* No quiere ser visto como “El Chapo” Guzmán y lucha por una vida digna en una prisión estadounidense con buenos servicios médicos.
* El acuerdo de Zambada cambió para siempre la relación México-Estados Unidos en temas de seguridad y ponen en la mira a personajes de la política mexicana.
Por Víctor Hugo Arteaga
SACRAMENTO, California, julio 20 (XPFM). -La sentencia de cadena perpetua dictada este lunes por el juez Brian Cogan de la Corte del Distrito Este de New York contra Ismael “El Mayo” Zambada, no representa únicamente el final judicial del hombre que durante cuatro décadas fue considerado el estratega más importante del Cártel de Sinaloa.
La condena marca también el inicio de un nuevo accionar de las autoridades de Estados Unidos, en la forma en que manejará este tipo de casos en el futuro inmediato y que tendrá serias repercusiones en México.
La razón es sencilla. Por primera vez, uno de los fundadores de la organización criminal más poderosa del continente aceptó formalmente ante las autoridades estadounidenses su responsabilidad penal mediante un acuerdo de culpabilidad, que evitó un juicio público, pero dejó firme una verdad jurídica de enorme alcance.
Washington sostuvo durante años que el Cártel de Sinaloa opera como una empresa transnacional dedicada al tráfico masivo de drogas, al lavado de dinero, al uso sistemático de la violencia y a la corrupción para proteger sus operaciones.
Hasta ahora, esa era la teoría del gobierno estadounidense.
Desde agosto del año 2025 dejó de ser únicamente una acusación para convertirse en una admisión judicial realizada por uno de sus principales dirigentes.
El acuerdo de culpabilidad no descansó sobre decenas de delitos aislados. Su columna vertebral fueron dos figuras jurídicas extraordinariamente poderosas: la participación en una empresa criminal continua y la conspiración para violar la Ley RICO, diseñada precisamente para perseguir organizaciones criminales complejas.
La ley RICO es un estatuto federal de Estados Unidos promulgado en 1970. Fue creada inicialmente para combatir a la mafia, permite a los fiscales acusar a múltiples personas que trabajan en conjunto bajo una misma red criminal de cometer un «patrón» de delitos continuos.
La diferencia es fundamental.
El cargo por empresa criminal continua implica aceptar que el acusado dirigió una organización integrada por múltiples personas que obtuvo ganancias millonarias mediante el narcotráfico durante años. No se trata de reconocer un cargamento específico o una operación determinada, sino de admitir el liderazgo de toda una estructura delictiva.
Por su parte, el cargo RICO incorpora dentro de una sola causa penal el conjunto de actividades realizadas por la organización como son el narcotráfico, lavado de dinero, homicidios, corrupción y demás actos ejecutados para mantener funcionando la empresa criminal.
Desde la perspectiva del Departamento de Justicia, el acuerdo resolvió uno de los procesos penales más importantes de la historia reciente, sin asumir el enorme riesgo que implica un juicio de varios meses frente a un jurado.
Lo que gana El Mayo con su declaración de culpabilidad
A cambio de esa declaración de culpabilidad, los fiscales retiraron la posibilidad de solicitar la pena de muerte. El resultado fue una sentencia de prisión de por vida sin posibilidad de libertad condicional, acompañada por una orden de decomiso de 15 mil millones de dólares, una cifra que refleja la dimensión económica atribuida durante décadas al Cártel de Sinaloa.
Ese decomiso difícilmente será recuperado en su totalidad. Sin embargo, tiene un objetivo mucho más amplio que el económico: permitirá perseguir bienes, cuentas bancarias, empresas, inversiones y activos que puedan ser localizados en cualquier parte del mundo durante los próximos años.
Quizá el aspecto más relevante del acuerdo es aquello que no contiene.
Hasta donde alcanza la información pública, el documento no constituye un convenio formal de cooperación semejante a los utilizados con otros integrantes del crimen organizado para obtener reducciones adicionales de condena. Jurídicamente, la sentencia descansa en la aceptación de responsabilidad penal, no en una obligación pública de declarar contra terceros.
Eso no significa que las autoridades estadounidenses carezcan de información adicional ni que Zambada no haya sostenido reuniones con investigadores federales.
Significa únicamente que la condena no depende, al menos de manera pública, de un compromiso formal de colaboración.
La consecuencia política y judicial de este caso apenas comienza.
Con la sentencia firme, el Departamento de Justicia ya no tendrá que demostrar en futuros procesos que el Cártel de Sinaloa operó como una organización criminal estructurada durante décadas. Ese punto quedó establecido mediante una resolución definitiva de una corte federal estadounidense.
A partir de ahora, la atención puede desplazarse hacia otro terreno: identificar quiénes facilitaron el funcionamiento de esa organización, en donde pueden incluirse a figuras de la política mexicana como el gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya.
Funcionarios públicos, empresarios, operadores financieros, prestanombres, intermediarios políticos y cualquier persona que, según las investigaciones, hubiera contribuido al funcionamiento de la estructura criminal podrían enfrentar procesos apoyados en un antecedente judicial mucho más sólido que el existente hasta hoy.
La condena de “El Mayo” no clausura el expediente del Cártel de Sinaloa. Por el contrario.
Lo convierte en un precedente histórico que fortalece futuras investigaciones patrimoniales, financieras y de corrupción en ambos lados de la frontera.
Durante años, Ismael Zambada fue descrito como el narcotraficante intocable, que siempre se manejó en las sombras, con el poder para comprar autoridades que lo protegieran para nunca presentarse frente a un juez. Hoy pasa a la historia como el hombre cuya propia declaración de culpabilidad terminó por consolidar jurídicamente la narrativa con la que Estados Unidos pretende desmontar el imperio criminal que ayudó a construir.
La última batalla de “El Mayo”
A pesar de la sentencia a cadena perpetua y la idea de que Ismael Zambada es un hombre que ya lo perdió todo, no es así; aún tiene la esperanza de tener acceso al sistema penitenciario menos duro con la posibilidad de tener acceso a servicios médicos de buena calidad y es posible que se busque ciertos beneficios para su familia.
El abogado de “El Mayo”, Frank Pérez, señaló que su estrategia no fue el evitar la prisión de por vida.
Zambada ya se declaró culpable de los cargos y reconoce que la ley estadounidense le impondrá una sentencia obligatoria de cadena perpetua.
Una de las líneas argumentativas de la defensa más importantes es la edad y la salud del sentenciado. “El Mayo” tiene 76 años y la defensa señala múltiples padecimientos progresivos que requerirán atención médica permanente. Por ello solicita que el juez recomiende al Buró Federal de Prisiones enviarlo a un penal con buenas instalaciones médicas.
En este sentido hay tres que son bien vistas por la defensa de Zambada, las prisiones de FMC Butner, FMC Rochester y MCFP Springfield.
La defensa aclaró desde hace días que no pide una prisión de baja seguridad ni trato preferencial, sino un centro capaz de atender las necesidades médicas del líder criminal mexicano.
Un segundo punto es que en la confesión de Zambada, se reconoce el daño causado por el Cártel de Sinaloa durante décadas a los Estados Unidos, México y otros países.
Uno de los elementos más relevantes del documento presentado por Frank Pérez, es que la defensa incorpora una declaración atribuida a Zambada ante el oficial de libertad condicional:
“Reconozco el grave daño que las drogas ilegales han causado a la gente de Estados Unidos, México y otros lugares. También reconozco el costo humano de la violencia y la ilegalidad en la que participó mi organización. Asumo responsabilidad por mi papel en todo ello”.
La defensa utiliza esa admisión para diferenciarlo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, argumentando que Zambada eligió declararse culpable y evitar un juicio histórico.
Por primera vez desde su captura, la defensa coloca a Zambada aceptando públicamente responsabilidad por décadas de actividad criminal, aunque intenta separar esa responsabilidad de otros aspectos de su vida personal.
Su gran apuesta jurídica ante la Corte Este de Nueva York y la opinión pública: Compararse con “El Chapo”
El documento dedica un apartado completo a la comparación con Joaquín “El Chapo” Guzmán. La defensa reconoce que ambos estuvieron en la cúspide del Cártel de Sinaloa y que sus niveles de responsabilidad criminal son prácticamente equiparables.
La defensa busca que el juez vea una diferencia de conducta posterior al arresto, aunque admite que ambos recibirán la misma pena.
La frase clave del documento es que sería “contradictorio” que el sistema estadounidense incentive la cooperación y luego trate igual a quien acepta responsabilidad que a quien pelea hasta el final.
El argumento central es:
“El Chapo” fue a juicio. Se necesito de más de 30 testigos colaboradores. El juicio de “El Chapo” costó varios millones de dólares y generó enormes medidas de seguridad.
Zambada aceptó declararse culpable. El Gobierno de Estados Unidos se ahorró varios millones de dólares en el proceso judicial. El Sistema Judicial de los Estados Unidos se ahorró años en dicho proceso.
Pero no quiere caer solo. Quiere hundir a quienes lo traicionaron
El dato político más delicado en este caso es: su secuestro y la reunión con políticos de Sinaloa.
Uno de los pasajes con mayor potencial está en la descripción de su captura.
La defensa sostiene que Zambada fue llevado a Estados Unidos contra su voluntad el 25 de julio de 2024, después de ser engañado con una supuesta reunión para mediar conflictos entre políticos locales de Sinaloa.
El documento afirma que fue golpeado, amarrado, privado de su libertad y trasladado a una aeronave por Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”.
Este punto es relevante porque vuelve a colocar sobre la mesa una pregunta que ha generado enorme interés en México:
¿Quiénes eran los actores políticos de Sinaloa involucrados en esa supuesta reunión y qué información tiene Estados Unidos sobre ese episodio?
La defensa menciona la existencia de esa reunión como contexto, pero no revela nombres en el documento presentado a la Corte del Distrito Este de Nueva York de cómplices o personajes que de una u otra forma apoyaran al Cártel y sean cómplices.
Sin embargo y a pesar de que oficialmente no se sabe que Zambada diera algún nombre en específico al Departamento de Justicia estadounidense, la acusación formal por parte de la Fiscalía de Estados Unidos en contra Rubén Rocha Moya y nueve personajes más de Sinaloa, evidencia que “El Mayo” ya les señaló a las autoridades de ese país la ruta que deben de seguir.
Una vez que el tema de “El Mayo” Zambada ha concluido en el proceso del juicio y su sentencia, la Fuerza de Tarea designada por el presidente Donald Trump a través del Departamento de Justicia, para traer a Rocha Moya ante los tribunales que lo requieren tienen una fecha límite.
Trump no permitirá que la entrega, arresto, expulsión o extracción de Rubén Rocha Moya, tarde más tiempo.
Los fiscales encargados del caso tienen un límite de menos de doce semanas, antes de que se realicen las elecciones en los Estados Unidos.
Para ello, Trump, la DEA, el FBI y la CIA, además del propio departamento de investigación criminal del Departamento de Justicia, y la Fuerza de Tarea designada, se alistan en cinco vías diferentes para lograr que México coopere en este caso.
Los expedientes de los principales capos capturados en Estados Unidos ya fueron presentados este año al Gran Jurado que determinó acusar a Rocha Moya y de los cuales ya tiene amplio conocimiento la jueza Katherine Polk Failla.
Quiere ser visto de forma diferente
El mensaje político-jurídico del documento presentado por su defensa señala que más allá de la sentencia, se intenta construir una imagen específica: “No busca presentar a Zambada como inocente”, sino como un hombre que acepta su condena; no busca desafiar al sistema estadounidense; evitó juicios costosos y que merece una clasificación penitenciaria distinta.
De acuerdo a especialistas penales, es una estrategia clásica de mitigación de sentencia, pero en un caso extraordinario por la dimensión histórica del personaje.
