoral, el oficialismo opta por intervenir su operación cotidiana. Es una ingeniería silenciosa del poder.
El instrumento es claro: reformas a la legislación secundaria, particularmente a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. A diferencia de la Constitución, estas normas pueden modificarse por mayoría simple. Es decir, sin necesidad de negociar con la oposición.
El argumento público descansa en la austeridad. Y no carece de sustento. México financia a sus partidos políticos con más de 10 mil millones de pesos anuales, mientras que el presupuesto del Instituto Nacional Electoral ha superado los 20 mil millones en años electorales. El costo por voto, efectivamente, se ubica entre los más altos de la región.
Bajo esa narrativa, el Plan B propone reducir estructuras municipales, ajustar congresos locales, recortar el gasto electoral y simplificar procesos. En palabras de legisladores de Morena, no se trata de debilitar la democracia, sino de hacerla sostenible.
Sin embargo, el problema no es el diagnóstico, sino la profundidad del tratamiento.
Porque al observar con lupa, la austeridad aparece como apenas una capa superficial. En el fondo, lo que está en juego es una reconfiguración de incentivos.
Menos recursos no solo implican ahorro: implican redistribución de capacidades. Los partidos enfrentarán mayor competencia interna, las autoridades electorales operarán con márgenes más estrechos y la eficiencia administrativa dejará de ser un atributo deseable para convertirse en una condición de supervivencia, es ahí donde comienza la disputa real.
Por otro lado, la oposición ha sido frontal. Marko Cortés (PAN) acusó que el Plan B busca controlar el sistema electoral sin tocar la Constitución. Alejandro Moreno (PRI) fue más allá: lo calificó como un intento de debilitar al árbitro desde la legislación secundaria.
Pero lejos de las consignas partidistas, el debate relevante ha venido de las voces técnicas. Exconsejeros del INE y especialistas en derecho electoral, como Lorenzo Córdova, Ciro Murayama, José Woldenberg y Diego Valadés así como también análisis del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y México Evalúa, han advertido un punto crítico: reducir recursos sin rediseñar funciones puede comprometer la capacidad operativa del sistema… eso no es una abstracción.
Significa menor capacidad de fiscalización del financiamiento político en un país donde el dinero ilícito sigue siendo un riesgo latente. Significa presión sobre la organización logística de elecciones que movilizan a más de 95 millones de ciudadanos y requieren la instalación de más de 160 mil casillas. Significa, en última instancia, mayor vulnerabilidad ante conflictos postelectorales.
México no tiene un sistema electoral caro por capricho. Lo tiene porque es complejo.
El dilema, entonces, no es cuánto cuesta la democracia, sino cuánto cuesta garantizar su confiabilidad.
Reducir sin rediseñar puede generar una paradoja peligrosa: abaratar el sistema a costa de erosionar la certeza que lo sostiene.
Como toda reforma electoral en México, el destino del Plan B no se decidirá exclusivamente en el Congreso, sino en los tribunales. La Suprema Corte de Justicia de la Nación será el árbitro final. Y el límite es claro: ninguna ley secundaria puede vulnerar principios constitucionales como la equidad en la contienda o la autonomía electoral.
Esto abre dos rutas posibles.
Una validación parcial permitiría ajustes operativos, pero eliminaría los excesos, dejando un Plan B acotado, funcional pero sin capacidad de alterar el equilibrio de fondo. Una invalidación sustantiva, en cambio, no solo frenaría la reforma, sino que reactivaría el conflicto institucional y desgastaría políticamente al oficialismo.
Sin embargo, el mayor riesgo no está necesariamente en el terreno jurídico, está en la política.
A diferencia de la reforma constitucional, el Plan B no depende de la oposición, sino de la cohesión interna del bloque gobernante. Y ahí han aparecido fisuras. El papel del Partido Verde y del PT no es accesorio: es determinante. Cada voto cuenta, cada ajuste se negocia, cada concesión tiene costo.
Eso convierte al Plan B en una operación de precisión.
En términos estrictos, no estamos ante una transformación del sistema electoral. No puede eliminar órganos autónomos ni alterar principios constitucionales. Su alcance es más acotado, pero no por ello irrelevante: modifica reglas operativas, ajusta costos y, sobre todo, reconfigura incentivos.
Es, en esencia, una reforma de borde institucional. Es ahí donde radica su potencia.
Porque la política no solo se define en las grandes reformas, sino en los detalles que condicionan su aplicación. El Plan B no redefine la democracia mexicana, pero sí intenta reorganizar su funcionamiento cotidiano. No rompe el sistema, pero busca inclinar el terreno.
La pregunta de fondo no es jurídica, sino democrática: ¿hasta qué punto es legítimo reconfigurar las condiciones de la competencia sin un consenso constitucional amplio?
No hay una respuesta simple. Pero sí una certeza.
En política, las reglas importan.
Pero importa aún más quién logra ajustar las condiciones bajo las cuales esas reglas se vuelven operativas.
Ahí, lejos del ruido, es donde realmente se disputa el poder.
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*Correo: fermendozanunez@hotmail.com*
Este análisis se elaboró con información de:
INE, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Cámara de diputados, Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), El Universal, Reforma, La Jornada y Milenio
*Su estructura fue filtrada en más de 5 plataformas diferentes*
* Académico, Analista Político y Consultor Media Training
