* Hoteleros y restauranteros temen un golpe directo a la industria
El gobierno de Quintana Roo abrió un fuerte debate al plantear un nuevo derecho que deberán pagar todos los turistas internacionales a partir de 2026. Este cobro sustituirá los 525 pesos que hoy se aplican en las terminales aéreas, un mecanismo que muchos visitantes consideran poco transparente y que genera confusión y mala imagen al destino.
La propuesta surge de la administración de Mara Lezama, primera mujer en gobernar el estado y una de las mandatarias mejor evaluadas del país según diversas encuestas. Su planteamiento es que los propios negocios turísticos se conviertan en recaudadores. En una habitación de ocupación doble el monto sería de 1,050 pesos y deberá acreditarse en hoteles, restaurantes, clubes de playa, servicios de tours, transporte y arrendadoras de autos.
La noticia generó de inmediato inquietud entre quienes prestan servicios turísticos. Propietarios de pequeños hoteles en Cancún comentan que “el visitante ya siente que paga suficiente” y que un cargo adicional puede convertir una estancia cómoda en una experiencia tensa. Restauranteros en Playa del Carmen temen que sus empleados terminen dando explicaciones que no les corresponden. Guías de turistas dicen que muchos viajeros se sorprenden incluso por cobros menores y que esto podría provocar discusiones y retrasos en los servicios.
Aunque el gobierno insiste en que el nuevo derecho solo reemplaza el cobro de 525 pesos del aeropuerto, la inquietud crece porque ahora el visitante tendrá que pagarlo dentro de cada negocio que utilice. Y algunos advierten que el impacto será mayor en destinos donde la percepción de precios ya es elevada. En Tulum, prestadores de servicios independientes señalan que “el destino ya se percibe caro” y que este ajuste pondrá a prueba la disposición del turista para gastar.
Algunos operadores turísticos señalan que será difícil vender un destino que resulta cada vez más caro, especialmente cuando no es predecible la carga de derechos, cuotas e impuestos que el visitante deberá pagar de un año a otro. Como ejemplo, la entrada para extranjeros a la zona arqueológica de Tulum pasará de aproximadamente 100 pesos a alrededor de 210 pesos en 2026, un aumento superior al 100 por ciento.
Para algunos, esta combinación de incrementos podría traducirse en menos turistas internacionales en 2026. Un prestador de servicios dentro del Parque del Jaguar en Tulum lo expresa con frustración: “Este fue un mal año, lleno pero de sargazo. Con esto vamos de mal en peor. Esto va a sepultar a Tulum”. Su comentario refleja un temor creciente entre quienes dependen de la afluencia diaria de visitantes.
El anuncio aparece dos años después de que el impuesto al hospedaje aumentó del 3 por ciento al 5 por ciento en 2023. Administradores de hoteles aseguran que ese incremento ya los había obligado a ajustar precios, y con este nuevo derecho temen perder competitividad frente a otros destinos que buscan atraer viajeros con cargas fiscales más ligeras.
Operadores que organizan excursiones y experiencias locales comentan que, incluso antes de estar vigente, el posible nuevo cobro ya está generando inquietud entre quienes planean viajar en 2026. Muchos preguntan si habrá cargos sorpresa, cómo se verificará el pago y qué pasará si un negocio exige comprobantes que el visitante no entiende o no tiene a la mano.
El ambiente se complica. La propuesta aún se discute como parte de la Ley de Ingresos para 2026, pero quienes trabajan en el sector advierten que, si finalmente se impone tal como está planteada, el impacto no se quedará en los turistas. Se sentirá en quienes viven del turismo, en sus ingresos, en sus temporadas y en su capacidad para sostener empleos en un destino que cada vez compite con regiones más baratas y más estables en sus reglas.
