Mario Zepeda D V/ QUE Noticias
Coatzacoalcos, Ver., 16/11/2025.- A once años del asesinato del periodista Gregorio Jiménez de la Cruz —ocurrido en febrero de 2014—, la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), dictó auto de formal prisión contra Santos “V”, señalado como uno de los presuntos responsables del secuestro y homicidio del comunicador.
Gregorio Jiménez, conocido como Goyo, era reportero de Notisur, En la Red y El Liberal del Sur, y se especializaba en la cobertura de temas policíacos, su labor periodística lo llevó a documentar supuestas operaciones del crimen organizado en el bar El Palmar, ubicado en la comunidad de Villa Allende, donde también vivía.
El 5 de febrero de 2014 fue secuestrado y, seis días después, su cuerpo fue localizado en una fosa clandestina en el municipio de Las Choapas, un hecho conocido a nivel nacional e internacional que evidenció los altos riesgos que enfrentan los periodistas en Veracruz, uno de los estados más peligrosos para ejercer la profesión.
Según la FGR, los responsables habrían actuado en represalia por una nota periodística en la que el reportero relacionaba a los presuntos agresores con un ataque cometido con un arma punzocortante.
El auto de formal prisión contra Santos “V”, también conocido como “El Cucho”, representa un paso más en el proceso penal por uno de los crímenes contra la prensa más relevantes de las últimas décadas en la entidad.
La detención de Santos “V” constituye la tercera captura vinculada al caso; en 2023, las autoridades ya habían detenido a José Luis “C” y Josué “C”, igualmente señalados por su presunta participación en los hechos.
Pese a los avances, la FGR subrayó que la carpeta de investigación permanece abierta, con el objetivo de esclarecer totalmente el crimen y determinar la responsabilidad de todas las personas involucradas.
El caso de Gregorio Jiménez se ha convertido en un símbolo de la violencia contra la libertad de expresión en México y en un recordatorio de la deuda pendiente del Estado con la protección del gremio periodístico.
Según organizaciones de derechos humanos, su asesinato marcó un punto crítico en la evaluación de los mecanismos de protección y la actuación de las autoridades frente a ataques contra comunicadores.
La obtención del auto de formal prisión contra Santos “V” representa, según la FGR, un avance significativo, aunque se puede decir que, todavía insuficiente, para alcanzar justicia en un crimen que, más de una década después, sigue siendo un referente doloroso de la impunidad en los delitos contra periodistas.
