* Coahuila: Los costos políticos de MORENA
Ayer domingo 7, el PRI en Coahuila le asestó una paliza al partido oficial, MORENA, al ganarle las elecciones con carro completo. El hartazgo social se manifestó para frenar al partido oficial. Con esto el PRI consolida cien años ininterrumpidos en el poder en esa entidad, mientras MORENA empezó a pagar los costos políticos frente a sus excesos: Huachicol, corrupción, ligas con el crimen organizado, impunidad y otros graves problemas que heredó Andrés Manuel López Obrador y continúan en el actual gobierno, donde la mentira se ha convertido en parte de la retórica oficial en todos los territorios donde gobierna ese partido.
El domingo 7 se efectuaron elecciones en el estado de Coahuila, donde el PRI lleva cien años gobernando. Ayer el partido que gobernó México durante setenta años asestó un duro golpe a MORENA al colocarse como ganador con más de 50 por ciento de los votos. Es el primer revés que sufre el partido en el poder. Como es costumbre, MORENA cuando pierde alega fraude y ahora buscan llevar la elección a los tribunales porque, según su dirigencia, hubo compra de votos.
Este resultado –más allá de que se acredite el fraude — exhibe el rechazo social al partido fundado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, que enfrenta un torbellino de señalamientos dentro y fuera de México por sus presuntas conexiones con el crimen organizado, el huachicol fiscal, entre otros flagelos, que han dejado desfalcos fiscales alarmantes: 600 mil millones de pesos, de acuerdo con cifras oficiales; 750 mil millones, según los datos más alarmantes basados en las propias cuentas de Petróleos Mexicanos, donde diariamente se roban cien mil barriles diarios de petróleo. Donde los almacenan? Ese es un gran misterio. Nadie lo sabe.
Los escándalos que exhiben a gobernadores de MORENA por sus relaciones con el crimen y la corrupción institucional, así como la protección a grupos criminales que trafican con todo tipo de drogas incluyendo el letal fentanilo, ha causado un rechazo generalizado con contra de miembros del partido MORENA.
A esto se suman las presiones por las acusaciones e investigaciones del Departamento de Estado, de Justicia, DEA, FBI y CIA contra gobernadores a los que esas autoridades y agencias agencias ligan con el crimen organizado y a quienes presuntamente se les ha cancelado la Visa norteamericana.
Tal es el caso de Alfonso Durazo, exsecretario de Seguridad Pública Ciudadana con Andrés Manuel López Obrador y actual gobernador de Sonora; Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, ligado presuntamente con el cártel del Noreste, con redes de huachicol y otros delitos. Fue coordinador de la campaña de Rubén Rocha Moya. Éste último, como se sabe, ya fue solicitado por Estados Unidos, pero sigue protegido por el gobierno. En mayo último, Estados Unidos pidió a México su captura con fines de extradición junto con el senador Enrique Inzunza y ocho exfuncionarios más por estar relacionados con el cártel de Sinaloa en actividades de lavado de dinero, tráfico de cocaína, heroína, fentanilo y armas.
De la lista de diez exfuncionarios solicitados por Estados Unidos dos se entregaron a las autoridades norteamericanas. Se trata del General Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública y Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas del gobierno sinaloense.
Pero desde Estados Unidos se asegura que la lista es más grande: Incluiría a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, presuntamente por nexos con el crimen organizado, huachicol y otros delitos.
Mario Delgado, actual secretario de Educación Pública, quien arrastra el antecedente de haber operado el financiamiento de campañas de candidatos de MORENA con dinero del huachicol a través del llamado “Rey del Huachicol”, el difundo Sergio Carmona, asesinado en Nuevo León. Por cierto, el hermano de Carmona –Julio César Carmona –, así como su cuñada, Perla MacDonald, esposa de Sergio, se acogieron al programa de testigos colaboradores en Estados Unidos y están soltando mucha información sobre la red política y empresarial ligada a MORENA.
Larga es la lista de personajes que cuentan con expedientes en Estados Unidos y que podrían ser solicitados en extradición por ese país en los próximos meses o a más tardar a principios del año entrante. Es posible que algunos sean requeridos muy pronto, antes de que se celebren elecciones en Estados Unidos, en noviembre próximo.
Hasta ahora el gobierno de Claudia Sheinbaum no ha querido detener a los presuntos criminales pese a existir una solicitud de Estados Unidos; la mandataria se ha escudado en el argumento de la soberanía, un discurso por cierto ya muy desgastado, que no ha provocado más que rechazo social porque, en estricto sentido –según se le ha criticado –la soberanía no implica el cobijo a delincuentes.
A todo esto se sumó la carta que le envió el expresidente López Obrador a Donald Trump, interpretada como un gesto desesperado del exmandatario tabasqueño, cuyos hijos están bajo indagaciones en Estados Unidos. La carta, según fuentes consultadas en Washington, causó molestia en la Casa Blanca y no menos sorpresa por la intromisión del expresidente mexicano en asuntos que no le competen. Lo cierto es que López Obrador siente pasos en la azotea. Y aunque prometió retirarse de la vida pública, lo cierto es que sigue muy activo.
Todo este escenario se ha convertido en una bomba de tiempo. Sería muy complicado que MORENA llegara a la elección del 2027 con esta carga de problemas y presiones por las investigaciones contra sus gobernadores, el huachicol fiscal impune y toda una red de corrupción que sigue saqueando las arcas del país mediante negocios ilegales.
El panorama electoral del 2027 no se ve nada halagüeño para MORENA, menos si mantiene la protección institucional e impunidad para favorecer intereses criminales de decenas de personajes que tienen sus Visas canceladas, expedientes abiertos en Estados Unidos, solicitudes de capturas con fines de extradición que las autoridades se niegan a cumplir bajo el argumento de que en México dichos exfuncionarios ya son investigados por las autoridades federales.
Caso Roxana Guzmán: Seis días desaparecida
La periodista veracruzana, Roxana Guzmán, cumple seis días desaparecida. El pasado 2 de junio un comando armado –de esos que operan con total impunidad en Veracruz –la secuestró luego de irrumpir con violencia en su domicilio de Nanchital, Veracruz, al sur de esa entidad.
Ella dirigía el portal “Pulso Informativo”. De acuerdo con las investigaciones, la principal línea de investigación que siguen las autoridades en este caso no es su trabajo periodístico, pues no solía publicar temas relacionados con el crimen organizado. Todo apunta, según me dicen autoridades, a presuntas relaciones peligrosas que tuvo o tenía la comunicadora, aunque aún se desconoce si esos presuntos vínculos tienen que ver con criminales.
Más allá de esas hipótesis, lo cierto es que la reportera fue secuestrada con todo lujo de violencia, como si debiera una cuenta, como si hubiera pisado zonas sensibles del crimen.
En días pasados le expresé a la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, mi sentir sobre ese caso; le dije que Veracruz es un territorio donde la delincuencia opera con impunidad; también le expresé que desde hace varios meses no visito el estado debido a ese grave problema de inseguridad que prima en el estado.
Y lo que le dije es totalmente cierto: en lo personal ya es muy complicado recorrer el puerto de Veracruz, la capital Xalapa, ni se siga el norte y sur del estado, territorios de muerte, cementerios de periodistas, como lo documenté en 2016 en mi libro “Asesinato de Periodistas: Los Expedientes”, publicado por la editorial Grijalbo.
Desde entonces la violencia, amenazas y asesinato de periodistas no ha dejado de ser un tema perturbador en Veracruz.
Leí la columna de Pablo Jair Ortega, ampliamente conocido por su inclinación oficialista, en la que expone que sí he visitado el estado. Lo hice hace varios meses, hace un año cuando acudí a un evento de reporteros, el 7 de junio de 2023, y el 21 de noviembre de 2024 con ocasión de la presentación del libro “El Amo de Jalisco”: Un gobierno con estructura criminal, a invitación del Club de Periodistas.
Tengo pendiente las presentaciones de dos libros: La Cuarta Transformación del Crimen organizado, publicado por editorial Inefable en 2024; el libro lo escribí en coautoría con mi colega y amigo José Luis Montenegro.
En octubre de 2024 también publiqué “Fentanilo: La Era Diabolica de las Drogas Químicas (Editorial Trillas), una amplia radiografía sobre las redes que operan el trasiego de esa sustancia, la protección oficial, los laboratorios protegidos en Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Baja California, entre otros estados, donde el cártel de Los Chapitos producían esa droga letal luego de recibir los precursores químicos a través de los puertos mexicanos.
Estos libros no se han podido presentar en Veracruz precisamente porque no hay garantías de seguridad y porque, además, el debate obliga adentrarse al tema del fallido gobierno de Rocío Nahle.
Se conoce ampliamente en el gremio que ella no simpatiza con la prensa que cuestiona sus yerros y que con la mano en la cintura le gira órdenes a sus empleados de Comunicación Social del Congreso estatal para retirarle la publicidad a los medios que ella considera incómodos.
A esto se suma, por desgracia, el caso de la reportera Roxana Guzmán, fresco el golpe, reciente el impacto, incurable le herida a seis días de su secuestro. La gobernadora me comentó que la Fiscalía trabajaba conjuntamente con Fuerzas Federales para localizar a la periodista, lo que hasta ahora no ocurre.
La delincuencia, como lo mencioné líneas arriba, opera sin límites en el estado, como en Sinaloa, Tamaulipas y en los territorios gobernador por MORENA, pues eso precisamente fue parte del pacto para operar las elecciones.
Esta suerte de libertinaje del crimen –que incluye la protección policiaca y cuyos nexos llegan hasta la cúspide –es lo que convierte a Veracruz en un territorio vetado para el debate público sobre crimen organizado, corrupción y secuestro de periodistas.
Ante este escenario, ningún gobierno se salva, nadie está fuera del reflector, menos Rocío Nahle, cuyos antecedentes son ampliamente conocidos en el sur de Veracruz –donde ocurrió el plagio de la periodista –; también por sus fallas como secretaria de Energía con el proyecto Dos Bocas –un mega fraude en todos los sentidos –y como mandataria, pues mientras no frene la violencia no habrá gobernabilidad aunque ella diga lo contrario, pues si algo la ha caracterizado es su proclividad a la mentira casi a nivel patológico.
Los datos no mienten: Veracruz atraviesa por una crisis grave de desapariciones y ocupa uno de los primeros lugares a nivel nacional en delitos contra la libertad personal.
La problemática se agudiza por el accionar del crimen organizado, el riesgo extremo para periodistas y las constantes denuncias de los colectivos de búsqueda sobre la lentitud institucional.
En el sur de Veracruz, se han reportado alzas dráscticas de hasta más de 60 por ciento en los reportes de personas desaparecidas, principalmente mujeres. Los municipios con más registros incluyen Acayucan, Jáltipan, Cosoleacaque, Minatitlán y Coatzacoalcos.
Existen registros de más de 30 mil restos humanos encontrados en decenas de municipios veracruzanos, lo que demuestra una práctica recurrente desde hace más de una década. El problema prevalece, por desgracia, ahora que una mujer gobierna en Veracruz.
Frente a todo este flagelo aterrador, no puedo visitar mi tierra. Veracruz, sí, está de moda, pero en delincuencia organizada impune, mentiras oficiales y secuestro de reporteros.
