* Sinaloa: Sin Rocha Moya, todo sigue igual
Le salió caro el atrevimiento del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de pretender regresar al gobierno estatal sin avisar ni mucho menos consultarle a la presidenta Claudia Sheinbaum. No se sabe si su decisión fue personal o recibió órdenes del expresidente Andrés Manuel López Obrador, su socio y cómplice político. Su extralimitación suena a descaro, pues Rocha Moya, así como el senador Enrique Inzunza –que el jueves 26 se separó de la bancada de MORENA en el Senado –, y otros exfuncionarios sinaloenses son solicitados por Estados Unidos en extradición. Se les acusa de estar ligados al grupo criminal de “los Chapitos”, tráfico de drogas como cocaína, heroína, armas y lavado de dinero. Pese a todo este voluminoso expediente, Rocha Moya hizo como si no pasara nada y buscó regresar a la silla gubernamental. Para que MORENA limpie este estercolero protegido desde Palenque por el expresidente Andrés Manuel López Obrador debe haber una purga profunda, aplicar la ley –no violarla –y entregar a los criminales al país que los demanda. La impunidad sólo desata mayor criminalidad. Y el mejor ejemplo es Sinaloa: a pesar de que el Gobierno Federal envió tres mil 300 elementos de las Fuerzas Federales para frenar la violencia, ésta se mantiene igual, tan igual, como en los tiempos aciagos de Rubén Rocha Moya como gobernador.
Y Rubén Rocha Moya quiso regresar al poder como si nada debiera ni temiera.
Considerado por Estados Unidos como un narcogobernador con licencia –se le investiga tanto en México como en Estados Unidos por sus nexos con el cártel de Sinaloa, tráfico de armas, drogas y lavado de dinero –el gobernador con licencia debería no sólo ser expulsado del partido MORENA, donde ya es indeseable, sino detenido y encarcelado con fines de extradición, tal y como lo solicitaron las autoridades estadunidenses hace poco más de tres meses. Pero sigue bajo protección oficial. Temen que hable y exhiba los negocios del expresidente López Obrador y de una cauda de al menos doscientos políticos morenistas que llegaron al poder y hoy son investigados por sus ligas criminales y enriquecimiento ilícito a través de negocios como el huachicol fiscal.
Presuntamente, la Comisión de Honor y Justicia analiza la posible expulsión de Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza –quien sigue cobrando salario como senador sin trabajar, pues lleva más de cien días ausente – y de otros personajes que forman parte de la lista de criminales armada en Washington.
Sin embargo, la expulsión de Rocha Moya de su partido es un tema que invita más al escándalo que a llevar a cabo un acto de justicia, de acuerdo con fuentes consultadas al interior de ese partido. Lo importante y de fondo –sostienen – “es capturarlo y entregarlo a las autoridades de Estados Unidos para que enfrente los cargos que pesan en su contra”.
La semana pasada, al vencerse la licencia temporal que solicitó para ser “investigado” por la Fiscalía General de la República (FGR) por sus ligas con el narcotráfico, Rocha Moya apareció en Culiacán con el objetivo de regresar al poder. Lo hizo después de más de cien días de estar escondido. Sobre su paradero circularon varias versiones: que estaba en su casa; que en un cuartel militar; que en la ciudad de México; que dentro de Palacio de Gobierno, en Culiacán…
Ese hecho, a todas luces un acto de descaro más que se error político, había colocado a la presidenta Claudia Sheinbaum en una posición débil, vulnerable que hizo pensar a muchos mexicanos que Rocha Moya atendía las órdenes de su jefe y creador político: Andrés Manuel López Obrador, quien desde Palenque o la Ciudad de México le habría ordenado que regresara a su cargo como gobernador, como si no pasara nada.
La presidenta, aparentemente, no se daba cuenta de esa suerte de madruguete o albazo político, pero justo a tiempo movilizó a sus bases: diputados, senadores, y miembros activos de MORENA reprobaron el acto de Rocha Moya, que sin consultarle absolutamente nada a Sheinbaum iba directo a retomar la silla gubernamental. El descaro vil, pues.
Cuentan quienes saben más detalles de este caso que el viernes pasado Rocha Moya “se dio cuenta de su error”, político y personal, y rectificó al solicitar, el sábado, licencia indefinida.
Y así fue que el Congreso, posteriormente, sesionó para nombrar a la gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava –excolaboradora de Rocha Moya –como nueva mandataria de esa entidad en crisis de seguridad a pesar de que cuenta con la presencia de más de tres mil elementos de las Fuerzas Federales. Y ni así se puede frenar la violencia criminal.
El fin de semana pasado los comentarios sobre este caso versaban respecto de la confrontación política entre López Obrador y Claudia Sheinbaum; algunos medios y analistas llegaron a decir que había dos presidentes en México y que ambos estaban disputándose el control político y económico del país.
El estado de Sinaloa, en efecto, vive una crisis de seguridad de dimensiones no esperadas, desatada tras la extracción del capo Ismael “El Mayo” Zambada, el 25 de julio de 2025, cuando fue secuestrado en la finca Huertos del Pedregal, en Culiacán, por hombres armados al servicio de Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo” Guzmán, quien ordenó maniatarlo para luego llevarlo a un avión que esperaba en una pista clandestina, cerca del lugar del secuestro, al que también se trepó Guzmán López. Ambos terminaron aterrizando en Nuevo México, donde autoridades estadunidenses los detuvieron.
En el lugar de los hechos fueron ejecutados Melesio Cuén, exrector y diputado local, así como cuatro escoltas que ese día acompañaron a “El Mayo” Zabada. Luego, la Fiscalía sinaloense inventó la historia de que Cuén había sido asesinado, como consecuencia de un intento de asalto, en una céntrica gasolinera de Culiacán. Y lo más grave fue que la fiscal, Bruna Quiñonez Estrada –hasta ahora libre e impune — ordenó que el cuerpo de Melesio Cuén fuera incinerado con urgencia, lo que se hizo.
Lo que también se ha pasado por alto es que el propio Rubén Rocha Moya fue el que coordinó la reunión en la finca Huertos del Pedregal. Lo hizo a petición expresa de la facción de “Los Chapitos”, de acuerdo con tres audios que José Luis Montenegro y un servidor publicamos en el libro “La Cuarta Transformación del Crimen Organizado (Inefable 2025), en la que se escucha a varios gatilleros decir que ya está todo listo para “lo del día 25”.
Desde antes del secuestro de “El Mayo”, Rubén Rocha Moya y sus principales colaboradores ya estaban siendo investigados por el gobierno de Estados Unidos por sus ligas con el cártel de Sinaloa, protección para la producción de fentanilo, tráfico de armas, lavado de dinero, entre otros delitos que están vigentes en distintas cortes norteamericanas.
Por ello es importante resaltar que lo de menos es la expulsión de Rocha Moya y socios del partido MORENA. Si realmente ese partido y sus miembros quieren limpiar la casa deben capturar y entregar a Rocha Moya, Inzunza y el resto de los exfuncionarios solicitados en extradición por Estados Unidos.
Se trata de cumplir con la ley y hacer justicia, no de proteger a criminales; tampoco es un tema de soberanía, es un asunto de legalidad: hay delitos que se persiguen desde Estados Unidos y los responsables deben pagar por sus actos, no encubrirlos.
Ese es precisamente el punto más crítico para la presidenta Claudia Sheinbaum: encubrir, presuntamente, a una mafia de Estado, a un grupo criminal que llegó con López Obrador al poder y que quiere seguir manteniendo privilegios, entre otros, la impunidad.
Siempre hemos sostenido en este espacio que la impunidad es el mejor asidero para la delincuencia. Justo ahí donde no se aplica la ley, donde el Estado está ausente, surge la criminalidad, la narcopolítica, el tráfico de drogas protegido por instituciones, el huachicol fiscal y el lavado de dinero.
Este último delito, por ejemplo, tiene una elevada impunidad en México, lo que convierte al territorio en un paraíso…fiscal. Sólo tres por ciento de las carpetas llegan a judicializarse, el resto se queda sin castigo. Así está la justicia en esta mafiocracia que, debe decirse, no llegó con MORENA al poder, pero se ha mantenido intocada.
El jueves 26, sin avisarle a la dirigencia de MORENA, el senador Enrique Inzunza le envió una carta al coordinador de los senadores de MORENA, Ignacio Mier, en la que le explica las razones por las que decidió separarse del grupo parlamentario y convertirse en senador independiente.
Esta decisión no cayó bien en el seno del partido en el poder. La presidenta de MORENA, Adriana Montiel, reprobó el hecho y dijo que “hubiera sido preferible que solicitara licencia y enfrentara las acusaciones” que arrastra tanto en México como en Estados Unidos por sus nexos con el crimen organizado.
–El senador Inzunza consultó a la dirigencia nacional para tomar esa decisión? –se le preguntó a Montiel.
–No –respondió a secas y visiblemente molesta. Y reiteró. “Hubiera sido mejor que solicitara licencia”.
La Comisión de Honor y Justicia de MORENA sesionará en breve para analizar la expulsión de Rocha Moya, Enrique Insunza y de otra decena de miembros de ese partido que están siendo investigados por vínculos con la delincuencia organizada.
