* Con descaro e impunidad, aspirantes realizan actos anticipados de campaña
* El INE y el OPLE no ven ni escuchan nada o desconocen los procedimientos
* El escenario se enrarece al vulnerarse la democracia
Xalapa, Ver., 13 de julio de 2026.- El Instituto Federal Electoral (INE) y el Organismo Público Local Electoral (OPLE), al parecer padecen de una grave ceguera no ven las campañas adelantadas que están realizando los aspirantes, candidatos local y federal en el estado de Veracruz, donde las y los suspirantes con absoluto descaro y a la luz de todos realizan campañas adelantadas, sin que ambas instituciones apliquen los correctivos que detenga los actos de proselitismo, esta actitud coloca en evidencia a los árbitros de la contienda, porque es evidente que favorecen a determinados partidos políticos y esto por supuesto que vulnera la democracia y enrarece el proceso electoral.
¿Qué dice la ley electoral?
De acuerdo con el artículo 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), se consideran actos anticipados las expresiones realizadas bajo cualquier modalidad, que contengan llamados expresos al voto (a favor o en contra) o solicitudes de apoyo para contender en un proceso, antes de que este inicie formalmente.
El debate sobre la simulación
En años recientes, estas prácticas han generado controversias tras los procesos internos de partidos políticos (como Morena y la oposición), que nombran «coordinadores» o realizan recorridos nacionales para posicionar figuras políticas previo a las fechas establecidas por el Instituto Nacional Electoral (INE). Críticos y expertos señalan que esta estrategia a menudo opera con «lagunas legales» y simula procesos internos para eludir las restricciones de fiscalización y los tiempos de campaña.
Algunos medios de comunicación han cuestionado sobre si esta “’ciego” y “sordo” ante las campañas adelantadas, que a todas luces y con gran cinismo se observa que realizan varios suspirantes de diversos partidos, principalmente de Morena, PVEM y del Partido del Trabajo.
El Instituto Nacional Electoral (INE) carece actualmente de reglas claras para fiscalizar las campañas políticas adelantadas rumbo a las elecciones de 2027.
Especialistas, exconsejeros y miembros del propio organismo advierten que esta falta de regulación genera un vacío legal que permite la promoción anticipada sin consecuencias económicas ni jurídicas.
El vacío legal en el INE sin fiscalización se da porque no existen lineamientos específicos para vigilar el origen y destino del dinero utilizado en actos anticipados
Árbitro de la contienda está absolutamente ausente, no ve, ni escucha. El consejero electoral Arturo Castillo, alertó que el INE actúa como un «árbitro que no está arbitrando un partido que empezó hace ya mucho».
Lagunas legales, los aspirantes aprovechan precisamente estos huecos normativos para posicionar su imagen pública antes de los tiempos legales. Los aspirantes en activo
Movilización masiva, se reportan más de 300 militantes de Morena realizando recorridos en sus respectivos estados, incluyendo al estado de Veracruz. Estrategia territorial: Los políticos organizan actos públicos, reparten propaganda y movilizan simpatizantes.
El el activismo anticipado se enfoca en posicionar perfiles para competir por las 17 gubernaturas que se renovarán en los comicios de 2027.
Consecuencias y sanciones, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), a través de su Sala Especializada, es el encargado de resolver si existieron infracciones y sancionarlas. Las consecuencias por cometer actos anticipados de manera grave y dolosa incluyen multas, la cancelación del registro de la candidatura o incluso la anulación de una elección, pero tal parece que los suspirantes están blindados o protegidos y se conducen con toda impunidad, realizando proselitismo anticipado, pareciera que las autoridades electorales los protegen.
Este domingo precisamente, el periódico la Jornada nacional, público una nota al respecto donde señala que los partidos políticos (salvo los dos nuevos, con registro desde el mes pasado) comenzaron procesos internos formales e informales rumbo a la selección de sus candidatos para 2027. Este banderazo se dio al menos medio año antes del inicio oficial de las precampañas y nueve meses previos al arranque de la etapa proselitista.
El fenómeno, ahora conocido en la jerga partidista como “pre-pre-precampaña”, no está regulado en la Constitución o en la ley. Se realiza con base en una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), emitida en 2023, precisamente frente a las estrategias de los políticos para despuntar desde ahora hacia las candidaturas.
En julio de aquel año, la sala superior del TEPJF concluyó que los “procesos políticos partidistas inéditos”, en ese momento de Morena y del frente opositor, no eran ilegítimos y, por tanto, podían continuar, siempre que se ajustaran a los límites constitucionales.
El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón aseveró entonces que, “es legítimo que los partidos puedan tener filtros y llevar a cabo una serie de acciones para valorar las características de sus liderazgos”.
El TEPJF ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE), generar lineamientos generales para regular y fiscalizar estos procesos.
El consejero Arturo Castillo Loza, quien desde marzo pasado ha insistido varias veces y por diferentes vías en la necesidad de aprobar un marco normativo más robusto, con consecuencias en el proceso electoral 2026-2027, que comienza la primera semana de septiembre próximo, señaló que el objetivo es fiscalizar desde ahora los gastos, pero sobre todo que el INE sea árbitro en un juego que ya arrancó.
“Y en caso de que se llegaran a acreditar actos anticipados de precampaña o campaña, los gastos involucrados en esos actos podrían ser sumados a los topes de gastos de campaña correspondientes; esto tendría un efecto sobre la regulación y la protección de la equidad en la contienda”, comentó.
De todo esto, de comprobarse la violación, a los titulares del INE y el OPLE, Sergio Vera Olvera y Marisol Alicia Delgadillo Morales, se les podría fincar responsabilidad penal, por omisión.
