* «Pido justicia para mi y para todos los médicos residentes»
Quetzalli Carolina Vásquez/QUE Noticias
Xalapa, Ver., 30/08/2025.- Guadalupe López Martínez, originaria de Oaxaca, se graduó como médico y llegó al Centro de Alta Especialidad en Xalapa, Veracruz, a realizar su especialidad en estomatología. Su intención: atender a los pequeños con padecimientos como labio y paladar hendido, conocido comúnmente como labio leporino, y apoyarlos para que tengan una mejor calidad de vida; a pesar de ser una alumna de excelencia, la certificación de su especialidad está en riesgo por denunciar violencia, acoso y agresiones de personal médico.
Este es uno más de los casos documentados en México, donde médicos residentes violentados por sus profesores han llegado incluso a quitarse la vida «en mi caso opté por denunciar aunque las presiones ahora son peores » mencionó la médico.
Guadalupe López Martínez ha interpuesto quejas y denuncias penales contra funcionarios de SESVER y del CAE “Dr. Rafael Lucio”, además de haber documentado ante la Contraloría del Estado una relatoría de más de 70 páginas que detalla los actos de violencia, omisión, encubrimiento y simulación administrativa cometidos por al menos siete servidores públicos.
La doctora ha documentado una larga cadena de abusos desde el año 2022: hostigamiento laboral, discriminación, simulación de actos administrativos, represalias, despido durante licencia médica y omisión institucional, todo esto mientras cursaba su residencia médica en cirugía maxilofacial, una de las especialidades más exigentes del sistema nacional de salud.
Por lo anterior, denunció penalmente a su principal agresora, la doctora Zeyda M.O.H., profesora titular del servicio de Cirugía Maxilofacial del Centro de Alta Especialidad “Dr. Rafael Lucio”, quien enfrenta carpetas de investigación por acoso laboral, falsificación de documentos y otros delitos formando parte de la causa penal 299/2025.
Relata la médico que, en las guardias del CAE, los residentes son sometidos a diversas presiones: “Me tuvieron un mes sin salir del hospital; ahí me bañaba y medio comía, mi esposo me llevaba alimentos y ropa; no me permitían dormir más de 2 horas y a los residentes nos obligaban a pagar las cuentas de cenas de los doctores en jefe, a comprar insumos que necesitaba el hospital y había que aguantar o nos quedamos sin la certificación que requerimos para ejercer”.
Cuando la médico pidió frenar los castigos y exigió un trato digno para ella y sus compañeros, el acoso incrementó a tal grado que, tras ser sometida a una cirugía y pese a contar con una incapacidad, fue despedida del CAE; enseguida se quejó ante las instancias internas que, lejos de respaldarla, aseguraron que había causado baja por no aprobar exámenes y carecer de las competencias necesarias para desempeñar la especialidad.
Todos los señalamientos han sido refutados con pruebas, todas las instancias le han dado la razón y actualmente su caso se dirime en los juzgados, a donde la médico residente acudió el pasado martes para participar en una audiencia penal contra su agresora, quien pretende “reparar el daño”, pagando las consultas psicológicas de la médico violentada.
La doctora Guadalupe dejó clara su postura: no aceptará un acuerdo reparatorio, “No puede negociarse el hostigamiento sistemático, la falsificación de documentos y las represalias institucionales”, afirmó; sus padres, indígenas de habla zapoteca, hicieron un llamado a la próxima presidenta del Poder Judicial de Veracruz, Rosalba Hernández, para que se garantice la impartición de justicia, pues no se trata de una agresión individual, sino que el caso evidencia las fallas del sistema de salud pública en el estado y el país.
Las jornadas a las que fue sometida la doctora —que incluían salidas a las 3:00 a.m. y regresos al hospital a las 5:00 a.m., así como guardias de castigo sin descanso— han sido calificadas por organismos federales como violencia institucional y riesgo para la integridad física y psicológica de la profesional.
El caso no es aislado; en los últimos años, varios médicos residentes en México han perdido la vida a causa del agotamiento extremo y la presión laboral, en algunos casos por suicidio. Organizaciones médicas y activistas han denunciado que el sistema de residencias médicas en México opera bajo condiciones inhumanas, con jornadas que superan las 36 horas, castigos no regulados y represalias ante denuncias internas.
El caso de la médico Guadalupe López ha sido reconocido por la Dirección General de Calidad y Educación en Salud (DGCES), que ordenó su reinstalación y traslado a un nuevo hospital, mientras que la Secretaría de Salud Federal suspendió este 2025, el ingreso de médicos residentes a la especialidad en el Centro de Alta Especialidad de Xalapa, Veracruz, lo que afectará significativamente el número de cirugías realizadas en el hospital.
Guadalupe López, a través de su abogado Jesús Antonio Muñoz Hernández, exige que se inicien los procedimientos sancionadores contra los funcionarios involucrados, que se repare el daño causado no solo a ella, sino al sistema de formación médica y que se garantice que ningún médico residente en el CAE volverá a enfrentar este tipo de violencia sin consecuencias para los agresores.
“No estoy sola. Me acompaña mi familia, me acompaña la verdad y la convicción de que este caso puede marcar un precedente para muchos otros residentes que hoy callan por miedo». Con la voz entrecortada, la médico lamentó el nulo apoyo recibido por el gobierno de Veracruz, que tiene conocimiento de su caso, pero nada hace para resolverlo.
También denunció la presión psicológica que ejercen integrantes del Sindicato de Trabajadores de La Salud del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz (STSPEEV), quienes acompañan a la agresora a las audiencias, le gritan, se burlan y la retan cada vez que les es posible: “Tengo que lidiar no solo con las calumnias que han escalado a nivel nacional con especialista de mi área, sino también con las agresiones de los del sindicato que hoy están aquí en un día laboral y en horario laboral, pero a ellos nadie les dice algo”.
La audiencia de la médico Guadalupe López se reprogramó para el 18 de septiembre y espera que el juez que lleva la carpeta de investigación acepte iniciar con el juicio oral para que su agresora sea sancionada conforme lo establezcan las leyes.
